El asesor fiscal de los Pujol se niega a declarar en el Parlament

Joan Anton Sánchez Carreté, el asesor fiscal de la familia Pujol-Ferrusola desde 1983, ha invocado esta tarde el secreto profesional para negarse a declarar en la comisión de investigación del Parlament creada tras la confesión del expresidente de la Generalitat. Los representantes de los diversos partidos han intentado, del derecho y del revés, provocar la declaración con todo tipo de preguntas, pero Sánchez Carreté ha respondido con sonrisas, indiferencia e incluso hojeando unos papeles y despreciando por completo a los parlamentarios.

"Usted está cometiendo un delito por no contestar a las preguntas y no decir la razón por la que no lo hace", le ha acabado espetando Carlos Carrizosa, diputado de Ciutadans. Por ese motivo, ha reclamado que la comisión deduzca testimonio por la actuación de Sánchez Carreté, uno de los más de cien mil evasores fiscales que aparece en la lista Falciani con cuentas no declaradas en la sucursal en Ginebra del banco HSBC.

Tras la insistencia de los parlamentarios, el presidente de la comisión, David Fernández, ha insistido de nuevo para que Sánchez Carreté declarase, pero este ha replicado que había sido citado para declarar en su condición de asesor fiscal de Jordi Pujol i Soley. Fernández le ha respondido leyendo el motivo de la citación, en la que figura su condición de experto para que informe sobre las conductas de fraude fiscal. Sánchez Carreté ha vuelto a invocar su "deber de sigilo y reserva".

El compareciente declaró el pasado mes de noviembre en calidad de testigo en la Audiencia Nacional y reveló que conoció la existencia de la fortuna opaca de Jordi Pujol "unas semanas antes" de la confesión del expresidente, porque este le llamó para pedirle consejo. También explicó que, pese a gestionar los asuntos fiscales de la familia, nunca tuvo conocimiento de cuentas bancarias en el extranjero.

Del mismo modo, el asesor fiscal declaró que confeccionó las declaraciones del Impuesto de Sociedades de tres de las cinco empresas de Pujol Ferrusola hasta el pasado 2003. Cobraba cinco mil euros anuales y la minuta incluía la redacción gratuita de la declaración del IRPF del hijo mayor de los Pujol y su esposa.

Sánchez Carreté acumula dos condenas firmes por delito fiscal. La primera de ellas fue de dos años de cárcel y multa de 1,2 millones de euros por la venta de dos centrales hidroeléctricas en Palencia, en las que no se tributaron los 679 millones de pesetas de plusvalía. Por este caso acabó indultado en 2009 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, una decisión que la diputada de la CUP Isabel Vallet ha relacionado con la mediación del diputado de CiU en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, pariente de Sánchez Carreté.

El segundo caso por el que fue condenado, se refiere al caso de los inspectores de Hacienda. La condena inicial de dos años y medio de cárcel fue reducida por el Tribunal Supremo a dos meses de arresto.

Ramon Gironès, exsuegro de Jordi Pujol Ferrusola, que compareció en esta comisión a continuación, también se negó a declarar.