Los abogados tildan las detenciones de Alaya de “desproporcionadas”

Las detenciones de los altos cargos de la Junta en la Operación Barrado ejecutadas por la Guardia Civil y ordenadas por la juez Mercedes Alaya han abierto un debate jurídico que por su dimensión afecta también al ámbito político y social. Los interrogantes abiertos son numerosos, pero de fondo late una cuestión clave: ¿Es lícito detener a una persona, con arraigo y sin indicios de que pueda huir de la justicia, a sabiendas de que será puesta en libertad tras su declaración judicial?

La respuesta de los investigadores del caso de los cursos de formación en el Juzgado 6 de Instrucción de Sevilla es afirmativa. Sin embargo, las voces en contra se han levantado —con mayor o menor énfasis— esta semana tras comprobar que los 16 responsables políticos —anteriores y actuales— de la Junta han quedado sin excepción en libertad con cargos. Al margen de estas quejas de los abogados y la Junta, en el fondo del debate sobre una posible sobreactuación judicial está la pugna soterrada entre los agentes de la Guardia Civil y la policía, que a las órdenes de 17 jueces andaluces también investiga los cursos de formación de la Junta. Y la rivalidad histórica entre los dos cuerpos tiene consecuencias como la difusión otorgada a las operaciones policiales.

“Con frecuencia detenciones masivas con difusión mediática pudieran resultar innecesarias para la investigación y por ello desproporcionadas, al afectar sin suficiente motivación fáctica al derecho a la libertad y la propia imagen del detenido, que finalmente resulta puesto en libertad después del juzgado”, dice el presidente del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, quien ha alertado del peligro sobre los derechos y libertades personales que entrañan estas detenciones. Al arraigo de los altos cargos detenidos esta semana con domicilio conocido, se le une que los delitos supuestamente cometidos carecen del matiz de “especial gravedad” que podría justificar su detención, tanto como la capacidad de estos cargos para destruir pruebas u obstaculizar de algún modo la acción de la justicia.

Todos los detenidos fueron puestos en libertad con cargos por la instructora

Gallardo ha enfatizado su petición en un acto institucional con presencia del representante del Poder Judicial en Andalucía Occidental, el magistrado Antonio Reinoso, el consejero de Justicia, Emilio Llera, y el juez decano sevillano, Francisco Guerrero. El representante de los letrados ha pedido “un mayor respeto” hacia los detenidos, y recordó la directiva europea que aclara que el detenido puede entrevistarse con su letrado para que este pueda asesorarle sobre su declaración. “No una mera presencia del abogado junto a su defendido”, matizó.

El fiscal superior, Jesús García Calderón, ha pedido cautela para valorar las detenciones ordenadas por Alaya. “La cuestión puede tener un gran interés (...) pero ni es el momento de responderla, ni soy yo la persona (...) Dejemos que la operación termine y ya valoraremos posteriormente las situaciones procesales que se han producido”. Solo el fiscal del caso y Alaya conocen el atestado policial que justifica las detenciones, debido al secreto de las pesquisas.

El debate lo puso encima de la mesa el letrado Alfonso Martínez del Hoyo, que el jueves lamentó la detención “excesiva, innecesaria y desproporcionada” del ex director general de Formación Manuel Brenes. Este fue puesto en libertad con cargos pero sin que la Fiscalía Anticorrupción solicitara ninguna medida cautelar para él. “La edad, 65 años, y delicada condición de salud de quien padece una enfermedad que necesita de tratamiento diario, según supo desde el primer momento la Guardia Civil, hacía doblemente innecesaria y excesiva” la detención, “que supone una vulneración de derechos esenciales”.

Los magistrados han declinado pronunciarse sobre las detenciones de la Operación Barrado, al estar ordenadas por una compañera —la instructora Mercedes Alaya— y por un principio de prudencia al estar vigente el secreto sumarial.

A las críticas de Gallardo se le ha unido la presidenta en funciones de la Junta, Susana Díaz, que censuró la necesidad de las detenciones por parte de la Guardia Civil que afectaron a dos altos cargos de su Gobierno. “Se puede citar a las personas sin tener que entrar en este tipo de operaciones”, afirmó en Canal Sur. “Operaciones de este tipo son excepcionales en el Estado de Derecho y lo natural es la citación judicial”, matizó. “Parece ser que se ha buscado otros elementos (...) ha llamado la atención a todo el mundo porque se ha utilizado la excepción como algo habitual y ese tipo de cosas no son buenas”.