El ‘caso Innova’ explicado pieza a pieza

A lo largo de tres años de investigaciones, las investigaciones sobre el grupo municipal de empresas de Reus, Innova, han ido implicando a un número creciente de instituciones y personas. Tras la operación de la Guardia Civil del pasado 28 de mayo, y a pesar de que gran parte del sumario sigue bajo secreto, la cifra de imputados ya supera ampliamente los 50. La caótica gestión de Innova ha obligado al juez instructor, Diego Álvarez de Juan, a dividir el sumario en una decena de piezas separadas para facilitar el avance de las pesquisas. La complejidad del caso, sin embargo, hace que varias de ellas estén estrechamente relacionadas, con implicados y hechos investigados que a menudo se solapan. La que sigue es una guía básica para no perderse en el caso.

Pieza principal. Josep Prat, exdirector de Innova, pagó entre 2007 y 2011 más de 720.000 euros a Carles Manté por trabajos de “consultoría estratégica” que supuestamente nunca se hicieron. Manté fue contratado por Innova poco después de abandonar la dirección del CatSalut, en diciembre de 2007, y creó la empresa CCM Estratègies i Salut para recibir los cobros. Los investigadores creen que estos pagos no se corresponden a trabajos realmente hechos.

Tras la publicación del caso por EL PAÍS, la CUP de Reus llevó los pagos a la Fiscalía y el partido Ara Reus al juez de guardia, por lo que las investigaciones recayeron en el Juzgado de Intrucción 3 de la ciudad. Dos días después, el alcalde, Carles Pellicer (CiU), decidió también llevar el caso a la Fiscalía.

Las investigaciones han revelado que la adjudicación está plagada de irregularidades: fue hecha a dedo y los primeros contratos ni siquiera fueron renovados pese a que Manté seguía percibiendo 13.000 euros mensuales. Además, los dos acusados falsearon documentos tras el arranque de las investigaciones para tratar de justificar los cobros. 

Por todo ello, Prat y Manté están imputados por los delitos de malversación, estafa, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas con funcionarios, blanqueo y contra la hacienda pública. En esta pieza también están imputados el exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez (PSC), y Ester Ventura, exdirectora financiera de Innova y esposa del presidente de la Diputación de Tarragona, Josep Poblet (CiU).

Las investigaciones en esta pieza también se han extendido a las cuentas de la empresa de Manté, CCM Estratègies i Salut. Un informe de la Agencia Tributaria ha acreditado que el exdirector del CatSalut falseó las cuentas de la sociedad para hacer pagos irregulares a cuatro familiares, rehabilitar una masía en el Empordà y financiar gastos personales. CCM, por ejemplo, camufló los gastos en una empresa de yates como un “estudio de mercado” y obras en la masía como un “Estudio de modelos tipo de construcción de centros de asistencia primaria y tutelado”.

La contratación de Manté por Innova tiene un vínculo político: según declaró Prat ante el juez, fue la exconsejera de Salud, Marina Geli (PSC), la que le indicó que contratara los servicios de Manté en Innova.

Presumiblemente en el seno de esta pieza (buena parte de ella sigue bajo secreto) el juez también investiga si la Generalitat ha pagado con fondos públicos la defensa de Prat. Esta sospecha arrancó tras conocerse varios correos electrónicos en los que su abogado reclamaba al consejero Boi Ruiz el pago de servicios privados a Prat.

Pieza separada 1: Shirota. Esta sociedad era una empresa dedicada a la investigación nutricional fundada en 2007 y presidida por Carles Manté. El capital era mixto público y privado: la empresa La Morella Nuts tenía el 48% del capital, Innova el 40%, la sociedad también mixta Tecnoparc Reus el 8%, la Universidad Rovira i Virgili (URV) el 2% y el hospital municipal Sant Joan de Reus (también de Innova) otro 2%.

Pese a estar en minoría en el capital, el Ayuntamiento de Reus asumió todos los riesgos de la compañía mediante un aval de tres millones de euros, que el municipio acabó perdiendo.

