La educación para la paz se impartirá también en la etapa universitaria

El Gobierno vasco y las universidades de la comunidad han acordado ampliar la educación para la paz y la convivencia a la enseñanza superior. La Secretaría de Paz y Convivencia, la UPV, Universidad de Deusto y Mondragon Unibertsitatea han celebrado hoy en Vitoria una reunión de la Comisión de Seguimiento del Convenio de colaboración que firmaron en esta materia.

En la reunión se ha hecho entrega del trabajo correspondiente a 2014, la Reinserción de las personas presas de ETA: análisis jurídico de su estado actual y orientaciones de futuro, coordinado por Jon Landa.

El informe que se elaborará este año se centrará en estudiar iniciativas o proyectos posibles de educación para la paz, la convivencia y los derechos humanos en el ámbito universitario, dentro del Convenio que el Ejecutivo y las tres universidades firmaron el 8 de enero de 2014 dentro de la iniciativa 11 del Plan de Paz y Convivencia del Gobierno autonómico.

El trabajo de 2015 consistirá en realizar una reflexión conjunta entre las tres universidades sobre cómo se podría abordar la educación para los derechos humanos, la paz y la convivencia en el ámbito universitario, como se está realizando en la enseñanza obligatoria a través del módulo Adi-adian y el programa Elkarrekin.

En la reunión de hoy, el Gobierno ha recibido el informe correspondiente al trabajo de 2014, que analiza "el consenso internacional y europeo en torno a la legislación penitenciaria para la reinserción de presos por terrorismo". El trabajo ha estado coordinado por el profesor Jon Mirena Landa y Joxe Ramón Bengoetxea y ha contado con aportaciones de otros 13 profesores del ámbito europeo.

Este informe, titulado Reinserción y personas presas de ETA: análisis jurídico de su estado actual y orientaciones de futuro, establece varias conclusiones como que "no cabe política penitenciaria especial para ningún colectivo, sino que debe ser individualizada". Entre las conclusiones del informe también está que no hay "base en el derecho internacional que legitime una política especial antiterrorista en materia penitenciaria".

En cuanto a los fines de la pena, el informe universitario sostiene que ésta debe orientarse "a la reinserción del penado", mientras que en el Estado español hay una "falta de claridad" en los casos de terrorismo que "impide que el derecho de reinserción se desarrolle con los estándares propios del emergente derecho internacional de los derechos humanos en el ámbito penitenciario".

En este sentido, los autores del informe consideran que resultan alejadas de esos estándares varias políticas como la dispersión, el alejamiento, el primer grado de aplicación a todos los condenados o que se impongan penas de hasta 40 años de prisión. Plantean que idealmente las penas no deberían superar los 15 años de cárcel y, en ningún caso, los 30.

Por otro lado recuerdan que el derecho internacional sí apunta la petición de perdón, el arrepentimiento o la colaboración activa como aspectos positivos en los procesos de reinserción, aunque el informe a su vez subraya que debe hacerse no de manera "coactiva bajo amenaza de bloqueo" de la progresión de grado.

"La coacción legal convierte a la reinserción en rehabilitación forzada, intrusiva y laminadora de los derechos fundamentales del interno", recalca. Por último, el informe hace una reflexión final en la que reconoce que los presos de ETA y de la propia organización han tenido una actitud frente a la política penitenciaria como "lucha política contra el Estado", lo que ha "marginado" las posibilidades de hacer efectivos los derechos de los presos.

Concluye que la aceptación de la legislación penitenciaria anunciada por representantes de "una gran mayoría" de los presos de ETA "debería abrir una nueva etapa" y contribuir a "hacer desaparecer la tentación de usar la política penitenciaria para fines distintos de aquellos que se derivan del principio de reinserción".