Lanbide amenaza con colapsar la protección social

Lanbide es un volcán. Después de tres años de huelgas y paros, de infinitas conversaciones, desencuentros y de frustraciones e incertidumbres, sus cerca de 900 empleados pueden entrar en erupción en cualquier momento. Los cuatro sindicatos vascos lo dejaron meridianamente claro ayer y en el plano sindical suele ser difícil tanto acuerdo. Si Función Pública no da marcha atrás con la Relación de puestos de Trabajo, y Empleo y Políticas Sociales no pacta el modelo de oficina, Lanbide puede estallar, en un momento crítico de máxima actividad, tanto en número de parados como en perceptores de la RGI, y su crisis llevaría al Ejecutivo a una situación límite.

Los sindicatos no aceptan la RPT, que de 2013 a 2014 ha crecido de 814 puestos a 918, porque no resuelve problemas como los 180 administrativos que gestionan en la actualidad la RGI y que no entran en la relación de puestos, y tampoco van a transigir en que las categorías profesionales sean de las más bajas, haciendo caso omiso de un acuerdo que compensaba a esos salarios de algunos colectivos que se incorporaron a Lanbide, cuando el Gobierno de Patxi López asumió la transferencia de las políticas activas.

Lanbide ha sido cualquier cosa menos estable, desde el minuto uno. Los socialistas asumieron una competencia después de 20 años de gobiernos del PNV que se negaban a ello porque no incorporaba una parte de las pasivas, como la gestión de la Seguridad Social. Echó a andar incorporando a los 450 trabajadores del SEPE, el antiguo INEM, a un centenar de Egailan y a 25 más de la Dirección de Empleo y Formación, ambos del Gobierno vasco. 575 trabajadores, en total, que, en un mes se elevaron a los cerca de 900 actuales con la incorporación de un centenar de orientadores primero, otros 180 interinos después, estos para gestionar la RGI —no pueden entrar en la RPT— y que los sindicatos denuncian que se van a ir a la calle dejando a Lanbide en una situación crítica porque ellos son los que saben como gestionar las ayudas vinculadas al sistema de protección social.

Semejante crecimiento se complicó al cambiar el Parlamento la forma jurídica con la que nació Lanbide. Si inicialmente arrancó como un ente público de derecho privado, más flexible, con menor control parlamentario y que permitía la coexistencia de funcionarios y personal laboral con menos limitaciones, el PNV y el PP —el PSE aprobó finalmente la fórmula aunque presentó una enmienda para mantenerlo como ente público de derecho privado que fue rechazada a finales de 2011— forzaron su transformación en un Organismo Autónomo, complicando la integración de los colectivos con los que nació.

El secretario general de UGT, Raúl Arza cree que existen fórmulas para desbloquear el conflicto pero todas pasan por retirar la RPT y que el Gobierno se avenga a negociar. “No es un problema solo de crear plazas, sino de resolver los problemas como los más de cien traslados que se pueden producir con el diseño que está haciendo el Gobierno, las 180 personas que se van a ir a la calle y para los que el Gobierno tiene que buscar soluciones, y luego resolver el problema de las bajas retribuciones de una parte de la plantilla a la que la provisionalidad de sus complementos dura ya más de tres años”, dijo el líder sindical.

El Ejecutivo de Íñigo Urkullu sostiene que no puede hablar de personas sino de plazas y el argumento es que con la RPT de 918 plazas cubren toda la plantilla. Los sindicatos discrepan porque ese colectivo de 180 no puede entrar en la relación. Pero es que además la mitad de la plantilla de Lanbide son laborales y ese hecho complica su futuro profesional ya que no pueden aspirar a encabezar jefaturas o direcciones porque esos puestos están reservados sólo a los funcionarios. Los sindicatos no entienden que de las 525 alegaciones presentadas al decreto que regula la RPT, el Ejecutivo haya considerado sólo 23 y de ellas una vaya a tener reflejo en la normativa. “Hay oficinas con todos eventuales, tienen un problema”, advierte Arza.