La Generalitat obliga a 10.000 parados a devolver un mes de ayudas de 2013

El Servicio de Empleo de Cataluña (SOC) comenzó a sancionar hace dos semanas y con más de un año de retraso a miles de parados que no renovaron la demanda de empleo entre mayo y agosto de 2013 y a los que ahora exige que devuelvan el equivalente a un mes de prestación, denunció este jueves UGT. El sindicato estima en 10.000 los afectados y recuerda que muchos de ellos “probablemente ya hayan agotado el paro y no tengan ninguna otra fuente de ingresos”.

Tras un largo conflicto judicial, el Tribunal Constitucional obligó el año pasado al Estado a trasladar al Gobierno catalán, entre otras, la facultad de sancionar en políticas de trabajo. Como consecuencia, la Generalitat asumió el 23 de mayo de 2013 competencias como suspender un mes de prestación a quienes no renovaran en la fecha indicada su demanda de empleo.

Desde entonces, el SOC no comunicó ninguna sanción a los infractores hasta hace pocas semanas, según UGT. El sindicato critica esta actuación tardía, ya que la no renovación de la demanda se dejó de castigar en agosto del año pasado. Los afectados son aquellos que no cumplieron con este requisito entre el 23 de mayo y el 1 de agosto de 2013.

El Departamento de Empresa asegura que no pudo asumir a tiempo esta competencia y que era el Ministerio de Empleo el que debía comunicarle quiénes eran los infractores. Empleo, en cambio, responde que es el SOC el que tiene esta información porque es en sus oficinas donde se renueva la demanda de trabajo. "Este traslado de competencias se ha hecho en todas las comunidades autónomas y en ninguna otra hemos tenido este problema", han afirmado fuentes del ministerio.

El secretario general de UGT en Cataluña, Josep Maria Álvarez, presentó este jueves una queja ante el síndic de Greuges, Rafael Ribó, por considerar que la “actuación de la Administración causa un perjuicio claro y desproporcionado a los afectados, penalizándolos casi dos años después, por un supuesto que ya no es punible”, informó el sindicato en un comunicado.

Fuentes de UGT aseguraron que se trata de personas “vulnerables”, ya que “casi dos años después, la mayoría ha agotado el paro y no puede devolver 800 euros”. El sindicato pide en su escrito al síndic que requiera a la Administración que deje de aplicar a estos casos la normativa anterior. Le solicita que use la nueva —que no castiga esta falta— bajo el principio que dice que las normas administrativas sancionadoras se han de aplicar de forma retroactiva cuando benefician al presunto infractor, según recoge el documento.