Suspensión cautelar de la resolución sobre las agencias de colocación

El Gobierno vasco espera que "la decisión final vaya en este mismo sentido" porque considera "inadmisible" que se "usurpen" competencias

EFE

Vitoria - 22 dic 2014 - 19:01Actualizado: 22 dic 2014 - 19:08CET

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El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Bilbao ha suspendido cautelarmente la aplicación en Euskadi de la resolución en la que se establecen los requisitos de contratación con las agencias privadas de colocación de empleo en Euskadi. En concreto, esta resolución fue dictada el 17 de julio de 2014 por la Dirección del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y en la misma se señalaba que estas agencias se encargarán de intermediar en la inserción laboral de las personas desempleadas.

El Gobierno vasco recurrió esta decisión y ahora el juzgado ha ordenado sus suspensión cautelar hasta que falle sobre la demanda del Ejecutivo de Iñigo Urkullu. En un comunicado, el Departamento vasco de Administración Pública y Justicia ha celebrado esta decisión judicial y ha recordado que recurrió la resolución estatal porque Euskadi tiene transferida desde 2010 la competencia en materia de políticas activas de empleo. Por ello, cualquier decisión relativa a la mediación entre empresas empleadoras y personas desempleadas "le compete" al Servicio Vasco de Empleo, Lanbide.

En este sentido, ha mostrado su deseo de que la decisión judicial final le dé la razón porque es "inadmisible" que el Gobierno central "pretenda usurpar, una vez más, funciones que no le corresponden, complicando los flujos financieros públicos, confundiendo a la ciudadanía, y generando ineficiencias en el servicio".

En concreto, el recurso del Gobierno Vasco denunciaba que el SEPE incluyese a Euskadi entre las autonomías en las que estas agencias podrán actuar, "ninguneando" la transferencia de 2010 en materia de Políticas Activas de Empleo.

Se trata del segundo recurso que presenta Euskadi en esta legislatura por vulneración de la transferencia en materia de políticas activas de empleo. El anterior fue un recurso de inconstitucionalidad contra el Plan Prepara, por el que se prorroga el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo.

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