El empresario del fraude de los cursos creó una red fantasma por España

El empresario coruñés Gerardo Crespo, imputado, junto a otras seis personas, en una supuesta trama de fraude en cursos para captar subvenciones públicas, creó una red de "sedes fantasma" en todo el territorio español para captar subvenciones públicas, según concluyen los investigadores de la denominada 'Operación Zeta'. Así se recoge en el sumario, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que se señala que, en la mayoría de las asociaciones creadas por Gerardo Crespo, y vinculadas con la discapacidad, "no existen afiliados reales".

"Se compran listados de datos de autónomos por Internet para sumar afiliaciones, se le dota de un engranaje que le da apariencia de legalidad y se crean sedes ficticias por todo el territorio nacional", resumen los investigadores sobre el funcionamiento, entre otras, de la Asociación de Trabajadores de Discapacitados de España (Atrade) que, al igual que Fundefo, Azetanet o AED, presidía Crespo. En concreto, señala que esta asociación contaba con 27 contratos de alquiler de sedes en distintas ciudades españolas. De ellas, en unos casos, no había contrato y, en otros, pagaba 300 euros anuales a otras academias para que el centro figurase como sede de la asociación, según se recoge en el sumario.

Al respecto, los investigadores señalan que constaban "teléfonos y personas de contacto gestionados desde una misma oficina de la nave de Azetanet --empresa de consultoría y formación de Gerardo Crespo con sede en A Coruña--, todo para recaudar fondos a través de subvenciones públicas estatales y autonómicas", recalca. En el sumario, se apunta también a la "falsificación de facturas" para justificar estos alquileres, todo con el objetivo, según insiste, de obtener "representatividad nacional". Como dato, señala que Atrade tenía "12.000 socios", aunque empleados de Crespo, en conversaciones telefónicas intervenidas durante la operación, admiten que este número es "mentira".

Para incrementar las afiliaciones, indican también que "en otras ocasiones se opta por la firma de convenios de colaboración con asociaciones de autónomos de reducido tamaño, dirigidas por amigos o conocidos". Una de estas asociaciones cuenta solo con dos personas dadas de alta en la Seguridad Social, según señalan también los responsables de la investigación. En concreto, apuntan que se trata de la mujer de Crespo y de la persona que tienen como empleada de hogar.

El sumario recoge también, a través de las escuchas telefónicas, los contactos de Crespo con miembros del PP o con responsables de la Consellería de Traballo e Benestar. Así, en base a estas conversaciones, afirman que queda "patente" que el empresario "ha intentando influir en autoridades o funcionarios públicos para conseguir una resolución que le pueda generar un beneficio económico", dice sobre las planes de formación subvencionados y otros programas.

Entre otros casos, cita las conversaciones con personas cercanas al alcalde de A Coruña, Carlos Negreira. "Parece que tras las presiones efectuadas por Gerardo en el Ayuntamiento, se ha dado orden para que en Cultura se le vuelva a invitar a los procedimientos de adjudicación", señalan los investigadores, quien inciden en el "peso" del empresario en el PP. En el caso del Ayuntamiento de A Coruña, fuentes municipales han precisado a Europa Press que este empresario "no ganó ningún concurso entre los años 2012, 2013 y 2014". Por el contrario, han indicado que "sí recibió concursos durante el bipartito". En concreto, han dicho que el importe ascendió "a 170.000 euros".

Asimismo, han indicado, en alusión a las referencias que se hacen en el sumario sobre llamadas y mensajes al entorno del regidor, que "la mayor parte de las llamadas de este empresario fueron para quejarse porque no ganó nada en el Ayuntamiento", han precisado.Solo Fundefo, otra de las empresas vinculadas al empresario coruñés, imputado por un presunto delito continuado de fraude de subvenciones y/o estafa, malversación de caudales públicos y otros delitos conexos, recibió un total de ocho millones de euros de subvenciones públicas en seis años.

En concreto, obtuvo de la Xunta 3,1 millones de euros en "subvenciones/adjudicaciones". A esta cuantía, se suman cantidades recibidas de las comunidades autónomas de Baleares, Comunidad Valenciana, Andalucía, Extremadura, Asturias, Castilla-León, Navarra, Canarias o Madrid "en otros cinco millones" entre 2008 y 2012