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El Consell fracasa en su política de préstamos para universitarios

Sólo 10 alumnos han pedido el crédito sobre una previsión de 15.000 beneficiarios potenciales

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, con los rectores en el acto de inicio de curso de la Universitat de València en 2013.
El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, con los rectores en el acto de inicio de curso de la Universitat de València en 2013.TANIA CASTRO

Cuando el presidente Alberto Fabra anunció en septiembre de 2103 unos préstamos universitarios que contarían con el aval de la Generalitat, de forma que las familias que cumplieran determinados requisitos pudieran aplazar el pago de los estudios superiores cinco años, no imaginaba que solo se acogerían diez estudiantes a esta oferta reiteradamente publicitada que se ha puesto en marcha este curso.

El Gobierno valenciano estimó que esta línea de avales denominada Préstamos Matrícula tenía 15.000 beneficiarios potenciales, cifra correspondiente al alumnado que se quedaba sin beca por no cumplir los requisitos exigidos, según informó la Consejería de Educación tras inaugurar el jefe del Consell el curso académico en la Universitat de València.

Sin embargo, en el último Consejo de Universidades, el director general del área, Felipe Palau, desveló que solo habían recibido 10 solicitudes en esta primera convocatoria de préstamos-matrícula, según confirmaron distintas fuentes. El demoledor dato surgió a raíz de las preguntas formuladas por un representante estudiantil.

A partir de los magros resultados obtenidos, la Generalitat deberá replantearse la fórmula utilizada para esta línea de préstamos, en la que la Comunidad Valenciana ha sido pionera, con el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo autonómico y seis entidades financieras a primeros de septiembre de 2014. Así lo reconocieron los representantes de la Administración en el Consejo de Universidades.

El estudiante ha de pagar el interés y abonar el principal al acabar el grado o el máster

Los préstamos están avalados por la Generalitat, a través del Instituto Valenciano de Finanzas y de la Fundación para el Fomento de los Estudios Superiores. Esta última se encarga de abonar a la universidad pública correspondiente el importe de las tasas académicas de primera matrícula financiadas por el préstamo.

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“En nuestra universidad existe un consenso acerca de que estos préstamos son poco útiles en la práctica tal y como están planteados”, explica José Luis Estellés, delegado de estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia que planteó la pregunta en el Consejo de Universidades sobre la demanda de préstamos. “Mi pretensión era que se abordara la reformulación de las condiciones establecidas”. Palau recogió el guante.

El interés máximo del préstamo es un 5% anual. Su importe es el de la tasa por primera matrícula para cursar los créditos de un grado (máximo 1.700 euros año) o un máster (3.000 euros). El estudiante ha de pagar cada curso los intereses devengados. Las bases establecen que “el plazo de carencia máximo será el comprendido entre el año de matriculación según solicitud de préstamo y la duración de los estudios”. Es decir, deberá devolver el principal al acabar.

Los rectores ya advirtieron de lo poco asequible que resultaba en la práctica este mecanismo de préstamos cuando se anunció. El rector de la Universidad Politécnica, Francisco Mora, explicó a este diario recientemente la exigencia de los estudiantes de que los préstamos se puedan devolver cuando el estudiante trabaje. “Es lo razonable”, aseguró, “porque el estudiante que carece de recursos no se arriesga a devolver el préstamo de golpe sin tener trabajo y el que tiene dinero no lo pide”.

José Luis Estellés expuso el problema ante el Consejo de Universidades en el contexto de dos preocupaciones. Una, la adecuación de la formación a las necesidades de la sociedad. “Que no se dupliquen títulos innecesariamente”, explicó, “cuando se acaban de aprobar grados para las universidades privadas que ya se imparten en las públicas”. Otra, la inserción laboral, especialmente en relación con la universidad pública. “Que se cree un modelo productivo coherente con la inversión que se hace en formación, para que esta revierta en la sociedad”, planteó.

Se trata, explicó Estellés, de evitar que al final, el titulado se plantee que ha estudiado una carrera y que no va a tener trabajo o, que si lo obtiene, esté por debajo de su formación y sin relación con lo que ha estudiado.

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