La Generalitat difundió la maqueta de Calatrava que los técnicos rechazaron

La investigación judicial abierta por la contratación de Santiago Calatrava para la construcción del Centro de Convenciones de Castellón entra esta semana en su recta final con las declaraciones del arquitecto y de la ex directora general de Grandes Proyectos, Cristina Morató, ambos imputados. Ya han declarado cinco imputados y tres testigos. De los interrogatorios y los documentos se desprende la escasa diligencia con que la empresa pública Sociedad de Proyectos Temáticos (SPTCV) y la Generalitat abordaron un proyecto en el que la improvisación y las incongruencias parecen estar a la orden del día.

Entre las más llamativas, el uso que la Generalitat hizo de la maqueta del diseño de Calatrava mientras los técnicos y altos cargos de la sociedad mandaban misivas al despacho del proyectista para comunicarle que el proyecto no se ajustaba al encargo. Calatrava entregó el proyecto básico el 4 de noviembre de 2008 y fijó un precio de 100 millones y no los 60 previstos. Desde el 2 de diciembre hasta el 16 de noviembre de 2009 la SPTCV remitió cartas y escritos en los que insistía en que el plan incumplía el contrato e instaban al arquitecto a corregir el sobrecoste. Obviando esto, la Generalitat exhibió la maqueta en enero de 2009 en IFEMA en Madrid y en julio del mismo año en el IV Congreso de Arquitectos celebrado en Valencia.

Esto sirvió de base al despacho del proyectista para amenazar con una demanda por enriquecimiento injusto al usar un proyecto que, en teoría, rechazaba.

El director técnico de la sociedad Javier de Diego (imputado) alertó desde el principio de que el contrato firmado carecía de las premisas básicas como definir claramente un programa de necesidades que fijara los usos y superficies de la obra. El técnico avisó de que esa era “la mejor forma de administrar correctamente la dotación de 60 millones y evitar imprevistos”. También señaló que el Ayuntamiento de Castellón no contestaba a sus requerimientos para concretar estos aspectos del proyecto. Hasta advirtió de que el contrato citaba un presupuesto “orientativo”. En el juzgado declaró su perplejidad por que se acabara pagando un proyecto que no cumplía lo establecido.

Ambigüedad

La ambigüedad se extendió hasta la superficie del proyecto. El departamento técnico habla de 17.000 metros cuadrados pero al despacho del arquitecto llegaron otras propuestas de 82.120 y de 42.240 metros. El aumento de superficie fue el argumento usado por Calatrava para disparar el coste de su edificio. La descoordinación entre el consistorio y la SPTCV se antoja evidente.

Pero, además, la Generalitat pudo aceptar tácitamente el desorbitado proyecto el mismo día en que se presentó la maqueta en mayo de 2008. Los abogados del proyectista preguntaron durante los últimos interrogatorios cómo era posible que el Consell rechazara el proyecto si en la misma nota de prensa emitida para aquel día hacían suyos datos que luego rechazaban como el de la superficie a ocupar. El Consell acabó pagando los 2,7 millones de euros del proyecto nunca realizado.