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Las Juntas señalan a Olano y Goia como los responsables políticos

La comisión de investigación sobre el 'caso Bidegi' señala que los dirigentes del PNV "no pueden ser ajenos" al presunto pago de 3,4 millones por unos trabajos no realizados

De espaldas, la representante de Aralar y el del PP en la comisión de investigación del 'caso Bidegi', durante la votación de las conclusiones de las sesiones de trabajo.
De espaldas, la representante de Aralar y el del PP en la comisión de investigación del 'caso Bidegi', durante la votación de las conclusiones de las sesiones de trabajo.

Las Juntas Generales de Gipuzkoa han imputado esta mañana la responsabilidad política del caso Bidegi a los dirigentes del PNV Markel Olano y Eneko Goia. La comisión de investigación por un presunto fraude de 3,4 millones cometido en la construcción de un tramo de la AP-1 ha resuelto, con los votos a favor de Bildu, PP y Aralar, que tanto Olano como Goia, diputado general de Gipuzkoa y diputado de Infraestructuras, respectivamente, cuando se cometieron los hechos, la pasada legislatura, "no pueden ser ajenos" al presunto pago de 3,4 millones por unos trabajos no realizados, un hecho que la comisión ha considerado probado.

Bildu, PP y Aralar, las mismas tres formaciones que aprobaron la creación de los trabajos, han pactado las conclusiones de la comisión. El PNV ha votado en contra, mientras que el PSE ha decidido no participar en la votación al entender que la premura con la que se han desarrollado las sesiones y la falta de tiempo para analizar la documentación antes de la disolución de las Juntas por la convocatoria de elecciones vulnera los derechos de los representantes.

Las tres formaciones además han aprobado "instar" al pleno de las Juntas Generales del territorio que repruebe la gestión de Olano y Goia, candidatos en la actualidad por el PNV a la Diputación de Gipuzkoa y al Ayuntamiento de San Sebastián, respectivamente, así como trasladar las conclusiones de la comisión a la fiscalía.

Los tres partidos también han acorado que en la próxima legislatura se vuelva a crear otra comisión para investigar un supuesto sobrepago de 20 millones a las constructoras de la AP-1. "Lo que esta comisión ha podido demostrar no es más que la punta del iceberg", señalan las conclusiones.

Las mismas avalan lo expuesto por la Diputación de Gipuzkoa, gobernada por Bildu, que se pagaron 3,4 millones "en base a liquidaciones falseadas". El asunto además está siendo investigado por un juzgado de Azpeitia, que admitió a trámite una querella interpuesta por la institución foral por unos presuntos delitos de malversación de caudales y falsedad documental contra un exdirectivo de Bidegi, la sociedad pública que gestiona las autopistas del territorio, y contra el director de obra y el responsable de la empresa contratista.

La sesión ha vuelto a estar marcada por el cruce de acusaciones, principalmente entre el PNV y Bildu. Los primeros, a través de la juntera Eider Mendoza, han recriminado a la coalición abertzale haber urdido una campaña cuyo único fin es desgastar a los dos candidatos nacionalistas a dos meses de la celebración de elecciones. Mendoza también ha cargado contra el PP por haber cedido a la estrategia de Bildu y contra la presidenta de las Juntas, Lohitzune Txarola, y responsable de la redacción del borrador de conclusiones por actuar de forma "partidista".

"Esto no es una comisión de investigación, esto es un acuerdo entre Bildu, Aralar y el PP para redactar unas conclusiones que van en contra de los principales candidatos del PNV", ha defendido Mendoza. Por su parte, Bildu y PP han insistido en que el PNV no ha sido capaz de demostrar que no se cometieron las supuestas irregularidades.

Las conclusiones serán ratificadas por el pleno del próximo día 30, el último que se celebre antes de la disolución de las Juntas.