El gran fraude de Navalcarnero

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) cuestiona, en un informe durísimo al que ha tenido acceso EL PAÍS, la gestión de Baltasar Santos (Partido Popular), alcalde en Navalcarnero durante los últimos 20 años e imputado en varias causas judiciales.

Y lo hace fijando su atención en uno de los grandes símbolos del derroche en este municipio madrileño, que arrastra una deuda de 114,4 millones de euros: las obras de las cuevas del Concejo, que recorren el subsuelo de la plaza de Segovia, la principal de esta localidad de 26.000 habitantes al suroeste de la región.

La Intervención General entiende que el regidor ha cometido un “fraude de ley” por las irregularidades del proyecto (muchas de ellas, con la aquiescencia de la Intervención municipal).

Los trabajos, iniciados en 2004, están paralizados desde 2011 a consecuencia de una denuncia presentada por el PSOE. En ningún momento la interventora municipal en ese tiempo, Teresa Hermida Martín, emitió “ningún informe de reparo o desfavorable, ni en la fase previa al reconocimiento y pago de las facturas”. Tampoco lo hizo “en el momento de emitir los decretos de alcaldía en los que se ordenaba el pago de los gastos”.

Santos suele usar decretos para adjudicar contratos sin concurso público y pese a los informes del interventor municipal actual en contra, que advierte de que la villa “no es sostenible financieramente”. Así otorgó por ejemplo los conciertos de los últimos tres años. En total, más de 200.000 euros sin concurso público.

En el informe municipal inicial de las obras “de recuperación y adaptación” de las cuevas, que comprende desde el inicio de las obras a 2011, el presupuesto era de poco más de un millón de euros (622.000 en mano de obra y el resto para maquinaria y materiales). En cambio, los interventores del Estado elevan la cifra a 3,6 millones. Es decir, que la desviación entre el presupuesto previsto y realizado fue del 244,43% a 31 de diciembre de 2011. Si se incluyen 1,1 millones adicionales para “hacer viables las visitas a las cuevas”, el sobrecoste total es del 350,64%.

Los auditores estatales destacan que entre 2008 a 2011 no hubo consignación presupuestaria al proyecto, lo que para la Intervención General “dificulta el seguimiento de la ejecución presupuestaria”, debido también a que, al no figurar siempre las partidas destinadas en el mismo capítulo de las cuentas, se podrían imputar gastos “a otras aplicaciones presupuestarias”.

La oposición —el PP gobierna con 12 concejales, frente a los siete del PSOE, uno de Izquierda Unida y otro del Partido Democrático Popular— sospecha que en realidad se han destinado a las obras más de 25 millones, precisamente mediante el desvío de partidas económicas de otros proyectos municipales.

Con una deuda de 4.400 euros por vecino, de las mayores de España, Navalcarnero tampoco siguió los procedimientos establecidos en la legislación contractual en el pago a los proveedores de las cuevas. “No consta la existencia de expedientes de contratación que amparen la facturación presentada al pago y efectivamente abonada”, abundan los expertos del Estado. La Intervención General llega a la conclusión de que “se evidencia la existencia de un claro fraccionamiento del objeto de los contratos con la intención de eludir el recurso a los procedimientos legalmente establecidos”.

Es más, con esta forma de actuación en el proyecto de las cuevas, sentencia, “se ha eludido dar debido cumplimiento a los requisitos de publicidad”. Esto es, “facilitar la concurrencia a la contratación” e impedir el desarrollo “oportuno” del procedimiento de adjudicación. Los autores del informe destacan que “incluso” la tramitación de la facturación bajo la modalidad de contratación menor o adjudicación directa “ha resultado incorrecta”.

El fraccionamiento contractual “es evidente”, sin nada que lo justifique, remacha la Intervención. El Estado subraya que la gestión de Santos “ha dado lugar a un importante volumen de facturación (tanto en número como en importe)”. Ajustándose a la legislación, habría generado “un importante ahorro en términos económicos, para el Ayuntamiento”.

El informe de la Intervención estatal recoge también una diferencia de casi 90.000 euros entre el importe "reflejado en contabilidad" y el que figura en las nóminas de personal que trabajó en las cuevas. La Intervención municipal argumentó que “a veces se solía repartir las horas extra totales del Ayuntamiento en varios proyectos”. Para la Intervención estatal, tanto la explicación como la actuación “no es compatible con el estricto cumplimiento de la legalidad”.

