La Fiscalía archiva el ‘caso San Antonio’ porque no ve delito

La Fiscalía de Álava ha archivado las diligencias que había abierto por el alquiler en 2007 de unos locales de la calle San Antonio por parte del Ayuntamiento de Vitoria, al no haber quedado acreditado "la existencia de ilícito penal alguno".

La Fiscalía de Alava había iniciado estas diligencias tras recibir la petición del pleno municipal de la capital alavesa, que el pasado 27 de febrero acordó pedir al fiscal que investigara este asunto "teniendo en cuenta los nuevos datos existentes derivados de actuaciones que está desarrollando sobre este tema el Tribunal de Cuentas" de España.

El fiscal jefe de Alava, Josu Izaguirre, ha hecho llegar un decreto a las partes en el que ordena el archivo de las diligencias porque "con los datos aportados con el escrito" del pleno, no se acredita ningún delito.

Izaguirre explica además que se trata de un tema que ya estudia el Tribunal de Cuentas y que el "principio de unidad de actuación" del Ministerio Fiscal "exige que no se produzcan actuaciones cuando se tiene conocimiento de que otro (fiscal) está llevando a cabo actuaciones sobre los mismos hechos".

La decisión es recurrible y la oposición mantiene que hubo irregularidades

En su escrito, al que ha tenido acceso Efe y que puede ser recurrido, Izaguirre recuerda que en caso de que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas detecte "algún hecho que pudiera ser constitutivo de ilícito penal" le remitiría los datos para que iniciase una investigación al respecto.

En 2007 el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Vitoria, encabezado entonces por el actual ministro de Sanidad, Alfonso Alonso (PP), firmó un contrato de alquiler para unas oficinas municipales que resultó gravoso para las arcas municipales y que ahora está siendo analizado por el Tribunal de Cuentas del Estado.

El pasado 5 de marzo el órgano fiscalizador español impuso de manera cautelar una fianza de casi medio millón de euros a Alonso y al resto de su equipo de gobierno de entonces, entre ellos el actual regidor, Javier Maroto, al entender que hubo una "responsabilidad contable" que causó un "perjuicio" económico a las arcas municipales.

Esa decisión se acordó después de escuchar las explicaciones de los representantes legales del equipo de Alonso y del Ayuntamiento de Vitoria. El citado tribunal dictó un acta de liquidación provisional en la que criticaba diversos aspectos de ese contrato de alquiler.

Así, constató que la renta se pactó en 12.500 euros más IVA mensuales, cuando los técnicos del Ayuntamiento la establecieron 10.168 euros, es decir que se pagaron 2.332 euros de más al mes.

También censuró que en las actualizaciones anuales de la renta el Ayuntamiento pagó entre 1 y 9 puntos por encima del IPC, cuando el informe de los técnicos señalaba que se pagase únicamente el incremento del IPC.

El alquiler incluyó asimismo, según constató el órgano fiscalizador, una "cláusula penal" que señalaba que si el Ayuntamiento rescindía el contrato antes de 20 años tenía que pagar la renta que faltara por cumplir hasta la fecha final, cuando los técnicos municipales fijaron esa obligación únicamente para 10 años.

Tras conocerse ese acta de liquidación, Maroto anunció que el equipo de Gobierno de 2007 -incluido Alfonso Alonso- no recurrirían y pagarían de su bolsillo la fianza de medio millón. El alcalde justificó esta decisión en su deseo de no alargar los plazos y de que el tema se resolviera cuanto antes, a poder ser antes de las elecciones municipales del 24 de mayo.

Sin embargo, los grupos de la oposición, PNV y PSE-EE, por un lado, y EH Bildu, por otro, ya han anunciado que presentarán una demanda de acción pública contable ante el Tribunal de Cuentas para evitar el archivo del caso y para que el dinero que se pagó de más y el que queda por abonar hasta el fin del contrato en 2027 vuelva a las arcas municipales.