El juez del caso ha imputado a Lluís Miquel Pérez y a los otros 13 concejales que votaron a favor del aval (de PSC, ERC e ICV) por los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y un delito societario. Carles Manté, Ester Ventura y otros cargos de Innova también están imputados en esta pieza.

Tras la llegada de Carles Pellicer a la alcaldía de Reus, en 2011, y ante la insostenible situación financiera de Shirota, el Ayuntamiento de Reus optó por dejarla caer. El proceso de liquidación tampoco se salvó de las irregularidades y por ello el juez extendió las imputaciones a la primera teniente de alcalde, Teresa Gomis (CiU); al exrector de la URV, Lluís Arola; al expresidente de La Morella Nuts, Joaquim Maria Barriach; y al exsecretario de Shirota, Xavier Gómez. El juez les imputa los delitos de falsedad documental, insolvencia punible y prevaricación.La mayor parte de esta pieza sigue bajo secreto de sumario.

En paralelo, el juzgado mercantil 1 de Tarragona pidió que 15 implicados, incluída Gomis, devuelvan a la sociedad un total de 2,4 millones de euros debido a supuesta su mala gestión. También pidió su inhabilitación.

Pieza separada 2. Batesteza en Reus. El arquitecto Jorge Batesteza fue gerente de Infraestructuras del CatSalut hasta mayo de 2007. Poco después fue contratado por Innova para supervisar las obras de construcción del nuevo hospital Sant Joan.

La investigación considera que con ello Innova pretendía aprovecharse de la información y relaciones privilegiadas que Batesteza tenía con el Departamento de Salut. Además, la contratación de BBATS (la empresa del arquitecto) está plagada de irregularidades: se hizo a dedo y muchos trabajos no están justificados, entre otros asuntos.

Batesteza, que llegó a ser detenido y recibió de Innova 387.000 euros, está imputado en esta pieza por los delitos de blanqueo de capitales, delito societario, malversación de dinero público, prevaricación, delito contra la administración pública y estafa. Josep Prat, Ester Ventura, Lluís Miquel Pérez y otros responsables de Innova también han sido imputados en esta pieza.

El caso se complicó aún más al contratar Innova para supervisar las obras a la empresa Euroconsult, que a su vez contrató a Batesteza. El juez del caso ha definido esta situación de “esquizofrenia contractual” ya que de esta forma Batesteza fue “contratado para supervisarse a sí mismo”.

Por esta pieza han sido imputados directivos de Euroconsult y el juez ha impuesto una fianza civil de 1,5 millones de euros a Prat, Batesteza y Ventura. El secreto de sumario sobre buena parte de esta pieza ya ha sido levantado.

Estas investigaciones han generado tensiones entre el juzgado y el CatSalut. El juez Álvarez de Juan ha tenido que exigir en más de una ocasión al director del CatSalut, Josep Maria Padrosa, información que no le ha sido facilitada.

Piezas separadas 3 y 4. Hospital de Reus y Sagessa. Estas dos piezas, aún bajo secreto de sumario, han dado lugar a confusión porque sólo se conocen los registros y detenciones ordenados, pero no los detalles que permitan conocer el contenido de las investigaciones y hasta dónde llega una y empieza la otra.

El primer hecho conocido fue el registro de la clínica MQ Reus, propiedad de Sagessa (la filial sanitaria de Innova) por presunto fraude fiscal. Lo siguiente fue la detención, el pasado 28 de mayo, de Teresa Gomis, seis altos cargos de Sagessa y dos empresarios. Los detenidos están acusados de los delitos de cohecho, malversación, blanqueo, prevaricación y falsedad documental. Dos semanas después del operativo, el 13 de mayo, el juez imputó por los mismos delitos al concejal de Promoción Económica de Reus, Marc Arza.

