Una estafa millonaria a olivareros llega a juicio una década después

Más de una década después de que más de 200 olivareros de Jaén y Córdoba denunciasen haber sido objeto de una estafa por valor de 20 millones de euros, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Jaén ha empezado este lunes a juzgar el llamado caso Iniosa, que era el nombre de la aceitera que tenía su sede en Porcuna (Jaén). El juicio, que se prolongará durante al menos 10 días, sienta en el banquillo de los acusados a 18 personas acusadas de los delitos de estafa, alzamiento de bienes, delito societario y contra la Hacienda pública por el que se les piden penas de entre dos y 19 años de prisión.

El caso Iniosa ha puesto de relieve numerosas dilaciones en la Administración de Justicia. La instrucción la inició el Juzgado número 2 de Martos, cuyo titular fue suspendido hasta en dos ocasiones por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por retaso en los procedimientos penales. No fue, por tanto, hasta el año 2006 cuando se activó la instrucción de un caso donde los acusados deben responder de descapitalizar la empresa dejándola sin ningún patrimonio y creando varias sociedades paralelas para eludir el pago a los acreedores. Tal fue el embrollo de este caso que la Guardia Civil, la bautizó como Operación Lío y extendió las investigaciones por cinco provincias españolas.

En la campaña 2001-2002, más de 200 olivareros de municipios de Jaén y Córdoba entregaron 18 millones de kilos de aceituna a la aceitera Iniosa, con sede en Porcuna. Sin embargo, poco después, la empresa se declaró en quiebra y presentó suspensión de pagos, dejando sin pagar una deuda media a cada olivarero perjudicado de unos 60.000 euros. Los afectados interpusieron en mayo de 2003 una querella contra Iniosa y estimaron el fraude en 20 millones, al incluir también la descapitalización de las instalaciones de la firma aceitera. La Guardia Civil acabó concluyendo que se trataba de una compleja trama empresarial creada en el entorno de esta aceitera, cuya finalidad era descapitalizar a la empresa quebrada dejándola sin ningún patrimonio con el que pudiera haber respondido ante sus acreedores. Y el Juzgado intentó seguir la pista del dinero defraudado en paraísos fiscales.

Además de las 18 personas que se sientan en el banquillo, hay casi 200 perjudicados, agrupados en 15 acusaciones particulares. Las defensas de todos ellos han empezado el juicio alegando como cuestiones previas indefensión por introducción de hechos nuevos en los escritos de acusación, y por prescripción de los delitos en algún caso.