El juez del ‘caso Sant Pau’ investiga el destino del dinero de la fundación

Emilio Vilà Major, titular del Juzgado de Instrucción 22 de Barcelona, ha decidido ampliar las investigaciones sobre la fundación que gestiona el patrimonio del hospital de Sant Pau después de que un informe de la Agencia Tributaria haya puesto en cuestión la gestión de los fondos económicos de la institución. Los inspectores, en un documento fechado el pasado septiembre, hallaron gastos “hinchados” por 11,6 millones de euros en las obras de construcción del nuevo hospital, un 3,8% del coste total financiado por la Generalitat; constataron que la fundación, controlada por la Iglesia, no destina a la actividad sanitaria los ingresos que obtiene por los alquileres del millar de bienes que atesora tras recibirlos como donaciones y legados; y descubrieron un presunto fraude fiscal de 7,3 millones de euros entre 2008 y 2012 en el pago del IVA y del IAE.

En un auto fechado el pasado día 14, el juez accede a la petición del fiscal de requerir a la Seguridad Social el nombre “categoría, retribución y base de cotización” de los empleados de la fundación entre 2009 y 2014. La fiscalía busca así aclarar el destino de los “fondos propios de la fundación” tras constatar “que no se aplican a ningún destino” propio de la asistencia sanitaria, además de considerar “lo elevado de los gastos de personal y las actuaciones externas” de la institución.

El fiscal también pide ampliar la investigación para determinar el destino de dos millones de euros que Sant Pau pagó al Colegio de Médicos de Barcelona para recuperar los derechos de construcción sobre Can Masdeu. Estos derechos sobre la finca —de 38 hectáreas en las faldas de Collserola con una masía— habían sido cedidos en 2000 por Sant Pau a la UTE que ganó la primera fase de las obras del nuevo hospital, formada por las construtoras Emte, OHL y Guinovart.

En el auto, el juez cita “sin perjuicio de lo que resulte de la investigación, el delito de abuso de bien social de los artículos 205, 297 y 296.2” del Código Penal y deja abierta la puerta a entrar en “los supuestos delitos contra la Hacienda Pública”, aunque matiza que no los incluye en el auto al “no constar ninguna ampliación de denuncia” por las partes. La Abogacía del Estado, a la que el juez remitió el informe de la Agencia Tributaria, aún no se ha pronunciado sobre el caso.

El juez, siempre a petición del fiscal, también verá si algunas de las personas dadas de alta en la Seguridad Social por la fundación trabajaban realmente en ella o sus contratos “carecían de contraprestación real y adecuada, deviniendo así contratos de favor”.

El caso Sant Pau, denunciado por el comité de empresa del hospital, ha sido separado en tres piezas. La primera, por la que serán juzgados dos exdirectivos, investigaba supuestos contratos fraudulentos. La segunda, el sobrecoste de las obras del nuevo hospital, fue archivada en primera instancia pese a que el juez detectó irregularidades. Y la tercera, por la que ahora siguen las investigaciones, indaga en las relaciones patrimoniales entre las tres fundaciones que forman el Sant Pau.