La Guardia Civil ve desvío de fondos en una comunidad de regantes

“Esta importante licitación de más de 61 millones (...) se encuentra amañada desde su inicio”. La Guardia Civil tiene claro que el concurso público para modernizar la red de riego de la comunidad de regantes Marismas del Guadalquivir en la provincia de Sevilla fue fraudulento. Tras investigar durante dos años, los agentes han concluido que dicha comunidad de regantes desvió 1,5 millones de euros procedentes de las subvenciones públicas que recibió de la Unión Europea y la Junta, con la connivencia de cargos del Gobierno andaluz, y han remitido un atestado al titular del Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez, para impulsar la investigación.

Los agentes acusan a 15 personas, entre ellos funcionarios y dos ex directores generales de Regadíos de la Junta, de malversación, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad, fraude a la subvención y un delito contra la Hacienda Pública. El atestado policial destila contundencia: “Todas y cada una de las personas que han intervenido en ella, director de obra, empresa contratista, inspector facultativo y director general de Regadíos, falsean documentos públicos y privados sin ejecutar obra alguna, con el único fin de certificar la anualidad correspondiente, en total más de 5,5 millones entre ejecución de obra y dirección de obra”.

Los agentes solicitan al juez que cite a declarar a 15 cargos y agricultores

El fraude está cifrado de momento en 1,5 millones, una cantidad que puede aumentar dado que las pesquisas están abiertas. Mientras, la Junta reclama a la comunidad de regantes 31 millones y la UE, otros 11 millones. Unos fondos que ambas Administraciones aportaron y consideran que no fueron justificados en tiempo y forma en esta obra iniciada en 2004 e inconclusa —hoy día al 60% de su ejecución— cuyo fraude deben afrontar ahora los mil agricultores socios. La Guardia Civil concluye que se falsificaron facturas, informes y certificaciones con el único objetivo de justificar gastos no realizados para obtener subvenciones.

Los agentes del equipo de Delincuencia Económica han peinado la documentación oficial de la obra, además de tomar declaración a los implicados y analizar las conversaciones grabadas de manera oculta por la dirección actual de la comunidad de regantes con algunos de los acusados. Además, los investigadores han seguido el rastro de los movimientos de las cuentas bancarias de los regantes y han identificado un plazo fijo bancario de 412.955 euros procedente de la subvención, que debió haber sido devuelto o detraído de la ayuda; un traspaso de dinero a otra cuenta por 609.920 euros para pagar gastos corrientes de la entidad; y un préstamo por 33 millones para pagar certificaciones al contado, lo que devengó intereses innecesarios y un perjuicio de 500.000 euros.

Entre los acusados sobre cuya imputación decidirán ahora el fiscal y el juez del caso, destacan los ex directores generales de Regadíos de la Consejería de Agricultura Francisco Ruiz y Tomás Martínez por prevaricación y tráfico de influencias respectivamente.

El concurso público para ejecutar la obra, estimado en 60 millones, se amañó supuestamente para lograr que dos constructoras locales, Meci y Tegner, participaran de la UTE (Unión Temporal de Empresas) ganadora, liderada por la mercantil Befesa. Ello a pesar de que no había presentado la mejor oferta ya que fue votada por los técnicos en cuarto lugar; y además el primer concurso fue anulado porque una de estas empresas locales incumplía las normas de la convocatoria.

El atestado policial les achaca delitos como malversación y falsedad

Los agentes achacan a los responsables de la Consejería de Agricultura, así como de su delegación provincial, “un interés de todos estos funcionarios y cargos públicos de que las obras las ejecute la mercantil Befesa”. Diferentes miembros de la mesa de contratación han mencionado dicho interés de la Junta porque esta empresa se alzara con el concurso público.

La Guardia Civil ha estudiado los indicios aportados por la cúpula actual de la comunidad de regantes, entre ellos algunos que apuntan a un supuesto cohecho a través de un listado de personas beneficiadas en una reunión y la compra de varios vehículos Mercedes con matrículas consecutivas para, entre otros, el expresidente de la comunidad de regantes Diego García Santos. Además, el atestado subraya que los miembros de la mesa de contratación viajaron a Israel, Turquía, Bruselas y París antes de la adjudicación del contrato. Sin embargo, las diligencias no han dado resultado y por tanto permanecen como meras sospechas.

Al margen de todos los directivos de la comunidad de regantes, varios funcionarios y los dos ex altos cargos de la Junta, están acusados el gerente de la UTE Manuel Gámez y el presidente de la mesa de licitación, Cristóbal Díaz.

En su anterior atestado del pasado abril, la Guardia Civil pidió la imputación del diputado socialista y ex director general de Regadíos José Luis Sánchez Teruel, al que acusaban de tráfico de influencias, actividades prohibidas a funcionarios y abusos en el ejercicio de sus funciones. Los agentes subrayaban que se concertó supuestamente con cuatro personas para beneficiar a Befesa y propiciar una certificación con 1,5 millones de más. El actual secretario general del PSOE en Almería, aforado, no figura en este nuevo atestado, aunque sí en las declaraciones de varios exdirectivos de la comunidad de regantes, que le acusan de una supuesta oferta de 12 millones para acabar las obras atascadas.

Este admite que en 2008 acudió a una asamblea de los regantes, pero niega dicha oferta: “No sé si se han puesto de acuerdo [los directivos] en su versión, pero solo les dije que debían cumplir con la ejecución de la obra”.