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El juez abre juicio contra un expresidente de la Generalitat

José Luis Olivas, que presidió Bancaja y fue 'número dos' de Bankia, está acusado de delito fiscal y falsedad documental

El expresidente de la Generalitat y de Bancaja, José Luis Olivas.
El expresidente de la Generalitat y de Bancaja, José Luis Olivas.JORDI VICENT

El expresidente de la Generalitat, de Bancaja y del Banco de Valencia, José Luis Olivas, se sentará en el banquillo acusado de un delito fiscal y de otro de falsedad documental. Junto al exdirigente del PP será juzgado el empresario Vicente Cotino, sobrino del expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino. Ambos han defendido su inocencia en un procedimiento abierto a raíz de un extraño pago de 500.000 euros que Cotino realizó a una sociedad propiedad de Olivas cuando este dirigía uno de los principales grupos financieros españoles. La fiscal ha solicitado para ambos una pena de tres años de cárcel.

El pago, que sumado el IVA ascendió a 580.000 euros, fue consignado como “gasto deducible” por el grupo empresarial de Cotino en el impuesto de sociedades del año 2008. Y ello porque se presentó como el abono de unas teóricas “actividades de gestión y asesoramiento en la venta por Sedesa Inversiones a Endesa de su 25% en Proyectos Eólicos Valencianos”. Según la fiscalía, a quien el titular del juzgado de Instrucción 14 de Valencia ha dado crédito, ese informe “no existió”. Ni Olivas y su empresa tuvieron “intervención alguna” en aquella operación.

El escrito del fiscal añadió el inquietante apunte de que la “causa y finalidad” del pago del empresario -imputado también en el caso Gürtel- al banquero -que tiene abiertas numerosas causas judiciales, como las de Bankia y Banco de Valencia- “se desconoce”.

La ignorancia sobre los motivos de la operación presuntamente enmascarada como asesoría técnica por parte de una empresa prácticamente inactiva (Imarol, SL, propiedad de Olivas y su esposa solo emitió esa factura en el ejercicio 2008) no ha impedido a la Fiscalía y al juez concluir de forma indiciaria que ambos infringieron la ley, dado que el abono de los 580.000 euros “en ningún caso puede ser considerado gasto deducible”. Y que, siendo así, ambos habrían actuado “de acuerdo y con ánimo de defraudar a la Hacienda Pública”.

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Sobre la firma

Ignacio Zafra
Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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