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Una adjudicataria de TV-3 pagó a las esposas de Oriol Pujol y David Madí

Hacienda sospecha que la productora de 'El gran dictat' abonó trabajos fraudulentos

De izquierda a derecha: Oriol Pujol, David Madí y Francesc Homs
De izquierda a derecha: Oriol Pujol, David Madí y Francesc Homs

El caso ITV, en el que permanece imputado el exdiputado de CiU Oriol Pujol, es una caja de sorpresas. La Agencia Tributaria ha revelado, en un nuevo informe aportado a la juez, que un exgerente de la televisión catalana y empresario audiovisual pagó elevadas sumas de dinero, presuntamente sin justificar, a las esposas de Pujol y de otro ex alto cargo nacionalista, David Madí, que fue secretario de Comunicación con el último gobierno de Jordi Pujol y estrecho colaborador de Artur Mas hasta 2010, cuando éste alcanzó la presidencia de la Generalitat.

El informe de Hacienda, al que ha tenido acceso EL PAÍS, destaca los “presuntos ingresos irregulares” que obtuvieron las mujeres de Pujol y Madí a través de Oriol Carbó Seriñana en 2008 y 2009, y que ascienden a casi 200.000 euros. Carbó administra la empresa Triacom Audiovisual, que en esa época “obtenía la mayor parte de esos ingresos” de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, el ente que gestiona TV-3 y Catalunya Ràdio. Triacom logró, por ejemplo, la contratación del popular programa El gran dictat.

El informe sugiere que los pagos son comisiones ilegales de una productora

Hacienda cree que Carbó utilizó dos empresas de su propiedad (Inversions Ocs y Orieu) para pagar 105.560 euros a Anna Vidal, la esposa de Oriol Pujol, por trabajos que considera ficticios. La pareja ya está imputada en el caso ITV por haber recibido, precisamente, pagos de hasta medio millón de euros de un empresario, Sergi Alsina, que se lucró con tres grandes deslocalizaciones industriales (Sony, Yamaha, Sharp) gracias, supuestamente, a la influencia y consejos de Pujol.

La Agencia Tributaria sugiere que ese mismo mecanismo —pagar al diputado a través de la mujer— fue utilizado en el caso de Triacom. Los inspectores ponen en duda que Anna Vidal realizara, realmente, los trabajos por los que cobró ese dinero. Percibió, por ejemplo, más de 45.000 euros por un informe de apenas “28 páginas” sobre “asesoramiento fiscal y urbanístico”. El informe destaca una serie de “detalles” que dan a entender que “el trabajo aportado habría sido realizado por otra persona y en otra fecha”. Sobre otro de los supuestos encargos —un estudio de una inversión inmobiliaria en Bellver de la Cerdanya— Hacienda cree que Carbó conocía ya la existencia de esos terrenos porque una empresa de su hermano posee inmuebles en esa localidad.

Para redondear la investigación, los técnicos tomaron declaración a la única empleada de esas dos empresas y que resultó ser la esposa de David Madí, Sandra Buenvarón. Madí fue secretario de Comunicación y Estrategia de CiU en la época del tripartito (2003-2010) y diseñó la campaña electoral que aupó nuevamente a los nacionalistas al poder en la Generalitat. Preguntada sobre la actividad de esas compañías, Buenvarón “contestó con respuestas poco concretas e incongruentes”. Afirmó, por ejemplo, que el dinero que cobró —91.910 euros entre 2008 y 2009— no era un sueldo como tal, sino que respondía a un “asesoramiento global” al exgerente de TV-3.

Tanto en el caso de Vidal como en el de Buenvarón, “estaríamos nuevamente ante la presunta existencia de una facturación ficticia”. Existen, remacha Hacienda, una serie de “datos de especial interés”. Por ejemplo, que Orieu e Inverions Ocs tienen su sede en “el domicilio particular” de Carbó y “aparentemente son utilizadas como sociedades patrimoniales”. La segunda de ellas, además, obtiene la mayor parte de sus ingresos de Triacom Audiovisual, en la que Carbó participa “mediante la interposición de sociedades”.

El informe también señala que los honorarios que reciben las dos mujeres “coinciden en el tiempo y en la cuantía” y advierte, además, de que Carbó se negó a aportar más información. Existen, dice Hacienda, “claros indicios de una presunta falsificación documental que ampara relaciones comerciales inexistentes”. El informe señala la “similitud” del operativo con otros hechos relacionados con el “cobro de comisiones ilegales” que también indaga el caso ITV.