Alaya inició el caso de la formación por la denuncia del funcionario

Las dudas sobre el origen de la investigación que la juez Mercedes Alaya inició sobre los cursos de formación de Andalucía se disipan. Aunque la juez justificó la apertura de las diligencias como una derivada del fraude de los ERE, lo cierto es que la causa empezó por la denuncia del funcionario Teodoro Montes, quien el pasado viernes reconoció que acudió a denunciar el caso al juzgado de Alaya y que allí le dijeron que fuera a testificar ante la Guardia Civil.

La propia juez, en un auto dictado el pasado 7 de mayo en la macrocausa de la formación, reconoce que inició la investigación por la denuncia de Montes. “Cabe destacar que las diligencias que se investigan en este juzgado se iniciaron en agosto de 2013, con ocasión de la declaración policial de D. Teodoro Montes Pérez (...) en la que ponía en conocimiento de la Guardia Civil la adjudicación de fondos de formación a los principales agentes sociales”, aseguró Alaya en esta resolución.

Tras la denuncia de Montes ante la Guardia Civil en agosto de 2013, Alaya incoó las diligencias sobre las supuestas irregularidades con los cursos de formación subvencionados por la Junta el 7 de marzo de 2014. A tenor de los datos disponibles, la secuencia de hechos es la siguiente: Montes acude al juzgado de Alaya para denunciar las supuestas irregularidades; allí le dicen que declare ante la Guardia Civil y posteriormente los agentes envían la declaración a Alaya, que inicia una nueva macrocausa supuestamente derivada del fraude de los ERE.

La cuestión es que esta actuación puede haber quebrado el principio del juez natural, ya que la denuncia de Montes ante la Guardia Civil tendría que haber ido al juzgado de guardia para su reparto entre los jueces de instrucción de Sevilla.

El vínculo del caso de los ERE con el de los cursos de formación se difumina aún más teniendo en cuenta que Teodoro Montes negó en sede judicial el nexo que estableció ante la Guardia Civil entre los dos casos. Y la justificación de Alaya para ser la juez instructora competente en el caso está ahora más que en duda.

El auto en el que la magistrada sevillana reconoce que el origen de las pesquisas sobre la formación está en el testimonio de Montes ante la Guardia Civil está relacionado, precisamente, con su intento de acaparar las investigaciones que están realizando otros juzgados de la comunidad sobre este asunto.

En la resolución de mayo, la juez reclamaba a la fiscalía de Málaga las investigaciones que había realizado sobre supuestas irregularidades con las actividades formativas en esta provincia. En total, una docena de juzgados de Andalucía está analizando supuestas irregularidades con los cursos. Los fiscales se han pronunciado en contra de una gran macrocausa sobre la formación como la que está impulsando la juez Alaya.