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La petición virtual contra el indulto a Carlos Fabra roza las 68.600 firmas

La campaña quiere reunir 75.000 antes de ser remitida al Ministerio de Justicia

Carlos Fabra en la Ciudad de la Justicia de Castellón en 2013.
Carlos Fabra en la Ciudad de la Justicia de Castellón en 2013.ÀNGEL SÁNCHEZ

Cerca de 68.600 personas han firmado ya a través de la plataforma de internet change.org para pedir al Ministerio de Justicia que desestime la petición de indulto al expresidente de la Diputación y del PP de Castellón Carlos Fabra. Solo once días desde su puesta en marcha el pasado 11 de septiembre, la iniciativa, surgida de un particular, había alcanzado más de 63.000 apoyos.

Todavía es posible firmar esta petición, que sumaba este jueves 68.592 apoyos y que pretende sumar otros 6.408 más antes de ser remitida al Ministerio para pedir que no se conceda la medida de gracia que solicitó Carlos Fabra. Este fue condenado por la Audiencia Provincial a cuatro años de prisión y a una multa e indemnización que suman más de 1,4 millones de euros por cuatro delitos fiscales.

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Después de que el Tribunal Supremo rechazara los recursos presentados por las partes, Fabra presentó su petición de indulto —pese a que inicialmente anunció que no lo haría— y el pasado 10 de septiembre la Audiencia Provincial atendió la petición de Fabra de suspender temporalmente su ingreso en prisión mientras el Gobierno se pronuncia sobre la medida de gracia.

La plataforma de internet change.org alberga esta iniciativa de un particular, Rafael Gutiérrez, que explica que solicita la firma para evitar que el Gobierno conceda el indulto a Fabra para que éste "cumpla su pena como cualquier ciudadano", y se dé "un mensaje claro al Gobierno para acabar con este tipo de situaciones en España".

La Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Provincial de Castellón han remitido ya sendos escritos al Ministerio de Justicia pidiendo la no concesión del indulto al exresponsable del PP.

Ahora será el Ministerio el que se debe pronunciarse sobre el indulto y trasladar sus conclusiones al Consejo de Ministros, aunque el pronunciamiento podría demorarse hasta un año, ya que es el plazo máximo para contestar a la solicitud de este tipo de medidas.

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