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Los abogados tildan las detenciones de Alaya de “desproporcionadas”

Los letrados se quejan de que los 16 arrestos en la reciente operación son “innecesarios”

La exdelegada de Empleo en Jaén, Irene Sabalete, en los juzgados sevillanos. Ampliar foto
La exdelegada de Empleo en Jaén, Irene Sabalete, en los juzgados sevillanos.

Las detenciones de los altos cargos de la Junta en la Operación Barrado ejecutadas por la Guardia Civil y ordenadas por la juez Mercedes Alaya han abierto un debate jurídico que por su dimensión afecta también al ámbito político y social. Los interrogantes abiertos son numerosos, pero de fondo late una cuestión clave: ¿Es lícito detener a una persona, con arraigo y sin indicios de que pueda huir de la justicia, a sabiendas de que será puesta en libertad tras su declaración judicial?

La respuesta de los investigadores del caso de los cursos de formación en el Juzgado 6 de Instrucción de Sevilla es afirmativa. Sin embargo, las voces en contra se han levantado —con mayor o menor énfasis— esta semana tras comprobar que los 16 responsables políticos —anteriores y actuales— de la Junta han quedado sin excepción en libertad con cargos. Al margen de estas quejas de los abogados y la Junta, en el fondo del debate sobre una posible sobreactuación judicial está la pugna soterrada entre los agentes de la Guardia Civil y la policía, que a las órdenes de 17 jueces andaluces también investiga los cursos de formación de la Junta. Y la rivalidad histórica entre los dos cuerpos tiene consecuencias como la difusión otorgada a las operaciones policiales.

“Con frecuencia detenciones masivas con difusión mediática pudieran resultar innecesarias para la investigación y por ello desproporcionadas, al afectar sin suficiente motivación fáctica al derecho a la libertad y la propia imagen del detenido, que finalmente resulta puesto en libertad después del juzgado”, dice el presidente del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, quien ha alertado del peligro sobre los derechos y libertades personales que entrañan estas detenciones. Al arraigo de los altos cargos detenidos esta semana con domicilio conocido, se le une que los delitos supuestamente cometidos carecen del matiz de “especial gravedad” que podría justificar su detención, tanto como la capacidad de estos cargos para destruir pruebas u obstaculizar de algún modo la acción de la justicia.

Todos los detenidos fueron puestos en libertad con cargos por la instructora

Gallardo ha enfatizado su petición en un acto institucional con presencia del representante del Poder Judicial en Andalucía Occidental, el magistrado Antonio Reinoso, el consejero de Justicia, Emilio Llera, y el juez decano sevillano, Francisco Guerrero. El representante de los letrados ha pedido “un mayor respeto” hacia los detenidos, y recordó la directiva europea que aclara que el detenido puede entrevistarse con su letrado para que este pueda asesorarle sobre su declaración. “No una mera presencia del abogado junto a su defendido”, matizó.

El fiscal superior, Jesús García Calderón, ha pedido cautela para valorar las detenciones ordenadas por Alaya. “La cuestión puede tener un gran interés (...) pero ni es el momento de responderla, ni soy yo la persona (...) Dejemos que la operación termine y ya valoraremos posteriormente las situaciones procesales que se han producido”. Solo el fiscal del caso y Alaya conocen el atestado policial que justifica las detenciones, debido al secreto de las pesquisas.

El debate lo puso encima de la mesa el letrado Alfonso Martínez del Hoyo, que el jueves lamentó la detención “excesiva, innecesaria y desproporcionada” del ex director general de Formación Manuel Brenes. Este fue puesto en libertad con cargos pero sin que la Fiscalía Anticorrupción solicitara ninguna medida cautelar para él. “La edad, 65 años, y delicada condición de salud de quien padece una enfermedad que necesita de tratamiento diario, según supo desde el primer momento la Guardia Civil, hacía doblemente innecesaria y excesiva” la detención, “que supone una vulneración de derechos esenciales”.

Los magistrados han declinado pronunciarse sobre las detenciones de la Operación Barrado, al estar ordenadas por una compañera —la instructora Mercedes Alaya— y por un principio de prudencia al estar vigente el secreto sumarial.

A las críticas de Gallardo se le ha unido la presidenta en funciones de la Junta, Susana Díaz, que censuró la necesidad de las detenciones por parte de la Guardia Civil que afectaron a dos altos cargos de su Gobierno. “Se puede citar a las personas sin tener que entrar en este tipo de operaciones”, afirmó en Canal Sur. “Operaciones de este tipo son excepcionales en el Estado de Derecho y lo natural es la citación judicial”, matizó. “Parece ser que se ha buscado otros elementos (...) ha llamado la atención a todo el mundo porque se ha utilizado la excepción como algo habitual y ese tipo de cosas no son buenas”.

La juez interroga a un interventor

La juez Mercedes Alaya tomó este viernes declaración como testigo a un interventor de la Junta que elaboró uno de los ocho informes que alertaron de irregularidades en los cursos de formación, y que los investigadores han analizado en los últimos meses. La Guardia Civil ha interrogado a los ocho interventores provinciales que fiscalizaron las ayudas concedidas por las delegaciones de la Consejería de Empleo entre 2009 y 2012. Tras estos interrogatorios para comprobar hasta que punto los interventores apuntalaban las tesis incriminatorias de los agentes, este viernes Alaya escuchó la versión de uno de ellos en su juzgado, informó Europa Press.

De los ocho informes entregados a la cúpula de la Intervención General el pasado verano, el más crítico fue el de Huelva, que alertaba de manera expresa de cómo “la falta de seguimiento de los procedimientos establecidos han ocasionado un menoscabo de los fondos públicos”.

El interventor Miguel Ángel García subrayaba diferentes irregularidades como que los expedientes con compromisos de contratación carecieran de frutos, y ninguno de ellos concluyera con contratos de los trabajadores en las condiciones fijadas por las resoluciones. Además, el auditor denunciaba que las autoridades del SAE en Huelva no fijaran sanciones por “las infracciones cometidas”, así como la incompleta vigilancia de las ayudas. Sin embargo, la tesis de Alaya, expresada en las imputaciones, va más allá. La juez estima que existía una intención deliberada desde la cúpula de Empleo para que las empresas escaparan al control de la Administración. Y por tanto, buscaba facilitar el fraude. Ante las graves acusaciones y dado que desconocen la totalidad de las acusaciones por el secreto decretado, la mayoría de altos cargos detenidos ha optado por guardar silencio ante Alaya.

Las severas críticas de la Intervención General respecto a las subvenciones esconde la paradoja de que dicho órgano haya fiscalizado las subvenciones hasta tres veces durante su tramitación administrativa y pago inicial. “¿Cómo puede hablarse desde la Intervención General de un sinfín de irregularidades y menoscabo de fondos públicos cuando la resolución de concesión de la ayuda, órdenes de pago de los anticipos y órdenes de pago de las liquidaciones están firmados por la Intervención General, acreditando la fiscalización y corrección de todo el procedimiento?”, se preguntan fuentes del caso. Las críticas de la Intervención se han centrado en la última fase, la de la justificación del gasto, un retraso de años que la Junta ha intentado paliar en los últimos meses con un pequeño ejército de funcionarios. Al inicio de una ayuda el empresario recibía un abono del 75%, y finalmente el 25% restante. A pesar de las múltiples irregularidades halladas, en los dos últimos años los empresarios han recibido 43 millones que tenían pendientes de cobrar, según fuentes de la Junta.