El TC admite a trámite el recurso contra el decreto del castellano
La normativa obliga a pagar la escolarización bilingüe en una escuela privada
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso interpuesto por la Generalitat en contra del decreto del Gobierno central que blinda la escolarización en castellano en Cataluña. Según la normativa, que forma parte de la Ley Orgánica de Mejora de Calidad Educativa (LOMCE), si una familia pide que su hijo se eduque en una escuela donde las dos lenguas cooficiales sean vehiculares, la Generalitat está obligada a dar respuesta, aunque sea en una escuela privada. En este caso, los costes de la escolarización irán a cargo de la Administración catalana. Pese a la aceptación del recurso, el decreto no queda suspendido cautelarmente.
Desde que el ministro Wert anunció su intención de blindar la escolarización en castellano, la Generalitat se ha opuesto frontalmente. En el decreto que lo regula se especifica que el coste de la plaza a la escuela privada es de unos 6.000 euros anuales, una cifra que se puede revisar en años posteriores, y que para acceder se tiene que solicitar en oficinas del Gobierno central o a través del web del ministerio.
El Departamento de Enseñanza, dirigido por Irene Rigau, decidió recorrer contra el decreto alegando, principalmente, que vulnera las competencias autonómicas, entre las cuales hay la autonomía financiera, puesto que es la Administración central la que está regulando sobre aspectos que inciden directamente en las arcas catalanas.
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