El TSJA y la Junta cuestionan la forma de instruir de la juez Alaya

El consejero de Justicia, Emilio Llera, se ha sumado este lunes al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJA), Lorenzo del Río, al cuestionar de manera indirecta la forma de instruir de la juez Mercedes Alaya tanto en la causa de los cursos de formación como en el caso Betis. La censura de Llera fue sutil porque respondió de manera genérica sobre la actuación de los jueces instructores en una entrevista con la Cadena Ser. Es decir, el consejero y fiscal en excedencia respondió sin acusar directamente a Alaya de instruir de manera negligente, pero Llera había sido preguntado en concreto por la actuación de la magistrada al designar como administrador judicial del club de fútbol a Francisco Estepa, abogado que había defendido a su marido, el auditor Jorge Castro, en el caso de los Laboratorios Pérez Giménez para el que ambos ejercieron como administradores concursales.

“El juez tiene que valerse de peritos absolutamente imparciales y no peritos que sean de su confianza por su relación personal y mucho menos intentar enriquecer a familiares o amigos de familiares otorgándoles la posibilidad de actuar como un perito. Eso es muy lógico y desde luego cabe la recusación de cualquier juez que haga eso. Yo espero que si se da esa situación, ante la recusación responda un tribunal superior y acuerde la recusación de ese juez”, declaró Llera.

El enfrentamiento de la Junta con Alaya viene de lejos, hasta el punto de que el Gobierno ha pedido recientemente apartar a la juez de la causa de los cursos de formación por vulnerar “normas procesales” y convertir el caso en una “causa general” que prohíbe la ley. Sin embargo, el consejero se ha referido al nombramiento de Estepa sin citarle, y ha mencionado la posibilidad de recusar a la juez por parte del ex consejero delegado del Betis Manuel Ruiz de Lopera, situación que de momento no ha sido planteada por su defensa. Llera fue más allá y dijo que si se daba esa circunstancia —la recusación “de ese juez”—, esperaba que la Audiencia pertinente decidiera recusarle por las supuestas irregularidades.

La respuesta de Llera vino a colación de las declaraciones del presidente del TSJA, que el día antes había mencionado la posibilidad de la recusación, al darse situaciones que pusieran en duda la imparcialidad del juez instructor. Alaya ha sido recusada en diversas ocasiones, pero ninguna de ellas ha prosperado, incluida la primera en el caso Mercasevilla por la auditoría de su marido, que fue apoyada por la Fiscalía de Sevilla. “Está claro que un juez no puede designar a familiares o amigos en las causas que tramita en el juzgado”, opinó Del Río.

Al respecto, Alaya había salido en defensa de su marido y descartó la queja de Lopera sobre el nombramiento de Estepa. “Sobre la imaginada relación del actual administrador judicial con el entorno familiar cercano de esta proveyente, basada nuevamente en bulos periodísticos (...)”. Sobre esta polémica, el administrador judicial del Betis ha defendido este lunes su gestión al frente del club —“no he tenido ni tengo interés directo ni indirecto en la causa judicial”. Pero, a continuación, ha admitido su vinculación “exclusivamente de tipo profesional” con el marido de Alaya y con el abogado de Lopera, José María Calero, en el caso de Laboratorios Pérez Giménez.

En paralelo, el presidente del TSJA había criticado el inicio de la causa de los cursos de formación por parte de Alaya, después de que el testigo protegido del caso, Teodoro Montes, admitiera que había acudido al juzgado y ahí le mandaron a la Guardia Civil, que posteriormente presentó un oficio ante la juez Alaya. De este modo, al evitar presentar el testimonio de Montes para reparto entre los jueces o al Juzgado de Instrucción 4 de Sevilla, que ya había archivado dicha denuncia del funcionario de la Junta años atrás, se podría haber vulnerado el derecho al juez natural predeterminado por ley. “No es el procedimiento normal”, opinó Del Río sobre el origen de la instrucción que ha abierto Alaya.