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Feijóo y Montoro se enfrentan por los embargos a emigrantes retornados

El PP y la Xunta acusan a Hacienda de incumplir el pacto para dejar de multarlos

Protesta ante el Parlamento de emigrantes retornados, el pasado octubre
Protesta ante el Parlamento de emigrantes retornados, el pasado octubre

Pese a que en menos de un mes los emigrantes retornados que cobran pensiones del extranjero y no tributaron aún por ellas podrán quedar libres de multas e intereses de demora, la Agencia Tributaria sigue notificándoles embargos y apremios por esas sanciones. Son procedimientos condenados al fracaso una vez que entre en vigor el 1 de enero la nueva ley tributaria ya aprobada, que contempla la devolución de las multas cobradas hasta entonces. Pero las reclamaciones siguen llegando, asegura el PP gallego, lo que ha provocado un considerable enfado en la Xunta hacia el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que había prometido personalmente parar las sanciones. A su vez, desde la Agencia Tributaria acusan a los populares gallegos de estar “interesados en dar una imagen errónea” de la situación.

 A principios del año pasado la Agencia Tributaria comenzó a multar y exigir intereses de demora a emigrantes retornados que cobran pensiones de otros países y que nunca tributaron aquí por ellas pese a estar obligados. Los afectados se movilizaron y argumentaron que a muchos de ellos se les llegó a informar erróneamente por parte de funcionarios de la Agencia Tributaria de que no tenían que declarar esos ingresos. Tras meses de protestas de los afectados y con un papel de la Xunta y del PP gallego especialmente activo en las negociaciones, el pasado verano el Gobierno, por boca del propio Montoro, accedió a no multarlos, a no pedirles intereses de demora y a devolver las sanciones ya cobradas. La obligación de tributar por esos ingresos no declarados de los últimos años se mantiene, ya que de lo contrario, argumentó siempre el Ejecutivo, los emigrantes que sí los declararon estarían siendo discriminados.

Para regularizar la situación, en enero se abrirá un proceso extraordinario de seis meses ya aprobado por ley en el que los que aún no hayan tributado podrán hacerlo sin penalización y en el que los ya sancionados podrán reclamar la devolución de las multas y los intereses de demora. Pese a ello, los afectados siguen recibiendo apremios y embargos, según dice haber constatado el PP gallego. Lo criticó la conselleira de Facenda, Elena Muñoz, en el Parlamento de Galicia el 26 de noviembre y reveló entonces el envío de una carta de protesta del presidente, Alberto Núñez Feijóo, al ministro Montoro. No sirvió de nada, critica el PP, y el pasado jueves el diputado popular en la Cámara autonómica Aurelio Núñez Centeno volvía a destacar, en una nota pública, que “no es de recibo que se proceda al embargo de bienes como consecuencia de la falta de pago de intereses, recargas o sanciones, cuando se van a devolver”. Tras la protesta de Feijóo, y pese a ella, las notificaciones siguen llegando, insiste la dirección del PP gallego y confirma la Xunta.

La visión en la Agencia Tributaria es distinta. Un portavoz niega que se estén tramitando nuevas multas y asegura que solo se detectaron “dos casos puntuales”, notificaciones “residuales” de procedimientos que “ya estaban lanzados”. Por ello, pide a los posibles afectados que acudan a una oficina de Hacienda ya que “si cabe paralizar el embargo, se hará”. Pero la Agencia Tributaria insiste en que no debería haber nuevos procedimientos sancionadores porque “se dio orden de parar”, en referencia al pacto alcanzado entre Montoro y Feijóo. “No sé quién puede estar interesado en dar una imagen errónea”, dice el mismo portavoz, mostrando luego su sorpresa al conocer que es el PP gallego el que lo hace. El partido, por su parte, no ha divulgado las pruebas que dice tener, pero la Consellería de Facenda ratifica que es cierto que se están comunicando nuevas sanciones y embargos.

Las protestas del PP gallego amenazan además con continuar una vez que, a partir del 1 de enero, Hacienda comience a devolver lo cobrado hasta el momento. Los populares presionan ahora para que el Gobierno reintegre de oficio lo recaudado, sin que los afectados tengan que pedirlo expresamente, como contempla la ley aprobada.

Viejas discrepancias

Tanto en la dirección del PP gallego como en la Xunta se habla de “sorpresa y cabreo” del propio Feijóo con la Agencia Tributaria y con el ministro Montoro, que fue quien asumió en persona corregir la situación de los emigrantes retornados. Pero los enfrentamientos entre ambos no son nuevos. El presidente gallego rebajó simbólicamente el tramo autonómico del IRPF cuando el ministro decía que no había margen para tocar el impuesto sobre la renta. Feijóo también discrepó abiertamente de la reforma de las administraciones locales y de la reforma fiscal propuesta inicialmente por el Gobierno y reclamó a Hacienda que aumentase la capacidad de las comunidades para nombrar nuevos funcionarios más allá del 10% de los que se iban jubilando.

Por parte de Montoro, el ministro reprochó abiertamiente a Galicia que no recurriese al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) que creó el Gobierno central y que optase por seguir financiándose en el mercado, lo que aseguró que le resultaría más caro. Feijóo le contestó que no estaba comprobado que el FLA fuese más barato y le pidió que no intentase “tutelar” a Galicia si esta cumple sus objetivos de déficit.