Público o privado

Finalmente —y afortunadamente— se ha creado una corriente muy mayoritaria de exigencia de regeneración y limpieza de nuestra sociedad, especialmente de su componente político. Para evitar los maquillajes o las simples simulaciones, pero también las posibles exageraciones, sería bueno que tuviéramos claros algunos criterios a la hora de utilizar las palabras y de analizar los comportamientos de las personas para ver si se corresponden a las funciones y a los objetivos que se les atribuyen por el papel que en cada momento tienen en la sociedad. Intentaré aportar mi visión de algunos casos concretos.

Sector público y sector privado. Creo que esta división radical responde a una simplificación excesiva y tiene el peligro de confundir los intereses colectivos con los intereses privados. Me gusta hablar de cuatro tipos de actividades que hay que considerar de forma distinta: 1. Trabajar para intereses colectivos desde el sector público (política). 2. Trabajar para intereses colectivos desde organizaciones del sector privado sin afán de lucro (Tercer Sector Social, ONG, fundaciones). 3. Trabajar en organizaciones empresariales con afán de lucro (empresas, cooperativas, profesionales liberales…). 4. Gestionar intereses públicos en entidades o empresas de capital público. En todos y cada uno de estos casos existen reglas, normas, incentivos y objetivos que permiten hacer el juicio de una actuación, pero no son los mismos. Veamos:

Política. En este campo la regla fundamental es que el político debe estar al servicio de los ciudadanos que le han encomendado que les represente y que han aceptado los objetivos que les ha propuesto. Sus actuaciones deben estar dirigidas a la consecución de estos objetivos colectivos, y su actuación no debería entrar en contradicción con ellos, excepto que las circunstancias coyunturales le obliguen a cambiarlos (cambio que si es importante requeriría una consulta previa…).

Hay que separar aquellas organizaciones no mercantiles que prestan servicios sociales sin afán de lucro, de aquellas empresas que son concesionarias de servicios públicos

Una de las desviaciones intolerables es la ocultación o la mentira, ya que rompe radicalmente la confianza en la que está basada la representación obtenida. La otra, más evidente aún, es la anteposición de intereses personales o de partido a los generales; y en casos muy graves, la satisfacción de intereses particulares a cambio de un lucro personal, o la utilización de dinero público para finalidades particulares. Estos últimos aspectos son los que normalmente se conocen como corrupción, pero yo pienso que la corrupción debería incluir también otros casos.

Tercer sector social. Es un ámbito de un gran valor, a apoyar y extender. Pero en él operan a veces organizaciones que no responden a lo que su nombre indica. Hay que separar claramente aquellas organizaciones no mercantiles que prestan servicios sociales sin afán de lucro, de aquellas empresas que son concesionarias de servicios públicos pero que, legítimamente, buscan a través de esta actividad un beneficio económico. En estos casos la obtención del beneficio puede entrar en contradicción con la calidad o la extensión del servicio, y por tanto las normas a través de las cuales se actúa no pueden ser las del mercado sino las que se fijen muy claramente en el “encargo” y se comprueben con regularidad.

La actitud del sector público frente a una y a otras debería ser distinta ya que es distinta su motivación. También debería clarificarse el papel de organizaciones diversas que toman la forma de fundaciones acogiéndose a este régimen, cuando son en realidad asociaciones sin capital fundacional, y que a veces obedecen a finalidades que no son exclusivamente de servicio público.

Cambio de sector. Es bueno ser exigente para evitar que personas con una trayectoria vital puramente política encuentren al final de la misma un acomodo en empresas privadas, simplemente para aprovechar su capacidad de relación personal. Esto es más claro aún si se trata de empresas privatizadas por Gobiernos anteriores en los que ellas participaron. Pero no creo que fuera bueno impedir que se pueda pedir a personas con una larga trayectoria de gestión en el sector privado que aporten su experiencia y capacidades al servicio de los intereses generales, como gestores de empresas o de intereses públicos, y que por tanto es lógico que una vez finalizada esta etapa puedan volver con toda naturalidad, y sin críticas, al sector privado.

Estas dos situaciones expuestas ponen de manifiesto tres problemas que hay que abordar: las dificultades de la “reincorporación” de los políticos al mundo privado (excepto los que tienen fortuna o posibilidad de conseguir una excedencia…); la creciente “inhibición” de muchas personas ante las ofertas de incorporación al sector público; y (en menor grado) los sistemas de retribución de los cargos de dicho sector, en comparación con el privado. La solución de los mismos podría mejorar la composición del sector público, y un mayor acercamiento al conjunto de la ciudadanía. Una importante consecuencia sería la desaparición del tópico de la “clase política”, que es la plasmación de este distanciamiento.

La deseada y proclamada “regeneración” pide muchos cambios legales y sociales. Pero también, entre otros, abordar los problemas indicados con rigor y sin demagogia.

Joan Majó, ingeniero y ex ministro.