La Junta recurre para excluir a Alaya de la macrocausa de la formación

Tras el caso ERE, la segunda guerra entre la Junta de Andalucía y la juez Mercedes Alaya se inició este lunes en un nuevo campo de batalla: la macrocausa sobre los cursos de formación. La Junta ha pedido apartar a la magistrada de su nueva investigación abierta en primavera por vulnerar “normas procesales” y convertir el caso en una “causa general” que prohíbe la ley. A continuación, Alaya ha contraatacado y en un auto ha intentado salpicar al Gobierno autónomo por un acuerdo del pasado enero para cerrar tres consorcios escuela vinculados a la formación.

La Junta ha pedido en un recurso la nulidad de actuaciones, lo que implicaría apartar a Alaya de su investigación. El Ejecutivo estima que se podría haber vulnerado el derecho al juez natural predeterminado por ley, lo cual podría dar al traste con la investigación abierta por Alaya, y, para evitarlo, la Junta pide que se anule las diligencias llevadas a cabo hasta ahora.

La razón es que el testigo clave de la formación, el funcionario de la Junta Teodoro Montes, aclaró recientemente que en el verano de 2013 acudió al juzgado de Alaya y allí le indicaron que fuera a la Guardia Civil a denunciar “graves irregularidades” en los cursos de formación subvencionados por el Ejecutivo autónomo. Tras tomarle declaración como testigo a Montes, los agentes presentaron su testimonio ante Alaya, que abrió la causa de la formación. Todo ello sin que el caso fuera a reparto en el decanato de los juzgados, una norma habitual y necesaria por la que cualquier otro juez podría haber iniciado las actuaciones.

La juez reclama un acta del Consejo de Gobierno de la Junta del pasado enero

El recurso de la Junta ante la instructora expone una secuencia de hechos en la que el Gobierno acusa a Alaya y a la Guardia Civil de contravenir diversas normas en la macrocausa de formación, pero sin imputarles de manera explícita haber cometido prevaricación, ni a la magistrada ni a los agentes.

Tras analizar la secuencia de hechos, el gabinete jurídico de la Junta considera que la declaración de Teodoro Montes ante la Guardia Civil en 2013 “no se había practicado en el marco de ningunas diligencias previas”. Los abogados concluyen que tanto las decisiones de Alaya como las de la Guardia Civil “suponen una constante vulneración de normas procesales”, entre otras el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La Junta subraya que Alaya debió haber remitido la denuncia de la Guardia Civil al Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla que investiga al sindicato UGT, o bien remitirlas al decanato para su reparto ordinario, porque la juez no investigaba entonces ninguna causa vinculada a los hechos denunciados por el funcionario. “Lo que no está justificado es que se las quedara para sí”, expone el Gobierno andaluz.

A continuación, la Junta califica la instrucción de Alaya de “prospectiva” y “causa general”, para investigar “absolutamente todos los expedientes de 10 años [de la formación] y más aún los incoados en tiempo futuro y someterlos al juicio de la policía judicial y la Intervención General del Estado”. Todo ello con la intención de “comprobar si de cualquiera de los citados expedientes puede derivarse la comisión de hechos delictivos”, censura el recurso. El Gobierno argumenta que la denuncia de Montes no relataba indicios de delito concretos, sino “irregularidades” expresadas de manera genérica.

Mientras, Alaya ha contraatacado casualmente en la misma mañana al notificar un auto por el que reclama a la Junta el acta del Consejo de Gobierno del pasado 28 de enero por la que acordó la disolución de tres consorcios escuelas: Forman de Málaga, Formades de Almonte (Huelva) y CTI de San Fernando (Cádiz). Es la primera vez que la juez intenta salpicar al Gobierno de la socialista Susana Díaz en la causa de formación.

Además, la juez ha pedido los informes emitidos por la Junta sobre estos consorcios escuelas y la situación de los restantes, así como el contenido íntegro de las actas del Consejo de Viceconsejeros sobre la disolución de dichos convenios. Es decir, las discusiones previas al Consejo de Gobierno del pasado enero. En paralelo, la magistrada da 20 días a la Junta para que emita un informe detallado de todos los expedientes en los que ha intervenido la fundación de la Junta Faffe como “agente externo”.