La juez pregunta al ‘expresident’ sobre el origen de la fortuna

Primero lo hizo a través de una carta pública. Después, en el Parlamento catalán. Mañana, por tercera vez en seis meses, Jordi Pujol dará explicaciones sobre el origen de la fortuna familiar, pero en un escenario más incómodo: un juzgado de instrucción. El hombre que dirigió la Generalitat entre 1980 y 2003 declara como imputado por blanqueo de capitales y fraude fiscal junto a su esposa, Marta Ferrusola, y tres de sus hijos (Marta, Mireia y Pere). El fiscal y la juez tratarán de averiguar si, como sospechan, Pujol mintió al afirmar que el capital oculto durante 34 años en Andorra procede de una herencia paterna.

Los cinco miembros de la familia Pujol comparecerán, a partir de las 10 de la mañana, ante la titular del Juzgado de Instrucción Número 31 de Barcelona, Beatriz Balfagon. Su sustituta abrió la investigación tras recibir una querella de Manos Limpias. El sindicato acudió al juzgado después de que, el 25 de julio, Pujol confesara el patrimonio oculto al fisco. Aquel comunicado dejaba muchas preguntas en el aire: cuánto dinero, dónde estaba y cuál era su origen. La investigación ha despejado las dos primeras incógnitas: son unos cuatro millones de euros depositados en la Banca Privada de Andorra y ya regularizados.

Las dudas sobre la génesis del dinero persisten. Pujol se limitó a afirmar entonces que fue legado por su padre Florenci, quien lo había ganado “fruto de una actividad económica de la que ya se ha escrito y comentado”. Florenci dejó esa fortuna —que no consta en el testamento— a su nuera y sus siete nietos, pero no a Pujol.

La lluvia de querellas que siguió a la confesión apuntaba en una dirección: el dinero acumulado por la familia nada tiene que ver con una herencia sino, previsiblemente, con el cobro de comisiones ilegales en su etapa como máximo responsable del Gobierno catalán. Al fin y al cabo, los investigadores han hallado indicios de mordidas durante la larga etapa de CiU; por ejemplo, en el caso del Palau de la Música. Los querellantes, sin embargo, no han podido aportar pruebas concretas en el caso Pujol y han pretendido, sin éxito, que se investigue a la familia por delitos de corrupción. En un auto dictado el pasado diciembre, la magistrada limitó la investigación a dos delitos —fraude fiscal y blanqueo— y dejó claro que no había elementos para ahondar en el cobro de comisiones. Al menos, por ahora.

El expresident se ajustará al guion trazado por sus abogados, Cristóbal Martell y Albert Carrillo. La línea de defensa consiste en señalar que el propio Pujol jamás ha tenido fondos en el extranjero —se limitó a decir que su familia los había tenido y que él no supo gestionar la situación— y en sostener que la regularización es total e impoluta, por lo que no cabe hablar de delito fiscal. A su favor juega la nula ayuda que, por ahora, han prestado al caso las autoridades de Suiza y Andorra, a las que la juez había solicitado información bancaria.

El camino de Pujol, sin embargo, no está libre de obstáculos. Aunque “no cabe presumir que el origen de los fondos sea ilícito”, dice la juez, no puede “aceptarse a ciegas, sin realizar ninguna comprobación”, que el dinero procede de una herencia. En su último auto, en el que mantiene imputados al expresidente y a su familia, la magistrada precisa que, hasta ahora, las explicaciones de Pujol han sido “incompletas y contradictorias” y ve “sospechoso” que el dinero provenga de una herencia de 1980.