Los arquitectos piden volver a la idea inicial de la Ciudad de la Justicia

El Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) no ve nada claro el modo en que la Comunidad de Madrid quiere reactivar la Ciudad de la Justicia, el desarrollo urbanístico del barrio de Valdebebas donde se agruparán todas las sedes judiciales dispersas por la ciudad. El Gobierno de Ignacio González, del PP, anunció el pasado noviembre —tras dos intentonas fallidas de poner en marcha la idea, antes denominada Campus de la Justicia— que retomaba este proyecto. Cuando esté acabado, está previsto que por él pasen cada día unas 25.000 personas, entre ciudadanos y profesionales del sector. De hecho, allí se erigirán, según los planes gubernamentales, el Tribunal Superior de Justicia, la Audiencia Provincial, la Fiscalía Superior y Provincial y todos los órganos del partido judicial de Madrid.

El colegio dice que “hay que reutilizar” los edificios aprobados en 2005

De esta manera, quedarían agrupados 356 entidades judiciales, actualmente dispersas en 28 sedes. La obra, al menos esa es la idea, se sacará a concurso este año y el adjudicatario levantará el complejo antes de 2019. Posteriormente, cobrará a la Comunidad un canon anual de unos 44 millones durante 30 años. ¿El beneficio? Pues el Gobierno regional dejará de pagar los alquileres que actualmente abona por sus actuales sedes judiciales y en tres décadas tendrá en propiedad la Ciudad de la Justicia.

 Sin embargo, el Colegio de Arquitectos de Madrid le pone muchos peros a esta pretensión del Gobierno. De hecho, el COAM ha presentado unas duras alegaciones donde recuerda que este desarrollo urbanístico ya fue sacado a concurso en 2005, durante el Gobierno de Esperanza Aguirre, y acudieron estudios profesionales de todo el mundo. Fue ganado por los arquitectos Frechilla y López-Peláez: habría 14 edificios circulares.

El 1 de febrero de 2007, arrancaron las obras, pero poco después estalló la burbuja inmobiliaria y solo se pudo levantar una edificación: el Instituto de Medicina Legal, un enorme medio huevo que quedó varado en mitad de un yermo al pararse los trabajos. El gasto de la fallida operación fue superior a los 100 millones de euros. Posteriormente, en 2012 se intentó recuperar la idea del campus, pero con edificios más baratos y pequeños. Tampoco hubo dinero suficiente y la idea volvió a quedar en dique seco.

Pero la nueva propuesta —que un adjudicatario levante los edificios y que la Comunidad pague un alquiler— no es del gusto de los profesionales. En sus alegaciones argumentan que el concurso internacional ya fue adjudicado y que es “absurdo tirarlo a la basura”, según explica el decano del COAM, José Antonio Granero.

“Los arquitectos [ganadores en 2005] deben continuar el proceso de diseño y ejecución hasta el mismo final, aceptando los ajustes necesarios para garantizar su viabilidad económica, así como los posibles cambios que se propongan con el objeto de reducir un abaratamiento real tanto de construcción como de operación y mantenimiento”, dice la entidad colegial. “Lo que no tiene sentido”, añade Granero, “es que una adjudicataria levante el complejo sin que la Comunidad le señale exactamente sus necesidades.

La constructora reducirá costes cumpliendo los requisitos mínimos —número de despachos, de juzgados o de plazas de garaje—, pero no hará un proyecto integrado en la ciudad y que quedé como ejemplo de arquitectura para las siguientes generaciones. Nosotros, el colectivo de profesionales de la arquitectura, estamos dispuestos a ayudar. No queremos construir granjas de gallinas que pueden ser muy funcionales y que cumplen los requisitos, pero que son un ejemplo de integración urbana”.

El COAM argumenta que su propuesta es “responsable” porque continuar con los equipos iniciales (los que ganaron el concurso hace 12 años) acorta los plazos de ejecución y “reutiliza lo existente”. Los arquitectos sostienen que esta reutilización refuerza “la Marca Madrid, ya que garantiza costes bajos de construcción, operación y mantenimiento”.

Igualmente, recuerdan que “la administración de tantos equipos —no habría uno único de la adjudicataria, sino uno por cada uno de los edificios— no es complicada, porque al tratarse de edificios exentos y separados permite el desarrollo de los mismos con independencia”.

Finalmente, aseguran que si se mantienen los planes iniciales de 2005 se ahorrará mucho tiempo, ya que “no hay que modificar el planeamiento y se puede aprovechar en parte la tramitación de las licencias”. Concluyen afirmando que “cualquier modificación del plan inicial crea incertidumbres y requiere una nueva tramitación que durará muchos meses”.