Català prosigue su proyecto lingüístico sin lograr consenso

El curso 2015-16 comenzará a aplicarse en el primer ciclo de la enseñanza primaria el modelo plurilingüe implantado por el Consell en la Comunidad Valenciana. La Consejería de Educación ha acelerado por ello la tramitación de la normativa que regulará el procedimiento de autorización de los proyectos lingüísticos de cada centro. Con dos posibles opciones: Programa Plurilingüe de Enseñanza en Castellano (PPEV), con este como lengua base, y Programa Plurilingüe d’Ensenyament en Valencià (PPEC), con el valenciano como lengua base del centro.

 La orden que desarrolla esta normativa, que ayer pasó por la mesa sindical de educación, se enfrenta al rechazo de la mayoría de los sindicatos, de Escola Valenciana —entidad que asistió como invitada— y de la Gonzalo Anaya, la confederación de padres y madres mayoritaria en la enseñanza pública.

Regula un sondeo sobre la lengua de cada centro que solo afecta a los públicos

La “preceptiva” consulta para “determinar la lengua o lenguas base de un centro” ha sido el foco central de las críticas. por más que el departamento que dirige María José Català, se escude en “el derecho a decidir de las familias” que preside el discurso del Partido Popular. Esa consulta, sin embargo, no es preceptiva para los centros concertados, donde, recalcan desde Educación, “el titular determina la lengua base”. Y en los públicos, será la Administración quien decida el proyecto lingüístico independientemente del resultado de la consulta.

Organizaciones docentes y familiares también critican otra disposición que “obliga a todos los centros educativos de todas las etapas con programas de enseñanza en valenciano”, en referencia a los todavía vigentes PEV (enseñanza en valenciano) y PIL (inmersión lingüística), “a incorporar una asignatura en castellano, según denunciaba el sindicato mayoritario STEPV. La consejería argumenta que es para “cumplir con la LOMCE” hasta que se adapten al sistema plurilingüe, que, de momento, en 2015-16, solo se implantará en primero de Primaria. El STEPV replica que “no es cierto” que obligue a ello la LOMCE, y “menos en etapas y cursos en que no se aplica todavía esta ley”.

La consulta para determinar la lengua base de cada centro y, por tanto, el programa lingüístico correspondiente, en castellano o valenciano, “se realizará por medios telemáticos”, según la innovación introducida por la consejería en la orden de plurilingüismo, respecto al borrador que ya fue rechazado en la mesa técnica sindical de febrero de 2014. La dirección del centro deberá facilitar “ordenador con conexión a Internet” a los representantes legales del alumnado que “no dispongan de los medios electrónicos necesarios”.

Escola Valenciana calificaba en un comunicado de “estafa” el procedimiento, porque la consulta “no está consensuada con la comunidad educativa, porque no es vinculante, porque se pregunta solo a las familias que tienen los hijos matriculados en los centros” y porque “no se tiene en cuenta la solicitud de admisión del alumnado de tres años”. El presidente de la entidad, Vicent Moreno, proclamaba “el derecho de las familias a elegir el programa lingüístico en que quieren que estudien sus hijos e hijas”, pero puntualizaba que “eso se debe conseguir durante el período de matriculación”.

Insta a añadir una materia en castellano en los programas en valenciano

Desde la Confederación Gonzalo Anaya reiteraban su postura: “La mejor manera de expresar la opción lingüística para las familias es el impreso de matrícula”. La polémica orden de desarrollo plurilingüe no ha pasado por la Mesa de padres. CC OO recordaba la “unanimidad” para “exigir el aplazamiento de la negociación sobre programas plurilingües”. CSIF pedía, en todo caso, que la consulta fuera vinculante. UGT negaba el consenso en el que la Consejería se justificaba respecto al decreto de plurilingüismo de 2012.

La Acadèmia Valenciana de la Llengua también hizo llegar en su día al Consell su juicio sobre una consulta que “no tiene sentido” porque “priva a los padres y madres de los niños que comienzan los estudios en un centro [los que se matriculan en Infantil] de participar y pronunciarse sobre el derecho que tienen reconocido en una ley orgánica”.