El juez investiga las "presiones" que Teresa Gomis y Marc Arza supuestamente realizaron sobre médicos del hospital Sant Joan para que compraran prótesis ortopédicas de la empresa Traiber, propiedad del empresario Luis Márquez. Estas prótesis eran de "baja calidad" e incluso se vendieron "caducadas". Las investigaciones también buscan aclarar el destino de 2,4 millones de euros que desaparecen al cruzar los datos fiscales del hospital y de Traiber del año 2007. Según el centro, ese año gastó 2,9 millones en compras a la empresa, mientras esta solo admite 518.000 euros facturados. La implicación de la compañía ha extendido el caso Innova a un nuevo municipio de la zona: Les Borges del Camp. El concejal de Salud de la localidad, Eduard Correcher (CiU), era el director financiero de Traiber cuando las presiones de Gomis para favorecerla tuvieron lugar.

Las investigaciones han destapado la magnitud de la alerta sanitaria lanzada el pasado noviembre por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) sobre los productos de Traiber. La empresa comercializó al menos durante 2004 cientos de productos sin licencia, con los certificados falsificados e incluso piezas que eran muestras y no estaban destinadas a ser aplicadas en personas. La alerta ha obligado a poner bajo vigilancia a casi 6.000 personas en toda España.

Esta pieza también deberá aclarar el coste de las obras de construcción del hospital (las cifras ofrecidas hasta la fecha oscilan de 130 a 180 millones de euros) y el cúmulo de adjudicaciones a dedo, contratos irregulares, facturas falsas y sobresueldos que han descubierto los investigadores. Los contratos bajo sospecha ascienden a decenas de millones de euros. El hospital Sant Joan de Reus está sobredimensionado y desde su inauguración buena parte de sus instalaciones permanecen cerradas. Los investigadores sospechan que Prat hinchó contratos y adjudicaciones de esta y otras piezas.

El juez ha extendido las investigaciones sobre esta pieza desde Reus a otros municipios de la provincia de Tarragona como Amposta. El alcalde de esta localidad, Manel Ferré (CiU) también preside el hospital de la localidad en el que han sido encontrados contratos fraudulentos por 4,1 millones de euros, otras fundaciones investigadas como Fussmont y el Consorcio Social y de Salud de Cataluña. Este ente público, del que es director general el también imputado José Augusto García Navarro, gestiona una veintena de centros sanitarios en toda Cataluña. El Tribunal de Cuentas ha remitido a la Fiscalía irregularidades halladas en Amposta.

Pieza separada 5. Las incompatibilidades Prat. Esta pieza, aún bajo secreto de sumario, investiga el cúmulo de cargos que Josep Prat atesoraba antes de que estallara el caso Innova. Prat era director general del holding de empresas municipales de Reus y vicepresidente del grupo sanitario privado USP. Además, tras la llegada a la presidencia de la Generalitat de CiU, a finales de 2010, el presidente de Artur Mas le incorporó a su consejo asesor en materia sanitaria y Boi Ruiz le nombró Presidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS). El consejero ha calificado el trabajo de Prat al frente del ICS de "extraordinario".

La primera denuncia del ‘caso Innova’ fue precisamente por este motivo ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. La hizo la CUP de Reus a principios de 2012. Posteriormente, el caso fue incorporado al sumario que lleva el Juzgado de Instrucción 3 de Reus.

Pieza separada 6. Coacciones a Carles Pellicer y Teresa Gomis. La detención y registro de Josep Prat y Carles Manté, en febrero de 2013, puso en manos de los investigadores gran cantidad de documentación sobre Innova y otros hechos de la sanidad pública catalana.

En el domicilio del segundo, la Guardia Civil halló una carpeta con papeles manuscritos en los que el exdirector del CatSalut trazaba una estrategia para conseguir que el Ayuntamiento de Reus le protegiera. En el documento figuran expresiones como “carnaza contra el alcalde”, “Alcalde hacer bajar el soufflé. Abrir expediente informativo” y “Preparado documento contra Teresa y Alcalde”.

