Plataformas de dependencia alegan contra la modificación del copago

Dos de las organizaciones que aglutinan a las plataformas de personas con Dependencia en la Comunidad Valenciana han presentado este lunes alegaciones contra la modificación del decreto del copago que lo transformará en una tasa porque consideran que se crea "una situación de inseguridad jurídica con riesgo de desigualdad" respecto de los ciudadanos a quienes no se ha impuesto dicha participación. La Coordinadora de personas con discapacidad y dependencia y la Plataforma en defensa de la Llei de Dependència han entregado a la Consejería de Bienestar Social 12 páginas de alegaciones para tratar de frenar un copago cuya anulación por sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano no ha conseguido parar.

El pasado mes de octubre los tribunales declaraban nulo el decreto del Consell por el que se establecía la "participación" de los usuarios en el pago de los servicios sociales destinados a personas con discapacidad y dependencia. Este copago, legislado bajo un sistema de precios públicos, se consideró nulo por cuestiones formales y los tribunales exigieron que fuese regulado como tasa. La Consejería de Bienestar Social anunció que acataría la sentencia y que, además, la recurriría, con lo que el sistema de copago continúa intacto hasta que se resuelva el conflicto.

La portavoz de las dos plataformas en defensa de la Ley de Dependencia, Palmira Castellano, ha criticado que la Generalitat vaya a presentar al Supremo un recurso de casación contra la sentencia del TSJ "y encima de recurrir, pretenda poner unas tasas para que siga recayendo parte del peso de los recortes en un sector tan débil como el de la dependencia y la discapacidad".

La orden que regula los requisitos y condiciones de acceso al programa de atención a las personas y a sus familias introduce unas "mínimas pero trascendentes variaciones" en la manera en que es los valencianos usuarios del sistema deben contribuir al sostenimiento de los gastos públicos y es además "ilegal", según Castellano.

El copago en la Comunidad Valenciana se reguló tras la decisión adoptada en la reunión del Consejo Interterritorial de Dependencia (organismo que reúne al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las comunidades autónomas) que tuvo lugar en julio de 2012. En este encuentro, cuyas decisiones no tienen rango normativo, se sentaron las bases para fijar unos criterios comunes de aportación económica por parte de los beneficiarios de las ayudas del sistema de dependencia. Desde entonces, sin esperar a la aprobación de la normativa estatal que debe desarrollar el acuerdo, distintas autonomías se lanzaron a aplicar el copago. Una de las primeras fue la Comunidad Valenciana.

La portavoz de las plataformas, Palmira Castellano, ha explicado que "las comunidades no se han basado en las disposiciones nacionales --de la Ley de Dependencia--", sino en las resoluciones adoptadas "por un Comité Interterritorial". Castellano ha asegurado que las normas que regulan el copago en las comunidades autónomas "son ilegales porque no están hechas por un organismo superior, sino por uno inferior al de la propia ley" por lo que hasta que no se desarrolle reglamentariamente, las comunidades carecen de competencia para regular por sí mismas aspectos relativos al sistema. Palmira Castellano ha asegurado además que no quieren seguir pagando por tener a sus mayores en residencias sino que sería preferible que se primase la figura del cuidador.

La consejera de Bienestar Social, Asunción Sánchez-Zaplana, anunció que la modificación de la normativa entrará en vigor el 1 de enero de 2015. Las plataformas denuncian que el borrador de estas modificaciones solo ha sido notificado a "determinados grupos u organizaciones representativos de la sociedad y no a otras asociaciones, organizaciones o plataformas implicados en el ámbito social de la dependencia".

La Coordinadora de personas con discapacidad y dependencia y ha Plataforma en defensa de la Llei de Dependència, han expresado su "repulsa a la "nefasta gestión" de la Consejería "actuando en connivencia y complicidad con el resto del Consell del PP en la Comunidad Valenciana, demostrando actuar a espaldas de los ciudadanos aplicando medidas de recortes, repagos-copagos y limitaciones de derechos de las personas en situación de discapacidad".