ERC avala las cuentas de CiU con 88 millones más para el área social

Convergència y Esquerra han alcanzado un acuerdo que permitirá la próxima semana aprobar los Presupuestos en el Pleno del Parlament. El pacto se basa en la creación de un fondo extraordinario de 100 millones de euros que se invertirá básicamente en el área social (88,5 millones) y el resto (11,5) en estructuras de Estado ante la eventualidad de que Cataluña se convierta en un Estado independiente. La Generalitat ha confeccionado para este 2015 un presupuesto de 20.943 millones de euros -descontado ya el gasto financiero y los pagos en diferido- del que un 71,17% se destinaba a área social. Con el acuerdo, el porcentaje en inversión social aumenta solo un 0,4%. Las dos formaciones han celebrado el pacto que excluye al departamento de sanidad.

La partida, vinculada a los ingresos generales de la Generalitat, procede del ahorro en gasto financiero del Fondo de Liquidez Autonómico y del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que se calcula en 600 millones. La principal novedad del documento es la confirmación de la devolución de la paga de los funcionarios de 2012, la dotación de 10 millones de euros al fondo de pobreza energética –hasta ahora vacío-; la creación de nuevas becas comedor para niños de cero a tres años –tres millones- y la inversión de 11,5 para el plan director de las futuras Hacienda Catalana o de la Agencia de Seguridad Social Catalana.

Pere Aragonés, diputado de Esquerra, ha señalado que el acuerdo contenta las aspiraciones de su partido, que pretendía básicamente imprimir a las cuentas de este ejercicio un carácter social y enfocarlas con vistas al 27 de Septiembre en el caso de que los ciudadanos catalanes voten a favor de una Cataluña independiente. El pacto tiene tres patas: el gasto social citado; un acuerdo sobre la función pública –que incluye la devolución de la extra y la eliminación de las dietas para los altos cargos de la Generalitat por asistir a órganos colegiados- y el citado de las estructuras de Estado.

El paquete social se desglosa así: Bienestar Social absorberá el 31,4% del total (17 nuevos millones para la dependencia; 4 millones para crear plazas de personas discapacitadas en residencias; los 10 millones de la pobreza energética). El área de Ocupación recibirá el 23% del fondo social: se aumenta en 12 millones la Renta Mínima de Inserción, con un complemento de cuatro millones para facilitar a los afectados su vuelta al mundo laboral. Educación administrará el 28% del fondo que dedicará a aumentar el número de técnicos de educación infantil; se incrementa en cinco millones los presupuestos para escuelas de música municipales; la creación de las becas comedor con 3 millones de euros y obras en centros escolares por valor de seis millones. Y, por último, la asignación de seis millones para familias en situación de emergencia social por desahucio o dificultades para pagar el alquiler.

El acuerdo permitirá retirar las enmiendas a los Presupuestos y a la Ley de Acompañamiento de los mismos. El capítulo de estructuras de Estado contempla la creación del plan director de la Hacienda Catalana, que aumentará en 10 millones su presupuesto (de 44 a 54 millones); la creación de un inventario de bienes públicos; la creación de la Agencia Catalana de la Seguridad Social; de la Sindicatura Electoral y una agencia de seguridad nuclear, contemplado ya hace dos años. “Va a ser un no parar de hacer cosas”, ha dicho Turull. El republicano Lluís Salvador ha quitado hierro a las declaraciones que hizo la semana pasada el consejero de la Presidencia, Francesc Homs, que mostró sus dudas de que la Agencia esté lista este año. “No es imprescindible. No es un impedimento. La cuestión es ir trabajando para ponerlas en marcha y que esté lista cuando declaremos la independencia”, ha señalado.

El aumento del gasto social va en sintonia con la petición que desde hace tiempo realiza la Mesa del Tercer Sector. No tanto así las cantidades. Su presidenta Àngels Guiteras tildó el acuerdo de paso en la buena dirección pero “muy pequeño”. La entidad pidió conocer más detalles sobre si, por ejemplo, el dinero destinado a la dependencia repercutirá en acabar con la lista de espera o asumir los nuevos 52.000 beneficiarios de grado I que entrarán en el sistema en junio. El aumento en la RMI implicaría más de 2.000 nuevos receptores, lejos de las 34.000 familias catalanas que la Mesa calcula que carecen de ingresos.