El juicio del Códice se enfanga en un aluvión de facturas del electricista

Las puertas de los juzgados de Santiago, atoradas hace una semana de enviados especiales y unidades móviles que empezaban a hacer guardia a las siete de la mañana para entrar en directo en un sinfín de programas, amanecen ahora desiertas porque el interés por el caso Códice se ha desplomado y -con excepción del electricista, su familia y la catedral- apenas importa a nadie lo que pase allí. Ya no es necesaria hoy la nube de policías nacionales que custodiaban la entrada, y los guardias civiles encargados del control de accesos les conocen de sobra la cara a los pocos periodistas que siguen yendo a diario. El juicio (que la primera semana sorprendió cuando el supuesto ladrón que en su día había confesado se declaró completamente inocente, o cuando desde el seno de la propia Iglesia se reconoció que se ocultaba la desaparición de millones de euros) se ha quedado reducido a una cuestión de facturas. La abogada de José Manuel Fernández Castiñeiras, y de su mujer y su hijo (que también se sientan en el banquillo por un supuesto delito de blanqueo) se lo juega todo a demostrar que el que fue electricista autónomo de la catedral de Santiago trabajaba sin tregua, y que la fortuna amasada procede en buena parte de lo que cobraba por ello a los curas.

La finalidad es salvar lo que pueda del dinero incautado en los registros policiales (1,7 millones) y las dos propiedades inmobiliarias de la familia que podrían ser subastadas para saldar el supuesto lavado de capitales (el ático en A Lanzada y el piso del hijo en Milladoiro). Por eso las preguntas de la letrada a los testigos tienen como objetivo demostrar la autenticidad del aluvión de facturas que presentó como prueba durante la instrucción. La mayor parte del tiempo se va en buscar los folios dentro del sumario y en exhibírselos a los canónigos que van pasando por la sala para que admitan que es su firma la que va al pie de los documentos de cobro. Y casi todas las veces lo hacen: en su momento dieron el visto bueno a numerosas facturas que les iba presentando el electricista por trabajos en las áreas que les correspondían dentro de la catedral. Fueron muchísimas, incluso varias cada mes durante años, aunque la abogada Carmen Ventoso no ha podido presentar originales de todas ellas, sino fotocopias, y el letrado de la acusación, José Antonio Montero, puso ayer en duda varias por aparecer duplicadas o sin firmar. “No tenemos un archivo de todos los originales de los documentos que demuestran lo que este señor ganó desde 1970”, protestó la defensa.

De todas formas, el vetusto sistema eléctrico de la basílica compostelana fallaba mucho y requería constante atención. Lo confirmaron ya varios religiosos. “La catedral es un monstruo, con todo el aparato técnico que requiere”, llegó a describir Alejandro Barral, que fue canónigo presidente de la Comisión de Cultura y director del museo. Cuando el cabildo acordó despedir al autónomo y le notificó que en adelante prescindía de sus servicios, según Barral “no fue porque no estuvieran satisfechos” con Castiñeiras: “No fue un asunto de malquerencia sino de necesidad técnica lo que produjo el cambio”. Querían confiar el mantenimiento eléctrico a una empresa “porque era necesaria una atención de 24 horas los 365 días del año”.

Entre los trabajos facturados, que pagaba siempre el administrador en mano, hay muchos por valor de entre 200 y 400 euros, pero también otros de presupuesto más alto, como uno del año 2000 por importe de más de 1,2 millones de pesetas. El canónigo Ramiro Calvo, que también compareció como testigo, contó que Castiñeiras hacía muchos trabajos por iniciativa propia. Los religiosos llamaban a su exelectricista “cuando necesitaban algo”, aunque “prácticamente siempre actuaba por su cuenta, porque para eso estaba ahí", dijo el sacerdote: “Él andaba por allí y él veía lo que había que arreglar”.

Junto a la ingente documentación que blande Ventoso para demostrar todos los servicios prestados por el electricista, hay varios contratos que la Iglesia no reconoce. Considera que fueron redactados por el propio Castiñeiras en su constante empeño por conseguir regularizar su situación laboral con un puesto indefinido (o “vitalicio”, como llega a recoger uno de los presuntos contratos). Lo intentó tanto en la catedral como en el seminario mayor. Ayer, Manuel Ferreiro, antiguo rector de esta institución eclesial, reconoció su firma en un contrato que presentó en su día Fernández Castiñeiras para pedir a otro rector posterior una indemnización por despido. No obstante, Ferreiro negó con rotundidad haber rubricado ese escrito porque él no se encargaba de eso, sino “la gestoría”, y nunca había “contratado a ninguna persona”. También rechazó la autenticidad de un presupuesto para electrificar el claustro con membrete de una firma compostelana de instalaciones eléctricas que supuestamente habría subcontratado los trabajos a Castiñeiras. Ese contrato no fue posible porque, durante el tiempo que él fue rector, el seminario “rompió relaciones” con esa conocida empresa de la ciudad. La abogada llegó a llamar a Castiñeiras a su mesa para que confirmase si el sello que aparecía en el papel era el del seminario mayor, y el electricista dijo que sí. Efectivamente, era uno de los sellos del seminario, pero Manuel Ferreiro, que había sido solicitado como testigo por la defensa, volvió a poner en evidencia los papeles: “Mientras fui responsable, este sello no rigió. Lo recuperaron después de irme yo”.

Entre las personas que testificaron ayer, también lo hizo Ramón Yzquierdo, director técnico del Museo Catedralicio. Reconoció varias carpetas de documentos correspondientes a su departamento que habían desaparecido y fueron halladas en los registros del domicilio habitual de Castiñeiras. “Noté bastantes veces que faltaba documentación que le llevaba al deán de entonces, José María Díaz”, explicó. “De hecho, al final no le llevaba nunca los originales porque le desaparecían. Hubo que repetir documentos bastantes veces”.