La iniciativa-fraude

Las personas tenemos la capacidad de convertir en bueno lo malo y en malo lo bueno. La iniciativa política registrada por Javier Maroto ejemplifica a la perfección la forma en la que somos capaces de convertir en malo (la xenofobia) algo que en sí mismo es bueno (la solidaridad). Y la reacción que está generando a nivel social es de alto riesgo en términos de convivencia. Es razonable y justo introducir sistemas más eficaces de control en las ayudas sociales, independientemente del origen territorial de quien las cobre, para tratar de evitar el fraude. Pero la iniciativa lanzada por los populares vascos, al menos en los términos en los que se ha planteado, también es un fraude que habría que evitar. Por las formas, no es de recibo que un partido con representación parlamentaria y con capacidad para registrar por sí solo una iniciativa legislativa, se acoja a un instrumento legal creado para ser utilizado por la ciudadanía, como es la Iniciativa Legislativa Popular (ILP).

Entrando en el fondo de la cuestión, si importante es poner medios para atajar el fraude en las ayudas sociales, que lo es, más prioritario debería ser poner en marcha medidas ejecutivas para terminar con el fraude fiscal. El pasado año gastamos en Euskadi en torno a 450 millones entre la Renta de Garantía de Ingresos, el Complemento de Vivienda y las Ayudas de Emergencia social. Suponiendo que el 60% de tales ayudas fuesen fraudulentas (algo muy alejado de la realidad), estaríamos hablando de un fraude de 250 millones. Esta cifra supondría una décima parte del fraude fiscal estimado en Euskadi, que asciende a 2.500 millones.

Hay ingenieros informáticos, profesionales del periodismo o de la abogacía que no llegan a mileuristas"

Más o menos esa cantidad, 2.500 millones, es el presupuesto que destinamos aquí a la Educación. Sería, por tanto, más necesario impulsar una ILP para luchar de forma más eficaz “contra el injusto fraude” fiscal. Efectivamente, no es razonable que haya quienes perciben 800 ó 900 euros al mes sin trabajar, mientras otras personas ganan cantidades similares trabajando 40 horas semanales. El verdadero problema es que en España el sueldo medio bruto mensual es de poco más de 1.600 euros mientras que en Austria es de 2.056, en Alemania de 2.574 y en Dinamarca de 3.739. Todos sabemos que aquí hay ingenieros informáticos, profesionales del periodismo o de la abogacía que no llegan a mileuristas; eso sí tienen la suerte de trabajar. Pongamos el foco ahí, en la verdadera injusticia. Sería ideal que unos cuantos miles de ciudadanos nos juntáramos para presentar una ILP instando a que el sueldo medio bruto de nuestro país esté en la media de la Unión Europea.

En España, según Cáritas, un 20% de nuestros conciudadanos pasa todo el año con unos 7.350 euros, y otro 6% no llega a percibir 3.700. Esto es, una cuarta parte de la población vive en pobreza relativa o severa. Mientras tanto, según otro informe, ahora mismo hay 465.000 españoles ricos, con un patrimonio superior a 790.000 euros; 90.000 ricos más que el año pasado. Impulsar una ILP de erradicación de la pobreza y la desigualdad en nuestro país “para que se posicionen todos los partidos políticos”, sí que sería necesario. Somos muchos a los que nos gustaría saber si Javier Maroto y el PP firmarían alguna de las tres ILP alternativas aquí planteadas. Tampoco estaría de más saber por qué tampoco las impulsan aquellas formaciones políticas que deberían defender con uñas y dientes la justicia social y que, a mi juicio, deberían estar ya presentando nuevas y valientes fórmulas orientadas a la construcción de un nuevo modelo económico y social.

Óscar Rodríguez Vaz: Politólogo y colaborador de Regional Manifiestos Project