Solo PP y PA se niegan a blindar el agua como servicio público

Solo el PP y el PA se han quedado fuera del pacto para blindar el agua como servicio público y dejarlo al margen de las normas del mercado. Tras más de un mes de intensa campaña de una treintena de organizaciones, los foros celebrados en Sevilla y El Puerto de Santa María (Cádiz) consiguieron el respaldo de socialistas, IU, Podemos y UPyD. Además, la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, confirmó durante su participación en el foro la licitación en los próximos meses de 105 actuaciones en infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, depuración y defensa de avenidas programadas.

La dirección federal de PSOE e IU ya lo habían anunciado en Sevilla y a ellos se sumó la eurodiputada de Podemos Teresa Rodríguez a finales de mes en El Puerto de Santa María. El objetivo de todas las formaciones, salvo PP y PA, es desarrollar una normativa que impida la privatización mediante la concesión de servicios de agua a cambio de un canon (una cantidad que adelantan las empresas a los Ayuntamientos) que pagan los usuarios en sus recibos con creces durante décadas sin que tengan otra opción de suministro.

En la mayoría de los países miembros de la Unión Europea, la gestión de los servicios de abastecimiento de agua urbana, alcantarillado y depuración la presta el municipio, considerada la entidad que mejor garantiza el acceso ciudadano a un bien esencial, reconocido como derecho humano.

Sin embargo, en Andalucía la gestión privada, a través de empresas mixtas o privadas, abastece ya al 48% del total de la población. En este sentido, los participantes en el foro reclamaron una ley que prohíba que los cánones concesionales se utilicen para fines distintos a la gestión del agua.

El Foro del Agua reclama garantías del derecho al suministro

Sobre las obras de depuración, el foro lamentó el descenso en el ritmo de licitaciones y defendió, a instancias de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas), la colaboración solo entre entes públicos.

“Es urgente promover un plan en saneamiento y depuración, promover inversiones de 638 millones de euros y crear puestos de trabajo en la construcción y gestión de depuradoras de aguas residuales”, reza una de las conclusiones.

Las ONG y  partidos piden que se prohíban los cortes por impagos

El foro también urgió a poner en marcha el observatorio que debe controlar y supervisar la prestación de servicios en todos los ámbitos, incluida la política tarifaria, regulada, general, transparente y participativa

Pobreza hídrica

Otro de los aspectos fundamentales abordado por el foro e incluido en las conclusiones se refiere a la pobreza hídrica, la incapacidad de los ciudadanos para hacer frente a las facturas para asegurarse un mínimo vital de agua y de las suministradoras para garantizarlo, independientemente de la renta. “Hay que apostar por una estrategia global de derecho universal del agua”, determina el foro en línea con la primera Iniciativa Europea Ciudadana, que aportó millones de firmas de todos los países de la UE para que se regule el acceso a este recurso como derecho humano.

El Parlamento de Andalucía ya apoyó por unanimidad una proposición no de ley impulsada por Aeopas y por la fundación Nueva Cultura del Agua. No obstante, hasta la fecha, no se ha plasmado ninguna medida de protección al ciudadano.

Sí respaldó el foro el anuncio del Ejecutivo andaluz de poner en marcha el decreto de Medidas Extraordinarias y Urgentes para la Inclusión Social, que prevé la aprobación de un plan extraordinario para atender tanto los suministros mínimos vitales (agua y electricidad) como las necesidades urgentes y básicas de personas, familias y colectivos que necesitan una protección especial.

El foro reclamó, además de esta medida, la creación de “un nuevo reglamento de aguas que incluya la prohibición de los cortes y la garantía mínima de entre 60 y 100 litros por persona y día a todos los hogares, incluso en caso de impago, fortalecer las garantías en materia de reclamaciones y apostar por un servicio de atención al ciudadano gratuito".