Los jueces sustitutos demandan al CGPJ por vulnerar sus derechos

El exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha convertido a los jueces sustitutos en una especie en peligro de extinción. Una ley aprobada por él hace dos años ha expulsado de las listas a una tercera parte de esos jueces y magistrados, que ahora son un millar en toda España y cerca de 200 en Cataluña. De éstos, “solo unos 50 están trabajando”, detalló ayer Fruitós Richarte, uno de sus portavoces.

Esperábamos que se cambiara el acceso a la carrera judicial. No ha servido de nada Fruitós Richarte

La precariedad les ha hecho reaccionar: 18 jueces sustitutos y magistrados suplentes han presentado una demanda contra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al considerarse “víctimas de una grave situación de vulneración de derechos laborales y discriminación”, según el Colectivo Ronda, que les asesora. El Tribunal Supremo ya ha admitido a trámite la demanda, que pide “la equiparación de su estatus profesional” con el de los jueces titulares. La ley de Gallardón, razonan los jueces, vulnera la normativa comunitaria y, al poner trabas a la presencia de suplentes, ha “agravado de forma notable el colapso de los juzgados”. En 2012, de hecho, los sustitutos representaban el 20% de la planta judicial española y dictaban el 30% de las sentencias.

Los jueces eventuales han ejercido su trabajo “en condiciones de extrema precaridad” y con una “permanente conculcación de derechos laborales”, subraya el bufete. Se les aplica, por ejemplo, el mismo régimen de incompatibilidades que a los sustitutos. A pesar de que están durante largo tiempo sin trabajar, no pueden dedicarse a otras actividades profesionales, salvo la docencia. Deben tener, además, “absoluta disponibilidad” para cubrir una plaza en cualquier órgano judicial. Y solo se les da de alta en la Seguridad Social los días que trabajan. Tampoco pueden abandonar la bolsa de trabajo donde se inscriben para cubrir ausencias; si lo hacen, quedan fuera sin ningún derecho ni indemnización, a pesar de que algunos acumulan más de diez años de experiencia.

Los jueces eventuales han ejercido “en extrema precaridad”

La discriminación, recuerda el Colectivo Ronda, también se da en las retribuciones. Para pagarles, el CGPJ no calcula los días que dedican a estudiar los asuntos, a redactar las resoluciones o a deliberar. Tampoco cobran por antigüedad. Su situación es una “evidente y grosera vulneración de la directiva comunitaria” que limita la contratación eventual y prohíbe las situaciones de discriminación entre profesionales que realizan la misma tarea. El Parlamento catalán ha aprobado tres mociones en apoyo del colectivo de jueces sustitutos. Y la Comisión Europea ha pedido al comisario de Asuntos Sociales que analice si España vulnera la directiva.

“Todos estos años no hemos protestado porque esperábamos que se cambiara el método de acceso a la carrera judicial. Y no ha servido de nada. Llegó Gallardón y lo echó todo por tierra”, lamenta Richarte, que apenas ha podido trabajar durante cuatro de los últimos 12 meses.