Mientras, Navalcarnero sobrevive aferrada a los presupuestos de 2008, los últimos que se aprobaron, con unos ingresos en teoría de 35,1 millones. Sin embargo, la recaudación de 2012 se quedó en 19,1 millones. En 2013 el déficit ascendió a 20 millones.

Otra irregularidad que ha detectado el Estado y lleva años denunciando la oposición es el contrato del Ayuntamiento con la Universidad de Castilla-La Mancha para la redacción del proyecto técnico para la rehabilitación, diseño y ejecución de las cuevas de Navalcarnero: “La contratación se debió de haber realizado antes de iniciarse la obra, y no una vez terminada la misma”.

Por no hacer, el asesor técnico municipal responsable no detalló la mano de obra necesaria, su coste y la duración de los trabajo. Tampoco aportó un “plano detallado” de las obras de las cuevas. “Cuesta imaginar cómo se ha desarrollado una obra de tal magnitud solamente con el plano que se incluye en el escrito y con las nulas o escasas precisiones contenidas en el mismo”, subraya la Intervención General.

Si fue posible se debió a la ausencia de control por parte de la Intervención municipal. “La no emisión de informes de reparo” por su parte “implica un incumplimiento reiterado de su labor” como órgano responsable del control y de la fiscalización interna de la gestión económica, financiera y presupuestaria del Ayuntamiento de Navalcarnero, observa la Intervención General.

Y concluye: “La inexistencia de tal control lleva, entre otras consecuencias, a la desconfianza de toda la gestión realizada, así como que los registros contables, que son la base para la realización de cualquier análisis de la gestión del Ayuntamiento, no se consideren fiables”. Como ejemplo ilustrativo de los incumplimientos, la Intervención General señala que la entonces interventora municipal, Hermida Martín, no advirtió del fraccionamiento de ocho facturas con la empresa Todo para la Construcción, Mármoles y Granitos Ayuso, por un importe de 97.700 euros.

El granito es uno de los elementos decorativos favoritos del alcalde de Navalcarnero: entre 2012 y 2013 gastó más de dos millones en granito para cruceiros, fuentes, bancos, pilas, etcétera, diseminados por todo el territorio municipal.

Para la Intervención estatal, el alcalde “no podría alegar desconocimiento de la situación y sus consecuencias”. La razón es que en “numerosas ocasiones”, antes de la incorporación de la interventora mencionada, “se habían puesto de manifiesto” las irregularidades por el fraccionamiento de contratos, “sin que se hubiesen adoptado las medidas oportunas para subsanar la irregularidad”.

Las conclusiones de la Intervención General son muy similares en lo que se refiere el proyecto de rehabilitación del casco histórico, con un importe de casi 600.000 euros, realizado en el mismo periodo que el proyecto de las cuevas.

Aunque también hay otros ejemplos de la falta de control en la gestión municipal. Como muestra la Intervención General, los expedientes de adjudicación de los contratos a la empresa Clar Rehabilitación “no están completos”.

En el concurso de las obras de adecuación de fachadas de la calle Libertad de Navalcarnero, esta empresa fue la elegida... a pesar de presentar la “oferta más cara” de las tres firmas que acudieron al concurso.

Los portavoces del PSOE, José Luis Adell, y del Partido Democrático Popular de Navalcarnero (PDAP), Carlos Navarro, han denunciado que el Ayuntamiento sigue trabajando en las cuevas, y lo han puesto en conocimiento de la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, que ha multado al alcalde por las irregularidades detectadas en este proyecto.

Además, los dos partidos de la oposición han advertido de que se han producido “derrumbes”, y la solución adoptada por el Ayuntamiento ha sido simplemente tapiar las zonas afectadas. Esos incidentes no habrían sido comunicados a la Dirección General de Patrimonio, con la consiguiente falta de seguridad, denuncian, en las zonas horadadas.

Ambos partidos critican además que la deuda real del municipio supera ya los 300 millones de euros, puesto que a la contabilidad oficial de 114,4 millones validada por el Banco de España habría que sumar las facturas pendientes sin consignar y las cantidades derivadas de demandas judiciales.