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ayudas sociales

El drama de una ayuda envenenada

Ainhoa Manterola se queda sin piso y entrega la custodia de sus hijas al no poder afrontar la devolución de la deuda contraida por los errores de Lanbide

Ainhoa Manterola en Zarautz con un listado de sus movimientos bancarios
Ainhoa Manterola en Zarautz con un listado de sus movimientos bancarios

Ainhoa Manterola (Getaria, 1977) jamás se hubiera imaginado que a los treinta y tantos iba a tener que regresar al hogar de sus padres peor que con las manos vacías. Después de trabajar durante más de quince años, unos como autónoma con su propio puesto en el mercado de Zarautz, y otros por cuenta ajena, en una empresa de limpieza, cargando camiones, de camarera, o limpiando anchoas, entre otras ocupaciones, se ha visto obligada a volver a la misma cama en la que hace 25 años soñaba con escapar un día para formar su propia familia. En unos días se instalará en la dirección de sus padres, al no poder afrontar los pagos y perder su vivienda de alquiler.

Pero lo más doloroso es que regresa sin sus dos hijas, que ha tenido que entregar a su ex marido después de cederle la custodia que tenía ella. Un futuro muy complicado que se agrava, si es posible, por el hecho de que tiene una deuda viva y otra en ciernes que apenas si puede devolver. Lo curioso es que no se trata de una deuda bancaria. No es un crédito solicitado para un proyecto que finalmente resulta fallido. No. La deuda es involuntaria, no sabe muy bien el concepto por el que se la imputan y la tiene abierta con el organismo que el Parlamento vasco diseñó para evitar la pobreza en Euskadi y devolver unas condiciones dignas a quienes las perdían por la crisis u otros motivos: Lanbide. “Sinceramente jamás pensé en que esto era posible, que le podría pasar a alguien y menos a mí”, explica Manterola en una cafetería de Zarautz, junto al mercado en el que tuvo un puesto y en compañía de Vicky Molina, la portavoz de la Asociación de Afectados por Lanbide y Jimena, otra afectada.

Una vez agotados sus

recursos, tuvo que

pedir la RGI

A Ainhoa le reclaman 1.629 euros a razón de 265 que detraen mensualmente de los 641 que le corresponde de RGI, —al margen de la pensión compensatoria que le ingresaba su ex marido—. “Esto es una pesadilla”, dice. “Yo no he ocultado nada, no he defraudado. Les llevé la sentencia, las condiciones, todos los extractos bancarios, y cómo me había devorado el importe de una EPSV que tenía de hacía quince años y que pude rescatar”. Sin embargo, nadie le ha explicado todavía de donde sale ni la deuda de los 1.629 euros “ni la que me dicen que me van a empezar a cobrar a partir de ahora. No explican nada...”. En 2011 la crisis le dio un hachazo después de acosarla desde que en 2007 el desempleó se desbocó. Los problemas se acumularon en su vida personal y como suele pasar en estos casos, la miseria empieza vaciando la cuenta bancaria y termina por marchitar la vida familiar y los sueños.

Ese mismo año de 2011 se divorció de su compañero añadiendo problemas a la ya difícil tarea de sacar adelante a su familia, pero con la esperanza de ganar estabilidad emocional para el futuro. Pero no logró más ingresos y una vez agotados sus recursos, tuvo que pedir la RGI. Lo que no entraba en sus planes es que tres años después, Lanbide le reclamara una deuda y le apercibiera de una segunda. “No olvidaré jamás las Navidades de 2014, nunca olvidaré el momento de llegar a la conclusión de que lo perdía todo. De que las ayudas que iban a permitirme sacar la ESO y después seguir con una diplomatura o una licenciatura y volver a empezar de cero si hacía falta, se iban a convertir en una pesadilla por erroes de gestión de Lanbide”. Pese a todo, lo peor fue constatar que si no podía hacer frente al alquiler tampoco podría tener la custodia de sus hijas.

Manterola se expresa en euskera, su idioma materno ante los funcionarios y empleados de Lanbide. “Me habéis jodido los Reyes de mis hijas”, les dijo en la ventanilla, sin importarle que también se le habían “jodido a ella”. La Asociación de Afectados por Lanbide solicitó la pasada semana una reunión urgente con el consejero de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña, habida cuenta de que tras su comparecencia parlamentaria, su propuesta de una cuota social para devolver la deuda de 30 en 30 euros, no ha tenido efecto. Los legisladores han previsto mecanismos para reducir y reordenar las deudas de las empresas a través de procesos a través de quitas en los procesos concursales. Para las familias también es posible, pero no viable. No hay quita posible en las personas físicas “Les dije en Lanbide que iba a casa de mis padres a vivir y les pregunté qué pasa si no puedo pagar la deuda”, recuerda Ainhoa. “Me dijeron que lo buscarían en las cuentas de mis padres”, dice indignada.