El Tribunal de Cuentas envía a la Fiscalía contratos de Amposta
El órgano fiscalizador dice que "hay sospechas de infracción penal" en adjudicaciones del hospital y una fundación
El Tribunal de Cuentas ha elevado a la Fiscalía presuntas irregularidades detectadas en el Hospital Comarcal de Amposta y en la Fundación Privada Servicios Sociales del Montsià. En concreto, el órgano fiscalizar ha remitido a la Fiscalía información sobre 4,1 millones de euros repartidos en 16 adjudicaciones realizadas durante el 2013 por el hospital. Estas adjudicaciones vulnerarían los procedimientos de la ley de contratación pública, según reveló una auditoría encargada a Faura Casas. Los contratos señalados abarcan desde el suministro eléctrico al mantenimiento de maquinaria pasando por el servicio de ayuda domiciliaria o el de restauración.
El hospital, de titularidad municipal, está gestionado por Sagessa, el ala sanitaria del conglomerado de sociedades municipales de Reus (Baix Camp), Innova. El presidente del hospital es el alcalde de Amposta, Manel Ferré (CiU), quien a su vez preside el Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC).
Infracciones penales
ERC de Amposta remitió la auditoría al Tribunal de Cuentas, organismo que ha decidido desentenderse de las diligencias de investigación que abrió en su día y remitirlas a la Fiscalía Provincial Sección Territorial de Tortosa “por entender que los hechos denunciados puede deducirse la existencia de sospechas de la comisión de alguna infracción penal”, según la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS.
Por este mismo motivo el Tribunal de Cuentas también ha remitido a la Fiscalía otra adjudicación denunciada por ERC: El pleno del Ayuntamiento de Amposta, donde CiU gobierna con mayoría absoluta, encargó en marzo a la misma fundación privada el servicio de transporte adaptado durante diez años, aunque la Intervención municipal cuestionó la operación. Esta fundación ligada a Innova y fundada por el Ayuntamiento está presidida a su vez por Ferré. Tras el transpaso de la competencia, la fundación externalizó el servicio del transporte adaptado adjudicándolo a otra empresa, Ambulàncies Baix Ebre, por 141.500 euros. Lo hizo por procedimiento negociado y sin publicidad.
El propietario de Ambulàncies Baix Ebre, Bernardo Coslado, está imputado en el caso Innova por cohecho junto al expresidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS) y exdirector de Innova, Josep Prat.
