Las reclamaciones por cursos de formación se elevan a 19,3 millones

La Junta de Andalucía ha elevado a 19,3 millones de euros la cantidad que reclama a un total de 640 entidades por cursos de formación sin justificar, según informó este jueves en el Parlamento, a petición de PP e IU, el consejero de Educación, Luciano Alonso. Esta cifra supone casi dos millones más que la última aportada el pasado mes de septiembre, cuando las reclamaciones ascendieron a 17.451.211 euros correspondientes a 581 subvenciones.

Según los datos ofrecidos, ya se ha analizado un 60% de los expedientes: 5.153 de los 8.505 que hay entre servicios centrales y delegaciones provinciales. Las subvenciones analizadas van desde 2007 a 2013, años en los que el Gobierno andaluz presupuestó 2.456 millones para la formación para el empleo.

En un mes, Educación ha analizado 788 expedientes más que se encuentran en la siguiente situación: 547 están en requerimiento de información, estudio o en fase de inicio de reintegro; 59 expedientes ya tienen propuesta de resolución definitiva de reintegro, por un importe de 1.923.812 euros, que tendrán que ser devueltos a las arcas públicas; y 182 se han justificado correctamente y una vez cerrada su tramitación administrativa, se han remitido a la Intervención General para su fiscalización, liquidación y abono.

En esta comparecencia, Alonso dio marcha atrás a su compromiso de hacer público el listado con los nombres de las entidades a las que se les reclama el reintegro. En contra de lo afirmado los pasados días 4 y 10 de septiembre, en sede parlamentaria, este jueves sostuvo que no va a facilitar el nombre de los beneficiarios y el motivo de devolución porque “puede conllevar una vulneración de la normativa de protección datos”. Alonso esgrimió un informe emitido en ese sentido por el gabinete jurídico de la Junta.

La portavoz del PP, Teresa Ruiz Sillero, le reprochó con dureza este cambio de posición y le acusó de “mentir” en el Parlamento. “Esto es una estafa, hoy se desdicen, miente el consejero, miente la presidenta de la Junta y todo el Gobierno andaluz” de coalición, le reprochó.

Aunque en otro tono, el portavoz de Izquierda Unida, Ignacio García, tampoco estuvo de acuerdo con que se silencie el nombre de los beneficiarios de ayudas no justificadas “cuando se habla de transparencia sin parar”. Alonso se reafirmó en su decisión de no publicar los nombres, pero se mostró dispuesto a dar la información a los grupos si estos la reclaman. De este modo, la responsabilidad de hacerla pública recaería en los diputados.

Alonso también dribló la petición de Ruiz Sillero para que diera a conocer el expediente de las ayudas recibidas por el exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, imputado por recibir 33,3 millones de ayudas públicas. Dijo que esos expedientes estaban en manos de la juez Mercedes Alaya.

Las resistencias a hacer visible estos datos vienen también del lado de la Confederación de Empresarios de Andalucía que en una carta de su presidente, Javier González de Lara, pide expresamente que no se den para “evitar un daño mayor” ya que las resoluciones definitivas de reintegro “están sujetas a posibles recursos por parte de terceros”.

Alonso informó de que desde el pasado miércoles se han incorporado un interventor “específico” y seis técnicos dedicados en exclusiva a la fiscalización de los expedientes de formación, todos ellos dependientes de la Intervención General. En la revisión están participando 288 personas adscritas a los servicios provinciales y otras 64 que trabajan en los servicios centrales y que fueron contratadas para este fin.

Alonso reiteró que hasta el momento hay un total de 2.550 entidades públicas y privadas a las que se les ha concedido fondos sin que aún hayan justificado el dinero público recibido anteriormente. Es lo que se llama “exceptuación”, lo que no implica que “estén exentas de justificación”, dijo. Ante las afirmaciones de los diputados de que se han beneficiado a entidades del PSOE, el responsable de Educación detalló que hay 615 exceptuaciones de entidades locales gobernadas por todos los partidos. De ellas, 289 son del PSOE; 176, del PP; 39 de Izquierda Unida; y 111 de otras formaciones.

La Junta se ha personado en cinco procedimientos judiciales más como parte afectada por el presunto fraude, por lo que ya lo ha hecho en 11 casos.