Apertura de juicio contra 16 acusados por la trama de Hacienda en Cataluña

Todos al banquillo. La magistrada Elisabet Castelló ha abierto juicio oral contra 16 personas por la trama de corrupción en la Inspección de Hacienda en Cataluña. Nueve años después de iniciarse la causa, la decisión judicial es el último trámite para que pueda celebrarse el juicio oral. El fiscal y la Abogacía del Estado imputa a los acusados los presuntos delitos de cohecho, falsedad documental, prevaricación, omisión del deber de promover la persecución de delitos y tráfico de influencias.

La juez declina fijar la responsabilidad civil y opta por esperar al juicio

Ahora sólo falta que los abogados presenten sus escritos de defensa en el plazo de tres meses que fija la juez. Posteriormente, el caso se remitirá a la Audiencia de Barcelona para celebrar el juicio en el tribunal que se determine por sorteo, ya que las normas de reparto cambiaron a principios de año.

En el banquillo se sentarán, entre otros, el financiero Javier de la Rosa y José Luis Núñez Clemente, ex presidente del FC Barcelona y al que se juzgará por su actividad como propietario del grupo de empresas constructoras administradas por Seteinsa. El fiscal solicita para ambos penas que suman ocho años de cárcel. Un segundo grupo de inspecciones corruptas afectaron al grupo de empresas de Torras-KIO y un tercero a las que se realizaron a las sociedades de la inmobiliaria Ibusa, presida por Eduardo Bueno, que fue candidato de Alianza Popular a la presidencia de la Generalitat en 1984.

La fiscalía sitúa en la cúpula de la supuesta trama de corrupción a José María Huguet, jefe de la Dependencia Regional de Inspección de Cataluña entre 1985 y 1994, así como a sus subordinados Álvaro Pernas y Manuel Abella, jefes de las unidades regionales de inspección. Las penas que se solicitan en esos casos oscilan entre los 16 y los 22 años de cárcel.

Según la fiscalía, quienes debían velar por el interés público y combatir el fraude aceptaron los sobornos que les ofrecieron quienes debían investigar. "Los corruptos contactos entre los funcionarios y los empresarios" fueron posibles gracias a personas como Juan José Folchi, abogado del Estado en excedencia y pendiente de ingresar en prisión para cumplir una condena firme de tres años y medio de cárcel por desviar 12 millones de euros de los fondos de KIO a una cuenta del diplomático Manuel Prado y Colón de Carvajal.

Folchi era el administrador de Torras Hostench London en 1990 y para corromper a Huguet le abonó 2,4 millones de euros en una cuenta suiza entre 1990 y 1993. Así logró que las inspecciones a los empresarios les fuesen favorables, según la fiscalía. Ernesto de Aguiar, que también ocupaba un cargo directivo en la Inspección de Hacienda, recibió esa misma cantidad de dinero, aunque acabó exculpado por el Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona porque cuando cobró ya no era funcionario. Huguet, como Aguiar, habían sido designados por José Borrell cuando era secretario de Estado de Hacienda, lo que le llevó a dimitir en su carrera a la presidencia del Gobierno tras ganar las primarias en el PSOE a Joaquín Almunia.

Otros inspectores acusados, como José Lucas Carrasco y los ya citados Abella y Bergua, compraron pisos y otros inmuebles por un precio muy inferior al real a cambio de amañar las inspecciones, según el fiscal.

En su escrito de acusación presentado el pasado mes de noviembre, el fiscal cuantificaba el perjuicio a la Hacienda pública en más de 400 millones de euros y solicitaba que se declarase la responsabilidad civil de las empresas afectadas. La juez dice ahora que es mejor esperar a juicio porque no está claro cuál fue el perjuicio causado a las arcas públicas, ya que los peritos discrepan en la cuantificación.