Barcelona planea eximir del IBI de hospitales y CAP a la Generalitat

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, no ha dudado en los últimos tres años y medio en recurrir constantemente a la caja del Ayuntamiento de Barcelona para desbloquear diferentes proyectos. El alcalde, Xavier Trias, se ha convertido en el gran prestamista de un Gobierno catalán asfixiado económicamente. La predisposición del alcalde de hacer de banquero de la Generalitat se ha convertido en munición que la oposición ha empleado. Por ese motivo, el alcalde celebraba el acuerdo firmado la pasada semana por el que el Ejecutivo catalán se comprometía a devolver “el 100% de la deuda” que arrastra con el Consistorio, aseguran desde ambos lados de la plaza Sant Jaume. A cambio, el Ayuntamiento prepara una modificación tributaria —que deberá ser aprobada por el pleno municipal— para eximir a la Generalitat de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de sus centros sanitarios.

Según consta en el desglose de la deuda tributaria, el Ayuntamiento dejó de ingresar el año pasado más de 2,2 millones de euros por el impago de la Generalitat del IBI de dos hospitales y 14 centros de atención primaria. Por el de la Vall d’Hebron, la Generalitat dejó de pagar 1,32 millones, y 228.000 por el Rovira Virgili, el antiguo hospital militar de Barcelona. Por 14 Centros de Atención Primaria (CAP), el Departamento de Salud no abonó cerca de 700.000 euros.

Salud acumula una deuda de 18 millones de euros con el Consistorio

El desacuerdo por el pago del IBI de los centros sanitarios se remonta, en algunos casos, hasta 1995. La Ley de Haciendas Locales exime del pago de este impuesto a las fincas, pisos y solares de la Iglesia, del Ministerio de Defensa y de los equipamientos sanitarios de titularidad pública. Aunque para que esta exención sea efectiva los Ayuntamientos tienen que recogerlas en sus ordenanzas fiscales.

Barcelona nunca ha incorporado este punto, y el Departamento de Salud acumula una deuda de más de 18 millones de euros con el Consistorio solo por el impago del IBI de centros sanitarios de la ciudad. El grueso de esta deuda proviene del hospital de la Vall d’Hebron, propiedad del Instituto Catalán de la Salud (ICS). La Generalitat no ha pagado el IBI del centro desde 1999, acumulando 11,9 millones de deuda.

Trias consiguió la semana pasada arrancar un acuerdo con la Generalitat en el recogía el compromiso del Gobierno catalán de pagar “toda” la deuda que tiene con el Consistorio, 164 millones de euros. Sin dinero, el Gobierno catalán devolverá la mayor parte con patrimonio (dación en pago) y con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Desde la oposición critican que la cifra reconocida es “mucho más baja”. El PP calcula que la deuda “real” de la Generalitat podría superar los 300 millones.

La Generalitat reconoce en el acuerdo una deuda de 20,7 millones de euros en concepto de impago de tributos al Consistorio, 18 de los cuales por el IBI de centros sanitarios. Para desencallar la operación, Trias alcanzó un pacto favorable a los intereses del Gobierno catalán, que tendrá 10 años para hacer frente a esta partida de la deuda —“con los intereses de demora correspondientes”, señala el texto aprobado por ambas partes—. Además, Trias se compromete a realizar una “modificación de la ordenanza fiscal para incluir una exención fiscal de los centros sanitarios, motivo de las discrepancias”. Este punto, sin embargo, tendrá que pasar por el pleno para su aprobación definitiva, por lo que el gobierno municipal en minoría de CiU se verá obligado a buscar algún aliado que permita desencallar la operación.

Durante estos últimos años, el Gobierno catalán ha sostenido que no le correspondía pagar este impuesto, como ya sucede en otras ciudades como L’Hospitalet, donde la Generalitat no abona el IBI del hospital de Bellvitge, otro de los grandes hospitales del ICS. Aunque, según refleja el documento en el que se detalla la deuda tributaria, el Departamento de Salud sí pagó el IBI de algunos de sus centros sanitarios.

Desde el Ayuntamiento se ha mantenido una posición ambigua sobre esta deuda. La segunda teniente de alcalde y encargada del área económica, Sònia Recacens, dijo en septiembre del pasado año que “la ciudad tiene derecho a cobrar” los 18 millones, pero a su vez ya adelantaba que “tendría su lógica” que las ordenanzas fiscales recogiesen la exención.