Baztarrika lamenta el trato de la Delegación del Gobierno al euskera

El viceconsejero de Política Lingüística del Gobierno vasco, Patxi Baztarrika, ha lamentado este viernes que la Delegación del Gobierno en el País Vasco no esté preparada, "tras 36 años de oficialidad", a responder a documentos o actas que reciba y estén redactados en euskera. Baztarrika se ha referido así, en una entrevista a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, a la polémica surgida tras presentar el delegado del Gobierno, Carlos Urquijo, recursos contencioso-administrativos contra 22 ayuntamientos vascos porque sus actas estaban escritas en euskera.

Así, el viceconsejero ha señalado que, el hecho de que la Delegación del Gobierno no esté capacitada para responder a documentos que le lleguen en euskera, se deba a que "quizás entre los numerosos trabajadores que realizan el seguimiento de las actas no haya ninguno que sepa euskera, y, por lo tanto, ha convertido en obligación legal una carencia propia, dejándolo en manos de terceros".

"Seguramente, aunque parezca mentira y, desgraciadamente, la Delegación del Gobierno, tras 36 años de oficialidad, aún no está preparada, como administración, para responder como es debido a documentos que le lleguen en euskera. Prefiero pensar que es así, aunque es duro que tras 36 años no esté preparada en ninguna medida, porque, de lo contrario, lo que tendríamos que pensar es que, lo que está haciendo es poner en duda uno de los principios de aquel amplio consenso que hubo en torno a la Ley del Euskera en 1982, como es la plena oficialidad del euskera", ha afirmado.

En este sentido, Baztarrika ha explicado que la cooficialidad lingüística en Euskadi es algo "muy simple" que tiene "dos principios generales". Por un lado, según ha dicho, en las relaciones entre las administraciones públicas y el ciudadano, las administraciones están "completamente obligadas a respetar" la opción lingüística del ciudadano, sea euskera o castellano, porque "el ciudadano es el único sujeto de los derechos lingüísticos".

"Las administraciones públicas no tienen ningún derecho lingüístico, lo que tienen las administraciones públicas en este ámbito es una obligación legal de respetar los derechos lingüísticos del ciudadano", ha asegurado.

Por otro lado, según Baztarrika, el otro principio general de la cooficialidad lingüística en Euskadi es que el euskera y el castellano tienen "un valor oficial y legal absoluto, porque ambas son lenguas oficiales y, por lo tanto, en las relaciones entre administraciones, la que se haga en cualquiera de las dos lenguas oficiales, tiene un valor legal total y así hay que aceptarlo".

"Lo único que puede condicionar eso es la relación hacia el ciudadano, y, por lo tanto, si un ayuntamiento realiza sus actas en euskera y se las envía, no a un ciudadano, sino a otra administración pública, esa administración está obligada a darlo por bueno legalmente y admitirlo", ha explicado.