Según un atestado de la Guardia Civil, el documento “parece [tener] una presunta capacidad de intimidación, con objeto de conseguir el silencio [de Pellicer y Gomis]". "Tales comportamientos supuestamente delictivos pudieran haber producido ya alteraciones en pruebas como destrucciones de evidencias documentales, modificación de declaraciones testificales”, sigue el atestado.

Con el paso del tiempo, sin embargo, esta pieza parece haber quedado con poco recorrido.

Pieza separada 7. Ambulancias. El registro en casa de Josep Prat también puso en manos de los investigadores varios documentos sobre el gran concurso de ambulancias que entonces estaba en preparación. En ellos se ven los contactos que Prat mantenía con varios empresarios del sector.

Entre ellos destaca el mantenido con el dueño de la empresa Ambulancias Baix Ebre, Bernardo Coslado, que pagaba 5.000 euros mensuales a Prat por supuestos trabajos de asesoría. Prat medió entre Coslado y Boi Ruiz y llegó a concertar una entrevista entre ellos.

Prat recibía el dinero a través de una sociedad, Wanplais, en la que también figuraban como administradores sus cuatro hijos. Prat está imputado en esta pieza por cohecho, tráfico de influencias, alteración de precios de concursos públicos además de blanqueo de capitales, mientras sus hijos lo están por blanqueo y falsedad documental.

Coslado, por su parte, fue detenido y está acusado de cohecho, tráfico de influencias y delito societario. La investigación ha comprobado que Ambulancias Baix Ebre acaparaba contratos en las Tierras del Ebro en hospitales y municipios como el de Amposta, con adjudicaciones a dedo, facturas hinchadas y cobros injustificados por varios cientos de miles de euros.

Esta pieza también ha salpicado a altos cargos de la Generalitat, como Josep Maria Padrosa y el consejero Boi Ruiz, por su papel en la preparación del concurso de ambulancias, recientemente adjudicado con la mayor dotación económica de la historia: más de 2.000 millones de euros. La Guardia Civil considera que Boi Ruiz llegó a jugar el papel de “mediador” con empresas del sector. Un atestado destaca que “la intervención de servidores públicos” en estas maniobras “pondrían en entredicho los principios de independencia, neutralidad e imparcialidad que deben regir el funcionamiento de la Administración. Buena parte de esta pieza ya ha sido hecha pública.

Pieza separada 8. La imputación de Josep Poblet. Batesteza fue contratado por el Ayuntamiento de Vila-seca para supervisar, de forma parecida a la que describe la pieza separada 2 en Reus, la construcción de un centro sanitario en la localidad financiado por el CatSalut.

El procedimiento también estuvo plagado de irregularidades y la investigación considera que el arquitecto cobró por trabajos que en realidad ya estaban hechos. El objetivo último era, según el sumario, aprovecharse de los contactos de Batesteza en el CatSalut para agilizar los trámites del equipamiento. En paralelo, durante la liquidación de las obras Batesteza cobró 177.000 euros de la constructora Comsa, responsable de las obras.El juez Álvarez de Juan imputó a Batesteza por cinco delitos, entre ellos malversación y blanqueo de capitales.

También el alcalde de la localidad y presidente de la Diputación de Tarragona, Josep Poblet (CiU), y otros seis concejales de la federación están imputados por prevaricación, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, falsedad documental, omisión del deber de perseguir delitos y tráfico de influencias.

El juez impuso a Poblet una fianza de 280.000 euros. La estrategia de la defensa fue desde el primer momento tratar de desgajar esta pieza separada para alejar a Poblet del conjunto de caso Innova. Tras un recurso ante la Audiencia de Tarragona, esta admitió que el juzgado de Reus no era competente para investigar a Poblet por cuestiones territoriales. El caso sigue su curso en un juzgado de Tarragona, con Poblet y el resto de concejales imputados por los mismos delitos.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha mostrado en todo momento su apoyo a Josep Poblet.

Otras investigaciones. El Juzgado de Instrucción 3 de Reus tiene abierta al menos otra pieza separada por el caso Innova cuyo contenido aún no ha sido hecho público al permanecer bajo secreto de sumario.