La plataforma pide apoyo a Díaz para lograr la gestión pública de la Mezquita

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, afirmó este viernes en Sevilla que espera que el nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, entienda que se puede “compatibilizar la titularidad pública de la Mezquita-Catedral de Córdoba con la gestión del monumento que realiza la Iglesia”.

Con sus palabras, Díaz apoya las declaraciones del consejero de Turismo, Rafael Rodríguez, quien lamentó el pasado jueves la actitud “fundamentalista” del Cabildo de Córdoba, que está dañando al turismo con su empeño en eliminar la palabra mezquita de toda la información relacionada con el conjunto omeya.

Pero las declaraciones de Díaz, no han contentado a la Plataforma Mezquita-Catedral, Patrimonio de Todos. La asociación ciudadana, creada para impedir que se consolide la inmatriculación (inscripción en el Registro de la Propiedad por primera vez) que el Obispado de Córdoba hizo de la Mezquita en 2006, cree que la presidenta debe pasar de las palabras a la acción. “Dada la magnitud del daño que la Iglesia con su actitud ha ocasionado a la imagen de la ciudad, al turismo y a la economía, le pedimos a la presidenta que intervenga con hechos concretos”, aseguró este viernes Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil y miembro de la plataforma que ya cuenta con 386.000 firmas en apoyo a la demanda de titularidad pública de la Mezquita.

“La Administración competente para exigir al obispo que rectifique su actitud integrista y restaure el nombre, la memoria y la institucionalización del monumento es la Junta; pero aún no se ha manifestado jurídicamente desde que esto comenzó”, afirmó el profesor.

Para la plataforma, Díaz “confunde el uso con la gestión”. “Nosotros estamos de acuerdo en que se respete el uso litúrgico católico del monumento; pero su gestión cultural, arqueológica y turística no puede estar en manos de la Iglesia, tiene que ser pública, profesional y transparente”, añadió.

Según el representante de la Plataforma Mezquita-Catedral, la reforma de la Ley Hipotecaria que inició el exministro Alberto Ruiz-Gallardón y que ha retomado Catalá consolidará todas las inmatriculaciones que, desde 1998, ha realizado la Iglesia amparándose en el artículo 206 de la ley Hipotecaria de 1946. “Desde la plataforma exigimos al Parlamento andaluz y al Congreso de los Diputados que interpongan con urgencia un recurso de inconstitucionalidad contra esa norma porque la reforma de Gallardón es una trampa. El Gobierno de Rajoy ha planteado modificar el artículo 206, algo que convalidaría las miles de inmatriculaciones que la Iglesia ha realizado en toda España e impediría que la norma fuese atacada de inconstitucionalidad (puesto que habría desaparecido); de forma que si se pretende impugnar las inmatriculaciones habría que hacerlo una por una”, explica Rodríguez.