Los condenados del ‘caso Hacienda’, a prisión por “alarma social”

Lo tenían todo a favor para seguir siendo hombres libres. Aunque fueron condenados por el caso Hacienda —uno de los grandes escándalos de corrupción en Cataluña— el Tribunal Supremo les dio el mejor regalo: una notable rebaja de sus penas de prisión, que quedaron en torno a los dos años. A partir de ese umbral, la mayoría de condenados se libran (si no tienen antecedentes) de la celda. Pero los implicados en el caso Hacienda han topado con la Sección Novena de la Audiencia de Barcelona, que ve apropiado enviarles a prisión por haber creado una “inmensa alarma social” y haber provocado, con sus actos, el “descrédito de las instituciones democráticas”.

Los magistrados han repetido con otros cinco condenados por el millonario fraude la decisión que ya tomaron respecto al constructor y expresidente del Barça, Josep Lluís Núñez, y su hijo hace dos semanas: han rechazado su petición para suspender la ejecución de la pena. Los inspectores de la Agencia Tributaria Álvaro Pernas y Roger Bergua; el empresario Eduardo Bueno y su mano derecha, Francisco Colomar; y el contable de Núñez, Salvador Sánchez, están a un solo paso de ingresar en prisión. Igual que en el caso de Núñez, ya solo les queda un último recurso, el de súplica —ante el mismo tribunal y, por tanto, con muchas posibilidades de ser desestimado— antes de entrar en la cárcel.

Los autos que confirman el ingreso en prisión, redactados por el magistrado José María Torras Coll, son demoledores: las conductas de inspectores, empresarios y asesores fueron “gravísimas en términos de repercusión institucional y social”. Inducir a los funcionarios a “corromperse y traicionar su deber” para obtener ventajas fiscales produce en la sociedad “indignación, repulsa y hasta asqueo ante el constante goteo de corrupción”.

Entre los implicados hay dos inspectores de Hacienda y un empresario

La Audiencia se hace eco del panorama de crisis y corrupción que azota a España: “Asistimos a un proceso histórico, puede que sin precedentes, de profunda revisión social en el que la ciudadanía clama por las demandas sociales” y exige “que se depuren responsabilidades y se sancione con ejemplaridad a los culpables”. Actuar de otro modo, señalan, generaría sensación de “impunidad” ante “conductas de corrupción que han alcanzado dimensiones profundas en la sociedad española” y que pueden “socavar los principios básicos” de la democracia. Los magistrados recuerdan que suspender una pena inferior a dos años no es “imperativo, ni automático, ni obligatorio”.

El Tribunal Supremo condenó a penas de prisión a once personas por participar en una trama que sobornó a inspectores de Hacienda para que hicieran la vista gorda con las revisiones. Los empresarios lograron defraudar al erario público unos 13 millones de euros. De esos once, tres han ingresado en prisión: el exjefe de la inspección de Hacienda en Cataluña, Josep Maria Huguet —condenado a la pena más alta, seis años y diez meses—; el inspector Manuel Abella —seis años y medio— y el abogado Juan José Folchi, que ya está en libertad. Otros siete (incluido Núñez) están a un solo paso de la celda. Solo a uno, el asesor fiscal Juan Antonio Sánchez, le ha sido concedida la suspensión, aunque fue condenado solo a dos meses de prisión.

El constructor y expresidente del Barça recuerda a los jueces que tiene 83 años

El empresario Bueno —que llegó a ser candidato de la extinta Alianza Popular— y su asesor Colomar fueron condenados a un año y ocho meses de cárcel por falsedad. Bergua, el inspector, a dos años por cohecho. Los jueces critican que se “vendiera” a los empresarios a cambio de dádivas y viajes. En cuanto a Pernas —también condenado a dos años por el mismo delito— la resolución recuerda que tiene antecedentes “por hechos coetáneos”, por lo que además de la “alarma social” confluyen “poderosas razones de prevención general”. Los magistrados señalan que “traicionó de forma reiterada” su deber “de la forma más grave posible, poniéndose a la venta, por precio, aceptando sobornos”.

El expresidente del Barça, por su parte, ya ha presentado el recurso de súplica ante la Audiencia de Barcelona, que rechazó suspender su ingreso en prisión ante la previsión de que no va a obtener el indulto que ha solicitado al Gobierno de Mariano Rajoy. Los abogados de Núñez creen que esa decisión “lesiona” sus derechos y critica que la Audiencia de Barcelona vaticine sin indicios una medida de gracia que solo compete al Ejecutivo. “No se puede considerar razonablemente desvanecida” la petición de indulto, dice el escrito, porque ni siquiera se conocen aún los informes no vinculantes de distintos organismos. La decisión, recuerdan, puede estar al caer, por lo que ordenar ahora el ingreso en prisión de Núñez podría causarle un “perjuicio irreparable”.

En su auto, los magistrados cargaron contra la existencia del indulto por anacrónico y arbitrario. Los defensores del constructor critican los “encendidos términos de la diatriba” y recuerdan que, pese a todo, el indulto sigue vigente en España.

Los abogados señalan los motivos por los que, en su opinión, Núñez no debería ir a la cárcel: la “lejanía en el tiempo” de los hechos el caso arrancó en 1999— y el hecho de que está rehabilitado. La condena por el caso Hacienda “es la única que ha sufrido en sus 83 años de vida”. El recurso también cita, de pasada, la “edad y el precario estado de salud” de Núñez.

El escrito ve “improcedente” que la sala se refiera a la “condición del penado” como empresario para “magnificar la gravedad del delito”. Y cree que las alusiones a la “gravedad” de los hechos son “subjetivas” y “contrastan sin duda con la escasa cuantía de la pena impuesta”. En 2011, la Audiencia de Barcelona condenó a Núñez a seis años de cárcel, aunque luego la pena le fue rebajada por el Supremo a dos años y dos meses.