La Xunta se desmarca del fiscal en su petición de una unidad anticorrupción
El Gobierno gallego dice que Carlos Varela nunca le ha pedido ayuda ante Madrid
Como lleva haciendo desde hace varios años cada vez que presenta la memoria anual sobre la actividad de la Fiscalía Superior de Galicia, su titular, Carlos Varela, volvió a reclamar ayer en el Parlamento gallego una mayor especialización en la lucha contra la corrupción y los delitos fiscales complejos. La petición recurrente del fiscal jefe en ese y otros foros de una unidad específica anticorrupción en Galicia como las que ya existen en otras comunidades no ha logrado aún una respuesta favorable por parte de quien puede crearla, la Fiscalía General del Estado, ni en la etapa de Cándido Conde-Pumpido ni en la del recién dimitido Eduardo Torres Dulce. Pero tampoco ha logrado hasta el momento el apoyo oficial de la Xunta, según admitió ayer el propio Gobierno gallego en la misma Cámara. “Si nos solicita que lo apoyemos o que nosotros lo solicitemos, no tenemos ningún problema”, dijo el director general de Xustiza, Juan José Martín, pero “hasta ahora”, añadió, “no hay ningún escrito a la Xunta pidiéndolo”.
En su exposición de la memoria anual de la Fiscalía, Carlos Varela, en el cargo desde 2007 y cuya continuidad se decidirá en las próximas semanas, reiteró las tres principales medidas a adoptar en la lucha contra la corrupción que viene defendiendo desde hace años. Apostó por reforzar el papel de los secretarios e interventores en el ámbito municipal, por crear una sección especializada en el Consello de Contas y por un “nuevo modelo de investigación basado en la especialización y la independencia”. “El Estado de Derecho necesita medios especializados para defenderse”, dijo, e insistió en la necesidad de dar “una respuesta diferenciada a la criminalidad compleja respecto de la pequeña y media criminalidad; el ministerio público y los órganos judiciales necesitan, en nuestra comunidad autónoma, de estos medios para poder cumplir eficazmente con sus obligaciones”.
Invocación al Apóstol para frenar los escándalos
El alcalde de Santiago, Agustín Hernández, pidió ayer al Apóstol Santiago que “acompañe” a la sociedad en “la tarea de luchar sin límites contra la corrupción” para “tratar de erradicarla definitivamente de la vida política y social”. Hernández, que llegó a la alcaldía tras una larga crisis institucional en el Ayuntamiento compostelano provocada por sucesivos casos de corrupción protagonizados por compañeros del PP, actuó como delegado real de Felipe VI en el acto religioso de la Traslación de los supuestos restos del Apóstol que se celebra cada 30 de diciembre en la catedral de Santiago.
El regidor compostelano pidió ayuda al Apóstol para construir una “sociedad más fraternal e igualitaria”, en la que el “derecho al trabajo y a la vivienda” sigan siendo “objetivos prioritarios”. Y para los que, como él, tienen “la obligación y la responsabilidad de gobernar”, Hernández pidió “prudencia” y “sensibilidad” para “atender antes a quien más lo necesita”. “Aunque lo tratamos de hacer, no siempre es fácil acertar completamente”, dijo el alcalde.
Por su parte, el arzobispo de Santiago, Julián Barrio, defendió que la fe cristiana “sólo podrá ser vivida y operante” en el ser humano en la medida en que se erradique de la sociedad “todo egoísmo, toda corrupción como actitud de quienes están dispuestos a cualquier cosa para enriquecerse, toda ambición propia y toda comodidad irresponsable”. Barrio pidió la intercesión del Apóstol para guiar a la sociedad actual y dedicó un especial recuerdo para las “personas y familias que están padeciendo las consecuencias de la crisis económica”.
Tras la exposición de Varela, por la misma comisión del Parlamento pasó el director general de Xustiza a responder una pregunta formulada por AGE sobre las gestiones realizadas por la Xunta para que Galicia cuente con una fiscalía anticorrupción. Desde la misma silla que había ocupado pocos minutos antes Varela, Juan José Martín recordó que la competencia para crear la unidad es de la Fiscalía General del Estado y que la Xunta solo puede “desarrollar las gestiones que son demandadas por la fiscalía”. Martín destacó que en ninguna de las reuniones de trabajo que un par de veces al año mantienen el Gobierno gallego y la Fiscalía Superior de Galicia se pidió el apoyo de la Xunta. “Son los fiscales presentes los que plantean el orden del día”, indicó el director general, para añadir que “hasta ahora nunca se suscitó esta cuestión”. “Si nos solicita que apoyemos o que nosotros lo solicitemos, no tenemos ningún problema”, sentenció Martín.
Yolanda Díaz, viceportavoz de AGE, intentó que el director general concretase si la Xunta “está de acuerdo en crear” la unidad especializada o si, por el contrario, presenta “resistencias” a esa figura. Martín eludió la pregunta insistiendo en responsabilizar al fiscal de que la cuestión “nunca fue introducida” en sus reuniones.
La intervención previa de Varela ya había contado con una réplica de la diputada popular Paula Prado, imputada a raíz del caso Pokémon, quien elogió los esfuerzos de la Xunta por dotar a la justicia de los medios materiales para realizar su trabajo.
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