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CASO SAN ANTONIO

El Tribunal de Cuentas impone medio millón de fianza a Alfonso Alonso

El ministro de Sanidad, junto a su cooperación en la alcaldía de Vitoria, deberá hacer frente de forma solidaria al pago irregular por un contrato de alquiler de unas oficinas, contra el criterio de los técnicos municipales

Javier Maroto (izquierda) cuando era el concejal junto a Alfonso Alonso.
Javier Maroto (izquierda) cuando era el concejal junto a Alfonso Alonso.

El caso no ha prescrito. La instructora del Tribunal de Cuentas ha impuesto al actual ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, y a la corporación que le acompañaba en la alcaldía de Vitoria —el actual alcalde, Javier Maroto, era su concejal de Hacienda— una fianza de medio millón de euros que deberán pagar de forma solidaria. Es decir, unos 50.000 euros para cada uno de los nueve miembros que compartían la alcaldía con él. Tendrán diez días para pagarlo. Así lo ha decidido la juez que estudia el contrato de alquiler de unas oficinas que firmó el Ayuntamiento del PP con un conocido empresario, por 20 años y triplicando el precio de compra del local.

Como ya adelantó EL PAÍS el pasado 20 de febrero, el Tribunal de Cuentas entiende de se trata de un alquiler presuntamente irregular de unos locales que costaron 2,7 millones y cuyo contrato para 20 años, hubiera ascendido a 6,1 millones, más 1,6 que el consistorio pagó por las obras de acondicionamiento, contra el criterio de los técnicos municipales.

El Tribunal de Cuentas ha adoptado esta decisión tras escuchar esta mañana a los representantes legales de Alonso y el Ayuntamiento, en el inicio del procedimiento de investigación que lleva a cabo. Les dan diez días para hacer el abono que asciende en total a 496.223 euros, de los que 439. 370,05 euros son lo principal y 56.852,95 son los intereses de demora.

Las condiciones de ese contrato firmado en 2007 entre el exalcalde y Gonzalo Antón (un conocido empresario que presidió el Club Deportivo Alavés y que dirige varios restaurantes, entre ellos el afamado Zaldiaran) generaron tal escándalo en la ciudad que la oposición —el PP gobierna en minoría— constituyó una comisión de investigación, cuyas conclusiones se hicieron públicas en abril de 2014. El Tribunal de Cuentas subraya, frente a la pretensión de Alonso y Maroto, que se han presentado con su propio abogado, y al abogado que representa al Ayuntamiento de Vitoria, que el hecho no ha prescrito. Aunque el contrato es de febrero de 2007, el pago del alquiler sigue vigente cada mes. El Tribunal de Cuentas se basa en que hay un informe técnico que recomendaba un precio determinad de metro cuadrado y la actualización con el IPC.  El Ayuntamiento de Vitoria fijó subidas del coste hasta nueve puntos sobre el IPC. Esas condiciones, precios y blindaje, fueron modificadas cuando saltó el escándalo al hacerse público el contrato en 2014. Maroto y Antón revocaron el blindaje y rebajaron el precio.