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Innova favoreció a una empresa que pagó sobornos a Josep Prat

El juez imputa a tres cargos por “doble facturación”, hinchar servicios y convenios ilegales

El expresidente del ICS cobró por concertar una reunión de un empresario con Boi Ruiz

Josep Prat, en la comisión del Parlament que investigó las irregularidades en la sanidad pública.
Josep Prat, en la comisión del Parlament que investigó las irregularidades en la sanidad pública.

Las investigaciones del caso Innova—el cúmulo de irregularidades cometidas en la sanidad catalana con epicentro en Reus— dieron ayer un nuevo salto cualitativo con un auto del juez Diego Álvarez de Juan, titular del Juzgado de Instrucción 3 de Reus, sobre el fraude en el servicio del transporte sanitario en las Tierras del Ebro. El escrito, que levanta el secreto de sumario sobre esta pieza separada y llega tras más de un año de investigaciones de la Guardia Civil, revela la existencia de una trama formada por directivos de Sagessa —la filial sanitaria de la antigua empresa municipal de Reus, Innova— y el propietario de la empresa Ambulàncies Baix Ebre (Ambulebre), Bernardo Coslado, detenido el pasado enero. El juez considera que los imputados han hinchado servicios, aplicado un sistema de “doble facturación” y contratado a la empresa con convenios “diseñados para que no hubiese ningún tipo de control y con evidente perjuicio de los intereses públicos”.

El auto, además, desvela el pago de supuestos sobornos al exdirector de Innova y expresidente del ICS, Josep Prat, por parte de Coslado —a razón de casi 5.000 euros al mes— para influir en el concurso público en marcha para adjudicar el transporte sanitario en Cataluña, dotado con 215 millones de euros. Entre las gestiones hechas por Prat, como ya avanzó EL PAÍS el pasado marzo, está al menos una reunión —el juez estima que “posiblemente” se celebraron más— celebrada entre Coslado y el consejero de Salud, Boi Ruiz, en febrero de 2012. Según el juez, “tal vez no sea extraño que el presidente del ICS concierte reuniones entre el consejero y un prestador de servicios de la Generalitat, pero sí lo es, e indiciariamente delictivo, que Prat cobre casi 5.000 euros [al mes] de este prestador de servicios”. Según el juez, “el pago de tales cantidades iban dirigidas, en realidad, a conseguir una posición ventajosa en el próximo concurso del transporte sanitario de la Generalitat”

Sobre el desvío de dinero a Ambulebre, el juez considera acreditado que la empresa logró hacerse irregularmente al menos con 640.295 euros solo en los años 2010 y 2011 gracias al papel de tres directivos de Sagessa —Lluis Nualart, Enric Agustí y Joan Benet— a los que el juez ha imputado por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Coslado ya está imputado en la causa tras ser detenido el pasado mes de enero por tráfico de influencias, cohecho, delito contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, prevaricación y malversación. Prat, detenido en febrero de 2013, está imputado en esta y otras partes de la investigación por estos delitos y estafa. El juez ha impuesto también a Coslado —que preside la patronal del sector en España— una fianza por responsabilidad civil de 1,2 millones de euros y le da cuatro días para ingresar el dinero, tras los que “se procederá al embargo de sus bienes”, según el auto.

Ambulebre cobraba 10.000 euros al mes por servicios que ahora da otra empresa por 3.100

La investigación arrancó tras descubrir los investigadores los pagos opacos de Coslado a Prat, que usó la sociedad familiar Wanplaiss para recibir el dinero por unos supuestos “trabajos de asesoramiento”. Los pagos se iniciaron tras la reunión entre Coslado y Boi Ruiz, cuando Prat aún presidía el ICS.

 El auto judicial describe con contundencia como “individuos del sector del transporte sanitario han interactuado para conseguir la perpetuación de la posición de aquellos proveedores que ya están asentados y evitar la entrada de nuevos”. Coslado se habría aprovechado de su “particular posición de adjudicatario de diversos lotes” de servicios de transporte sanitario del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) y del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) para llevar a cabo conductas “dignas de reproche penal”. Los tres directivos de Sagessa imputados, por su parte, “hicieron un uso torticero de su posición privilegiada para evitar los controles y fiscalización” en lo que considera “una falta grosera de control del dinero público”.

El juez reprocha la “perversión de la contratación pública hasta hacerla inservible”

Entre las prácticas irregulares destacadas por el juez constan los pagos desde filiales del grupo Sagessa a Ambulebre para transportar pacientes de hemodiálisis y radioterapia al Hospital Comarcal de Amposta y de rehabilitación a una fundación creada por este centro, Fussmont. Todos estos centros están financiados por el CatSalut, que a su vez ya paga a Ambulebre por llevar a cabo ese servicio en las Tierras del Ebro. “Si tales servicios ya están incluidos en el contrato de transporte sanitario adjudicado a Coslado [por el CatSalut], estamos ante una doble facturación por la prestación de un mismo servicio público”, remacha el juez.

La investigación también ha descubierto la existencia de una serie de convenios irregulares que ascenderían a 640.000 euros entre 2010 y 2011 firmados entre Sagessa y Ambulebre para la prestación de servicios. Entre ellas destacan facturas presuntamente hinchadas, como las que Ambulebre cobraba por 10.000 euros mensuales por unos servicios que ahora son prestados por otra empresa a un precio muy inferior; 3.166 euros mensuales. “Una comparación odiosa”, destaca el juez.

Todo ello, concluye el auto, supone “una perversión del sistema de contratación pública, violentando la ley hasta hacerla inservible para los fines del buen uso de los bienes públicos: economía y eficacia”. El auto añade que resulta “particularmente reprobable que se busque el enriquecimiento a través de la comisión de unos hechos presuntamente delictivos [...] en un servicio público vital como el transporte sanitario”.

Las ramificaciones del caso amenazan ahora con extenderse después de que los concejales de ERC en Amposta estudien llevar al Tribunal de Cuentas una adjudicación hecha hace un mes a Ambulebre por 140.000 euros por un procedimiento negociado sin publicidad. El alcalde de Amposta es Manel Ferré (CiU), quien a su vez preside el Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC).

 

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