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Cuatro empresas se repartieron los grandes contratos de basura

Competencia impone multas millonarias a FCC, Ferrovial, ACS y Sacyr por pactar las licitaciones de residuos y limpieza viaria del Ayuntamiento

Acumulación de basura en el centro de Madrid durante la huelga de noviembre de 2013. Ampliar foto
Acumulación de basura en el centro de Madrid durante la huelga de noviembre de 2013.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha constatado “múltiples contactos” entre las empresas que se disputan y gestionan los principales contratos de servicios de la capital (recogida de basuras, limpieza viaria, etcétera), y ha acreditado conductas irregulares (“contactos, acuerdos, pactos, etcétera”) para compartir “información sensible”, repartirse licitaciones públicas o influir en ellas según sus intereses empresariales.

La resolución conocida ayer afecta a la gestión de residuos industriales, la recuperación de papel y cartón y el saneamiento urbano; este último apartado comprende desde la recogida de basura hasta el reciclaje, la incineración o la obtención de biogas en el vertedero de Valdemingómez; y, además, la limpieza viaria, el cuidado de parques, etcétera.

Las principales empresas del sector son Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), Ferrovial (a través de su filial Cespa), ACS (a través de Urbaser) y Sacyr (a través de Valoriza). También se ha investigado a la firma Valdemingómez 2000 (propiedad en un 40% de Sacyr, un 40% de ACS y un 20% de Ferrovial) por sus contratos en el vertedero; y a la Asociación de Empresas de Limpieza Pública, en la que están representados los cuatro grupos.

La investigación tiene alcance nacional e implica a 39 empresas y tres asociaciones sectoriales, a las que se impone una multa conjunta de 98,2 millones de euros. En el caso de los cuatro grandes grupos, la sanción equivale al 3% de sus ventas durante el periodo investigado: 23,3 millones a ACS, 16,8 millones a FCC; 15,3 millones a Sacyr; y 13,6 millones a Ferrovial. Estas empresas han avanzado que recurrirán ante la justicia.

En lo referido a la Comunidad de Madrid, la CNMC ha acreditado prácticas de reparto de mercado en la gestión de residuos industriales entre 2010 y 2013. Participaron, entre otras FCC y ACS (a través de Sertego, una filial de Urbaser), y afectan, por ejemplo, a la explotación de la planta de residuos industriales de Valdebebas. También aparecen en el expediente las siguientes conductas:

Hay irregularidades en Valdemingómez y en la gestión del papel y el cartón

-Papel y cartón. La CNMC acredita “contactos” entre empresas competidoras “con objeto de evitar luchas comerciales por clientes”. Señala al Grupo Saica (con sede en Zaragoza), Irmasol y Solín (ambas, con sede en Alcorcón) por sus conductas en la Comunidad en Madrid en 2012.

Además, analiza la venta de papel y cartón procedente de la recogida selectiva en la capital, que gestiona la Asociación de la Recuperación y el Reciclado de Madrid (Arema) merced a un convenio firmado con el Ayuntamiento en 2000 y renovado en 2005.

La CNMC cree que opera como un monopolio, y cuenta con documentación que afirma que el precio recibido por el Ayuntamiento “es inferior al pagado” en otros municipios del país.

-Valdemingómez. En enero de 2012, el Ayuntamiento de Madrid licitó la explotación de las plantas de biometanización del vertedero de Vademingómez. Esperaba obtener ingresos millonarios por la venta del gas metano obtenido de la basura en unas instalaciones construidas en 2009, que costaron 78,6 millones de euros y hasta entonces seguían en pruebas.

Una planta se la adjudicó FCC; otra, ACS y Sacyr; pero la instalación de tratamiento, fundamental en el proceso, quedó desierta.

Pues bien, según la CNMC, Ferrovial, ACS y Sacyr “alcanzaron un acuerdo sobre la licitación”. Entre otras cosas, pactaron exigir al Ayuntamiento unas condiciones diferentes para la planta de tratamiento. No se presentaron al concurso, que quedó desierto, de forma que la planta siguió en manos de ACS, que la había puesto en marcha, pero sin contrato.

 

Pactos, despidos y calles sucias

B. G. G.

La CNMC considera que la Asociación de Empresas de Limpieza Pública (Aselip) hacía recomendaciones colectivas a sus socios (entre ellos, ACS, FCC, Sacyr y Ferrovial), lo que les permitía unificar posturas en los concursos públicos, que precisamente lo que buscan es aprovechar la competencia de empresas para ahorrar dinero al ciudadano.

La investigación desvela un ejemplo de esta conducta: el 5 de octubre de 2011, el Ayuntamiento de Madrid licitó el contrato del Servicio de Limpieza Urgente (Selur). Justo una semana después, las cuatro grandes empresas se reunieron en la sede de Aselip y acordaron no presentarse al concurso, que un mes después quedó desierto. Se volvió a licitar en julio de 2014 por una cantidad económica superior; se lo quedó ACS.

La CNMC recoge además conductas relacionadas con los dos contratos más polémicos del Ayuntamiento de Madrid. En noviembre de 2012 se licitó el servicio de recogida de basura en los distritos de la periferia, y el servicio integral de limpieza viaria y parques. FCC elaboró entonces un informe sobre ambos contratos con dos escenarios: “Sin acuerdo y con acuerdo”.

FCC, ACS y Ferrovial “intercambiaron una versión de un acuerdo de licitación conjunta” para el servicio de basuras, pero finalmente convinieron no presentarse. Así, quedó desierto y FCC siguió prestándolo por una prórroga del contrato anterior.

Respecto al servicio de limpieza viaria, terminaron repartiéndoselo Sacyr, FCC, Ferrovial y la constructora OHL. ACS se quedó fuera. Las concesionarias anunciaron cientos de despidos, lo que provocó una huelga en noviembre de 2013; el conflicto se zanjó con recortes temporales de empleo que el Ayuntamiento admite que han contribuido a empeorar el servicio.

Sobre la investigación de la CNMC, fuentes municipales han indicado que el Ayuntamiento “es el perjudicado”, pues “sólo puede valorar cada oferta pero no saber si hay un tipo de pacto colusivo previo para repartirse los contratos”. El líder municipal socialista, Jaime Lissavetzky, aseguró ayer que no descarta “llegar a los tribunales” para aclarar estas conductas.

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