Cataluña reclama ante la Audiencia Nacional los ‘papeles de Salamanca’

La sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de enero de 2013 en la que se aseguraba que la salida de documentación del Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca hacia Cataluña no era un expolio ni ilegal y ponía fin a un áspero litigio que se alargaba más de tres décadas por los llamados papeles de Salamanca, tenía una letra pequeña que también había que cumplir. Dos años exactos después de esa sentencia el largo y árido asunto que ha enfrentado a los diferentes gobiernos de la Generalitat con el Ministerio de Cultura de turno, liderados por el PSOE o por el PP, no ha concluido todavía y siguen las acusaciones mutuas de incumplimiento de la ley.

La última ha sido el anuncio este viernes de que el Departamento de Cultura de la Generalitat ha presentado un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional para reclamar los papeles que todavía están por volver a Cataluña, un 10% según los cálculos catalanes. Según el consejero Mascarell el Ministerio está incumpliendo el procedimiento que establece la ley de retorno de 2005 porque de forma unilateral el Ministerio ha decidido que no devolvería todo lo que no acabarían en manos de sus dueños. Según ha expresado en varias ocasiones el político, es la Comisión Mixta Generalitat Ministerio la única que puede decidir qué documentos han de volver, y esta no se ha reunido desde abril de 2013.

La última entrega de documentos se realizó en diciembre de 2014. Se trataba fundamentalmente de 238 cajas con documentos y 350 libros, mucho menos de lo que la Generalitat esperaba, alrededor de 300 cajas y unos 3.000 libros, que se sumarían a las 1.439 cajas y 579 libros enviados desde 2006. Por eso, el consejero y el propio presidente de la Generalitat, tras calificar el envío de “indignante e injustificable” aseguraron que emprenderían medidas legales, incluso en organismos internacionales, cosa que ahora ya ha cumplido recurriendo a la Audiencia Nacional.

Desde el Ministerio aseguran que la documentación enviada en diciembre era la que había acordado el Patronato del Archivo de Salamanca en su reunión de julio de 2104. Según el Ministerio, la decisión de no enviar toda la documentación se basó en que: “La entrega cumplió la sentencia del Constitucional que entiende que la Generalitat es un intermediario para entregar la documentación a sus legítimos dueños. Por eso, explican, "no tiene sentido que se haga una entrega de una documentación, como la de entidades como el Socorro Rojo Internacional o Solidaridad Internacional Antifascista, de la que fehacientemente se sabe que ya no existen esos propietarios originales o sucesores. Es inútil que los papeles hagan un camino de ida y vuelta”. Además, mantienen desde el Ministerio que la decisión de no devolver parte de la documentación "se había tomado teniendo en cuenta varios informes legales que habían solicitado que les daba la razón".

El recurso coincide con la petición del TSJC a la Generalitat para que explique por qué no ha devuelto aún todos los documentos a sus dueños

En el mismo comunicado en el que anuncia el recurso, la Generalitat asegura que ya ha retornado el 90% de los papeles. Mascarell siempre ha expresado que el proceso no ha acabado y que siguen buscando a los dueños y sus herederos, "una de las prioridades del Gobierno".

Desde la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca, impulsada y presidida por Policarpo Sánchez se defiende la misma idea que desde el Ministerio. Por eso, Sánchez presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) una demanda que fue admitida a trámite en marzo pasado en el sentido de que se devuelvan los documentos que no han sido retornados a sus dueños y los que a su entender salieron ilegalmente del centro salmantino, ya que no fueron incautados en Cataluña. La Generalitat presentó alegaciones que el alto tribunal catalán pero esté las ha desestimado esta misma semana. Por eso, el gobierno catalán tiene menos de 19 días para contestar la demanda. Desde la Generalitat aseguran que la decisión del TSJC "solo reconoce que la Asociación está legitimada para presentar la demanda, nada más".

Este mismo viernes el portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago se ha sumado a la petición de que se “cumpla” y “devuelva” desde Cataluña la documentación tras manifestar que “el Gobierno catalán se está acostumbrando a no cumplir la ley".