La Intervención critica la falta de control de los cursos de formación

La Intervención General de la Junta de Andalucía ha censurado con dureza la vigilancia del Ejecutivo autónomo sobre los fondos públicos que destinó para cursos de formación subvencionados entre 2005 y 2013. Los interventores critican que el Gobierno andaluz concediera fondos millonarios año tras año, sin destinar un cuerpo de funcionarios a revisar cada ayuda, lo que propició un fraude de momento sin cuantificar. Uno de los cuatro interventores adjuntos, Ignacio García, incluso acusa al Ejecutivo de actuar “deliberadamente” para “beneficiar a determinadas empresas o a determinados grupos de beneficiarios”. Entre estos estarían los del exconsejero andaluz Ángel Ojeda, imputado en la causa.

Las denuncias de los interventores están incluidas en la causa que instruye desde hace un año la juez Mercedes Alaya, que ayer facilitó a las partes la última parte del sumario. El interventor adjunto Luis Hinojosa envió hace solo un mes a la Guardia Civil un listado con los fondos “pendientes de justificar”, que sumaban 3.015 millones. Sin embargo, esta cifra ha ido sumando los millones pendientes de cada ejercicio año tras año. La Cámara de Cuentas, en su cuenta general de 2013, fijó en 733 millones los fondos pendientes de justificar en los cursos de formación.

Tras años sin un control exhaustivo, desde el verano la Junta revisa las 8.505 subvenciones concedidas entre 2007 y 2013. Y tras analizar la mitad de las ayudas, los funcionarios estiman que las entidades —empresas, Ayuntamientos, Diputaciones— deben devolver 17,4 millones por 581 expedientes que ya cuentan con resoluciones de reintegro. Esta revisión administrativa culminará en los próximos meses.

Los perceptores de las subvenciones pudieron recibir nuevas partidas para formación de la Junta gracias a las exoneraciones autorizadas por la Consejería de Empleo, que permitía aplazar la revisión de la justificación de gastos. El Ejecutivo andaluz defiende la legalidad de estas exoneraciones.

Los interventores, ocho de los cuales han declarado como testigos ante la Guardia Civil y uno de ellos ante Alaya, han censurado las exoneraciones concedidas por la Junta. García acusa a la Consejería de Empleo de "ser consciente" de que los certificados aportados por los empresarios "no coincidían con la realidad", lo que constituía "un impedimento" para que la Intervención realizara mayores comprobaciones. Eso sí, García admite que carece de "evidencias directas" para estas contundentes acusaciones, y respecto a que la Junta favoreció "deliberadamente" a ciertos empresarios, puntualiza que ofrece esta opinión "sin estar basada en técnicas de auditoría". 

Las críticas de García contra el Ejecutivo fueron más allá, y ante Alaya denunció "la falta de medios sobre todo de personal", al que considera "escasamente cualificado" por carecer de formación específica en conocimientos básicos tales "como contabilidad".

Mientras, la investigación que dirige Alaya con 16 ex altos cargos de la Junta imputados por malversación y prevaricación, avanza en paralelo. La juez acusa a la exdirectora del centro de formación Formades Ana María Orihuela de conceder fondos irregulares por 1,7 millones, entre ellos gastos ajenos a la formación como regalos y caramelos de la cabalgata de Reyes, barajas de cartas o cava para un campeonato de doma. Alaya acusa a Orihuela de otorgar subvenciones con “fraccionamientos fraudulentos” a su hijo por 275.776 euros y a un sobrino por 22.743 euros en servicios de guardería.