El Gobierno andaluz publica 10 años de ‘consejillos’

La Junta ha decidido publicar en Internet las actas de las reuniones de los viceconsejeros del Gobierno autónomo, denominadas consejillos, llevadas a cabo entre 2001 y el 18 de octubre de 2012. El Ejecutivo ha acordado levantar el secreto de estas reuniones tras reclamarle la juez Mercedes Alaya el pasado viernes todas las actas de las reuniones entre estos años dentro de las actuaciones del caso de los ERE fraudulentos. La publicación estaba prevista entre esta madrugada y el martes, según el Ejecutivo. En paralelo, la Junta entregará este martes las actas en el juzgado de Alaya.

La Junta ha decidido hacer pública la información tras una reunión presidida por el consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios. En una nota de prensa, el Gobierno andaluz ha anunciado que se levanta el carácter reservado de dichas actas y que se publicarán en la página web de la Junta, “respetando los límites establecidos en la normativa vigente de protección de datos”.

Alaya había pedido dicha documentación con el objetivo de determinar el “conocimiento generalizado” que del supuesto fraude podrían tener “las más altas instancias de la Junta”. La fecha límite marcada no es casual. El 16 de octubre de ese año, la Junta aprobó un decreto por el que regulaba los ERE. Ante este auto de la juez, la Junta ha decidido recurrir pero no por la entrega de las actas, sino por una cuestión formal.

En su recurso, la Administración arguye que el auto de la juez asume que el Ejecutivo carece de competencias para otorgar subvenciones sociolaborales como las concedidas en los ERE. El Ejecutivo considera “inadmisible” que Alaya ignore las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Además, resalta que la juez plantea una “hipotética discusión” sobre el reparto de competencias entre el Estado y el Gobierno andaluz, “que no se ha producido en las relaciones de la Junta con el Estado”, una cuestión que no le corresponde a un juez de instrucción sino al Tribunal Constitucional.

Por último, en el auto, Alaya limita la capacidad de ejercer competencias propias, entiende la Junta, y “criminaliza” la institución y supone una limitación a sus funciones. “Cuestiona no solo al Ejecutivo andaluz, sino también al propio Parlamento de Andalucía”, porque si Alaya tuviera razón, “la comunidad autónoma no tendría competencia ni para dictar decretos ni para dictar leyes”.

En paralelo, Alaya preguntó a la Fiscalía Anticorrupción si la Administración debe ser “expulsada” del caso ERE como parte perjudicada para ser considerada responsable civil subsidiaria. Con esta actuación, la magistrada responde a una solicitud formulada por Manos Limpias el 12 de julio de 2013. Es decir, hace 15 meses que la juez disponía de la petición del sindicato, pero hasta este lunes no le dio curso a la misma. Ahora los fiscales disponen de cinco días para remitir su respuesta.

En el escrito que la juez Alaya ha enviado al ministerio público, el sindicato califica como “inaudito” que, pese a considerarse “perjudicada por un posible ilícito penal”, la Administración andaluza “mantenga una actitud de defensa de los imputados más propia de la parte acusada”. En su argumentación, Manos Limpias aludía a “la fraudulenta trayectoria procesal mantenida por la representación de la Junta” que, según el sindicato, “pone en evidencia su actitud totalmente obstruccionista en la investigación de la presente causa”. Por estas razones, el sindicato defiende que la Junta debe ser considerada “como responsable civil subsidiaria de los delitos que hayan podido cometer los imputados, y que han ostentado cargos de responsabilidad dentro” de la Administración autónoma.