Un agujero de cinco millones en la Unidad Técnica del Mármol

El Ministerio de Economía reclamó en diciembre a la dirección del instituto tecnológico Asociación de Investigación de las Industrias de la Construcción (Aidico) que justificara más de siete millones de euros recibidos para construir su sede en Novelda, conocida como Unidad Técnica del Mármol, hoy un edificio abandonado a medio terminar. José María Ocón, subdirector general de Fondos Europeos para la Investigación del ministerio, tras reclamar desde mayo la certificación de gastos, decidió “descertificar de forma cautelar” 1,8 millones que Aidico había logrado justificar y requirió “informe firmado por un técnico cualificado del desarrollo de la obra” y “detalle pormenorizado del uso que se ha hecho de los 7.040.997 euros anticipados por el Ministerio de Ciencia e Innovación”, así como un “informe de viabilidad del proyecto”.

En otras palabras, en las cuentas de Aidico, hoy en concurso de acreedores y con sus bienes en proceso de subasta, hay un agujero de más de cinco millones de euros derivado de la construcción del instituto del mármol en Novelda. Es la consecuencia más escandalosa de la gestión de este centro por el que fue su director, Ramón Congost, obligado a dimitir en julio de 2014 desde el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), antiguo Impiva. Joaquín Ríos, director de este último organismo, competente sobre los institutos tecnológicos, representa a la Generalitat en un consejo rector de Aidico que comparte con Francisco Zamora y José Luis Miguel, de Fevec, la patronal de la construcción en la provincia de Valencia.

Dentro de Aidico, o de lo que queda de él, son muchos los que creen que todo el proceso de liquidación del instituto persigue “tapar el asunto de forma rápida y discreta”. La Consejería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, que dirige Máximo Buch, se limita a indicar que la Generalitat “se ha hecho cargo del 3% que, de acuerdo con el convenio, tenía que pagar a medida que Aidico certificaba gastos al ministerio”. El director gerente de Aidico, Fernando Palomares, guarda silencio. Y fuentes del Ministerio de Economía indican que “el convenio está vigente hasta finales de 2015”, por lo que no se puede reclamar todavía el reintegro. Según el ministerio, Aidico “dejó de pagar la cuota de 2014”. Eso llevará a que desde Madrid se emprenda el procedimiento para dar por resuelto el convenio.

El diputado socialista Francisco Toledo, en su última iniciativa antes de que sean disueltas por el presidente de la Generalitat las Cortes Valencianas, ha solicitado la comparecencia del consejero Buch para que explique “la utilización de los fondos públicos recibidos por Aidico desde enero de 2008 hasta la actualidad y, en especial, los destinados a la construcción de nuevas instalaciones del centro tecnológico del mármol”.

La construcción y equipamiento de un “centro tecnológico del mármol y actividades mineras” debía ser cofinanciada con fondos Feder de la Unión Europea. El convenio fue firmado por la entonces ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, el consejero de Industria, Vicente Rambla, y el presidente de Aidico, Juan Eloy Durá, en diciembre de 2009. En enero de 2010, el ministerio anticipó 7,04 millones de euros a Aidico para desarrollar el proyecto. Y desde aquel momento, aplazamiento tras aplazamiento, Aidico solo llegó a justificar el gasto de 1,87 millones. En el punto en que el Ministerio de Economía inició los movimientos para reclamar la justificación de todo lo gastado, el instituto tecnológico emprendió su desguace. En diciembre pasado, un juez mercantil decretaba la disolución del organismo.

Congost, que ha estado casi dos décadas al frente de Aidico, desde 1996 a 2014, deja varios escándalos sin aclarar. El instituto tecnológico, que manejó abundantes fondos públicos y privados, está en el centro de un caso denunciado a la fiscalía. Se trata de la puesta en marcha a través de la Fundación para la Innovación en la Infancia de la Comunidad Valenciana, que constituyó con el Ayuntamiento de Paterna, de una superguardería, una escuela infantil de “técnicas educativas avanzadas”, que costó seis millones de euros, llegó a inaugurar la infanta Elena en noviembre de 2013 y cerró ocho meses después.

La propia Fevec, integrada en el consejo rector del instituto, un grupo de empleados que han constituido una empresa al efecto o el instituto tecnológico de la madera Aidima son algunos de los que aspiran a hacerse con activos de Aidico, como el costoso laboratorio del fuego o la unidad productiva Aidico Certificación, en una subasta en la que el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Valencia dio de plazo para pujar hasta el 1 de abril.